PRONTA JUSTICIA

Desde el comienzo todo fue muy confuso. Cuando el pasado 6 de julio de 1989 las Fuerzas Especiales Urbanas adelantaron un operativo en el edificio Altos del Portal al norte de Bogotá, nadie supo a ciencia cierta qué había pasado. Una llamada de un ciudadano anónimo alertó sobre la presencia de varios hombres armados en el apartamento 805 de dicho edificio y de inmediato se puso en marcha un operativo militar que terminó en la muerte de cuatro presuntos delincuentes y en uno de los consejos verbales de guerra más sonados de los últimos tiempos, en el que fueron condenados siete miembros de las Fuerzas Armadas.
En efecto, el día de los hechos todo pareció extraño. Las primeras informaciones hablaron de un ataque a la casa del embajador de los Estados Unidos, cercana al edificio Altos del Portal. Otros hablaron de una operación antinarcóticos y finalmente también se dijo que se trataba de un enfrentamiento con miembros del grupo guerrillero EPL. Cualquiera de las anteriores hipótesis podría haber quedado como la verdadera si no es porque finalizando el operativo un hombre descamisado apareció gritando por una de las ventanas del edificio. Se trataba de Angel Custodio Gaitán Mahecha, un comerciante en esmeraldas .
Al día siguiente, en su primera indagatoria, el sobreviviente comenzó a hablar de que la operación había sido ordenada por José Gonzalo Rodriguez Gacha para acabar con su vida y que se enmarcaba dentro de la guerra a muerte que El Mexicano sostenía con algunos comerciantes en esmeraldas de Boyacá.
Dentro de las diligencias que se adelantaron, se llamó a rendir indagatoria al capitán de la Infantería de Marina, Gustavo Rojas Moreno -comandante del operativo-, al capitán del Ejército Jorge Coy Núñez y a otros suboficiales y oficiales que participaron en los hechos. En un comienzo todo parecía indicar que las Fuerzas Especiales habían actuado dentro de la ley. Pero a medida que avanzaron las diligencias se fueron detectando contradicciones y fisuras en las declaraciones. Todo explotó el pasado 7 de diciembre cuando el teniente de la Policía Wilson Aparicio Chacón, afirmó ante las autoridades que el ciudadano Jorge Humberto Seón Rubiano había sido asesinado a sangre fría por el capitán Coy Núñez. De acuerdo con las declaraciones de Aparicio, León Rubiano fue sacado vivo e indefenso del apartamento 805 y llevado al 804 (para el que no tenían orden de allanamiento las Fuerzas Especiales) y obligado a tenderse boca abajo, mientras que el cabo de Infantería de Marina,Raúl Gerardo Peña Torres, lo custodiaba. En esas de acuerdo con lo declarado por el teniente Sandoval, entró el capitán Coy al apartamento y tras insultar al detenido, lo hizo poner boca arriba y disparó un tiro de fusil Galil en el pómulo izquierdo.
Con esta papa caliente entre las manos no quedaba otra salida que adelantar un Consejo Verbal de Guerra. La fiscalía, en manos del general Farouk Yanine Díaz, se dedicó a recopilar todas las pruebas conseguidas por los jueces que adelantaron la investigación y a descubrir en ellas el sinnúmero de contradicciones en que cayeron los miembros de las Fuerzas Especiales. Fueron llamados a juicio el capitán Rojas Romero, por homicidio agravado y violación de habitación ajena por empleado oficial; el capitán Coy Núñez, por homicidio agravado, hurto calificado y violación de habitación ajena por empleado oficial; el sargento segundo del Ejército Luis Alfonso Gómez Pérez, el cabo primero del Ejército Orlando Martínez Ospina y el cabo primero de Infantería Jimmy Molina Sánchez, los tres últimos por hurto calificado. Y finalmente por falsa autoacusación fueron sindicados el sargento segundo de Infanteria de Marina Otilio Velásquez Triana y el cabo de Infantería de Marina Raúl Gerardo Peña Torres.

LAS CLAVES
En lo que tiene que ver con el homicidio, el fiscal se basó, fuera del testimonio que habla del asesinato de León Rubiano por parte del capitán Coy, en los siguientes hechos:
·De acuerdo con las inspecciones realizadas en el lugar de los hechos, los únicos que dispararon fueron los miembros de las Fuerzas Especiales. No se halló evidencia de que se hubiera disparado desde los apartamentos hacia el corredor y los orificios de bala encontrados en el techo del pasillo correspondían a la dirección que llevaban las fuerzas de asalto en el momento de llegar al piso. Así se de muestra que no hubo resistencia de ningún tipo y que los muertos no cayeron en combate.
