Por el 'Conejo' de las FARC en La Guajira, Procuraduría abre investigación al mindefensa y cúpula militar

La presencia del Secretariado de las FARC en Conejo (La Guajira) generó las primeras consecuencias disciplinarias. Para el Ministerio Público, es abiertamente ilegal ordenar la salida de las Fuerzas Militares de cualquier lugar del territorio nacional, de ahí la decisión del procurador Alejandro Ordóñez de abrir investigación formal a todo el alto mando castrense.

Por eso, el organismo de control le abrió proceso al ministro de defensa, Luis Carlos Villegas; al comandante general de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán; al comandante general del Ejército Nacional, general Alberto José Mejía Ferrero; al comandante de la Primera División del Ejército, general Jorge Enrique Navarrete Jadet; al comandante de la Décima Brigada Blindada del Ejército, general Pablo Alfonso Bonilla Vásquez; al comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No.2, teniente coronel Iván Orlando González Villamil, y al comandante del Batallón de Artillería de Campaña No. 10, teniente coronel William Alfonso Chávez Vargas.

El 18 de febrero pasado las redes sociales estuvieron llenas con fotografías de integrantes del secretariado de las FARC acompañados de subalternos armados, estaban mezclados con la población civil en un corregimiento de La Guajira.

La evidencia de que el grupo armado estuvo en la región sin la presencia de la fuerza pública generó aireadas reacciones de la oposición y de la Procuraduría. Unos y otros reclamaron saber quién es el responsable de que las FARC hubiesen hecho presencia en la zona sin restricción alguna.

Horas después el jefe el equipo negociador, Humberto de la Calle, admitió que el Gobierno había autorizado a los jefes guerrilleros a trasladarse a territorio colombiano para liderar tareas pedagógicas del proceso de paz en diálogo con sus tropas armadas. Sin embargo, denunció que los insurgentes violaron ese voto de confianza, al ejercer actividades de proselitismo político a los lugares que fueron trasladadas. La situación se puso tan dramática, que el presidente Juan Manuel Santos ordenó suspender los permisos para seguir adelantando esas actividades y lanzó un ultimátum a las FARC.

Desde el principio, el procurador Ordóñez efectuó las críticas más agudas. Para él, existía la sospecha de que la presencia de las FARC en esa zona había sido precedida por órdenes de despeje como las que impartieron en el Caguán, donde el gobierno del expresidente Andrés Pastrana buscó concretar una salida negociada al conflicto armado. De ahí la decisión de la entidad de ordenar la apertura de una investigación formal. 

La medida de la entidad busca establecer si el jefe de la cartera de Defensa impartió directrices para ordenar un despeje de la zona. Es decir, si hubo una actitud deliberada para que la fuerza pública abandonara el lugar donde estuvieron presentes ‘Iván Márquez‘, ‘Joaquín Gómez‘ y ‘Jesús Santrich‘.

Por eso, el organismo de control disciplinario pretende establecer si el Ejército y la Policía abandonaron la zona de Conejo donde tuvo lugar la reunión de integrantes de las FARC con la población civil, en desconocimiento de la Ley 418 de 1997 (artículo 8), que impide expresamente el despeje.

Además, para establecer las probables consecuencias negativas de la salida  de las autoridades policivas y militares de esos territorios, busca determinar si la población fue víctima de abusos u hostigamientos de parte del personal de la guerrilla.

El procurador Alejandro Ordóñez quiere que se le precise si es cierto que las FARC ingresaron a una escuela con estudiantes de esa misma región, lo cual constituiría una grave infracción al derecho internacional humanitario, comprometiendo también los deberes de la fuerza pública.

"Eso fue un ‘caguancito‘", dijo el procurador días antes de darle a conocer al país esta noticia, lo que refleja que, para él, es casi un hecho que detrás de estos acontecimientos hay detrás una falta al Código Disciplinario.