·Del supuesto arsenal que se encontró en los apartamentos, once armas estaban en buen estado y sólo nueve de ellas habían sido disparadas recientemente. Si se tiene en cuenta que uno de los muertos (León Rubiano) no opuso resistencia y estaba desarmado según todos los testimonios, y que Yesid Garcia Viracachá -otro de los muertos- apareció con una ametralladora y una granada en las manos, pero salió negativo en la prueba de guantelete, quedarían dos personas, Ricardo Quinchara Carreño y el abogado Carlos Julio Torres Angel, para disparar las nueve armas restantes, cosa poco probable. Torres y Quinchara salieron positivos en la prueba de guantelete, pero las necropsias indican que Quinchara fue muerto por la espalda y que los tiros fueron hechos a menos de un metro de distancia. Torres murió de dos tiros, uno en la región lumbar y otro en el pectoral izquierdo, también hechos a corta distancia. Según las mismas pruebas científicas, Yesid García y el doctor Torres recibieron tiros de gracia.
·Otra prueba que muestra que no hubo enfrentamiento, es la que habla de que, aparte del apartamento 805, ninguno de los otros apartamentos estaba ocupado, con la única excepción del 803,donde se encontraba la empleada del servicio Flor Emilse Silva. Por eso no se explica la violencia con que fueron ocupados estos apartamentos ni los disparos que se hicieron en ellos.
En lo que tiene que ver con la violación de habitación ajena, algunas de las pruebas reunidas por el fiscal son las siguientes:
· Los integrantes de las Fuerzas Especiales sólo tenían permiso para adelantar allanamientos en los apartamentos 801 y 805. Sin embargo, irrumpieron violentamente y sin autorización en los 802, 803, 804 y 806.
·Y como si lo anterior fuera poco, los allanamientos en el 801 y 805 se adelantaron sin que hubiera llegado la orden del juez. Según las declaraciones del teniente Aparicio, de la Policía Nacional, cuando llegó con las órdenes ya se había iniciado la balacera en el octavo piso.
Las acusaciones de hurto calificado están sustentadas por la fiscalía en las declaraciones de diferentes oficiales y suboficiales que participaron en el operativo, que en buena parte coinciden con la lista de objetos robados que dio Gaitán Mahecha, la que incluye dólares, fajos de billetes de cinco mil pesos, relojes, pulseras de oro, anillos, una pistola Pietro Beretta y varios paqueles de esmeraldas.
Los cargos por falsa autoacusación obedecen a que algunos militares implicados se declararon culpables de delitos que no cometieron, para encubrir a sus superiores y para desviar el rumbo de las investigaciones.
Angel Gaitán, el hombre que salvó su vida al esconderse detrás de la cortina de un baño durante tres horas y media, se convirtió en la clave para las investigaciones. Sus acusaciones en el sentido de que el operativo había sido ordenado por Rodríguez Gacha se corroboraron con las declaraciones de un suboficial que contó cómo el capitán Rojas le había ordenado arreglar unas armas que eran del "patrón" Rodriguez Gacha. Semanas después del operativo, de acuerdo con otra declaración de un testigo, "dentro del depósito de armamento escuché cuando mi capitán Rojas le decía a mi capitán Peña: la c... más h. p. fue haber quedado vivo el Catalino ese h.p.. Si no, todo habría salido bien"."Calalino" era el apodo con el que Rodríguez Gacha se refería a Angel Gaitán y "Catalina" fue el nombre que se le dio al operativo de Altos del Portal.
El pasado viernes los militares sindicados fueron hallados culpables. Esta semana se conocerán las sentencias, pero 105 abogados de la defensa piensan apelar el fallo.
Lo cierto del caso es que, como pocas veces en la historia reciente de Colombia, un proceso de esta índole ha llamado tanto la atención. No sólo por los hechos que allí se juzgan si no porque con este proceso verbal de guerra las Fuerzas Armadas se han anotado un punto a su favor al demostrar que son capaces de ejercer la autocrítica y que a pesar de la difícil situación de orden público sus hombres están obligados a actuar como lo mandan las leyes. En palabras de Yanine, "se trata de salvar la honra de la institución". Como lo dijo en la parte final de su alegato el fiscal se busca despejar "dudas, muy tenebrosas por cierto, que por un momento lograron proyectar sobre la institución castrense una nube de ignominia...". Pero las cosas no terminan ahí. La fiscalia solicitó a la presidencia del Consejo de Guerra compulsar copias de algunas declaraciones que comprometen por falso testimonio y hurto a una decena más de oficiales y suboficiales que participaron en el operativo. De todas formas, aunque duro, lo cierto es que de todo este proceso las más favorecidas son las Fuerzas Militares, que han demostrado que son capaces de sacar de su rebaño a las ovejas negras.