¿Qué tan viables son las propuestas de Uribe?

Durante una semana, Álvaro Uribe guardó celosamente cuáles serían sus propuestas para modificar el Acuerdo Final, después del triunfo del No el pasado 2 de octubre en el plebiscito. Finalmente el domingo por la mañana, el expresidente dio a conocer un breve comunicado que leyó frente a una cámara y publicó en Twitter. Para comenzar habría que decir que los puntos del exmandatario demuestran que su agenda hoy es más realista, si se tiene en cuenta que en el pasado había establecido 68 líneas rojas. 

Semana.com hace un análisis punto por punto de esas ideas y analiza qué tan viables puede ser su implementación. Aunque Uribe enumeró solo cinco, en la introducción de su texto hace algunas otras propuestas. Esto fue lo que dijo el expresidente:

1. Fumigación de cultivos:

“Se debe privilegiar la erradicación manual de drogas ilícitas, sin que el Gobierno pierda la facultad de fumigar cuando lo estime conveniente, siempre con el cuidado de no hacer daño al ser humano, a los animales ni a otros recursos naturales”, Uribe.

Este es un punto que ya está en los acuerdos. Pese a que se privilegia la erradicación manual y la sustitución de cultivos, en los textos definitivos también está contemplado que habrá aspersión si es necesario. “Nunca dijimos que se tenía que prohibir de manera absoluta la aspersión”, dijo en su momento Humberto de la Calle. Esta tesis no sólo la tiene Uribe, sino también el fiscal Néstor Humberto Martínez y el gobierno de los Estados Unidos. La conciliación de este punto no tendría mayores dificultades, pero además implica una morigeración del discurso del uribismo que hasta hace unos días se mostró como un gran defensor de la fumigación aérea.

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2. Tierras: la buena fe de los propietarios.

“Los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente”, Uribe.

El debate sobre las tierras no se remite al proceso de paz. Muy recientemente la representante María Fernanda Cabal manifestó su preocupación por la exigencia contemplada en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de que los propietarios tuvieran que demostrar la buena fe exenta de culpa. Esta discusión se refiere a algo muy concreto: ¿Se debe exigir a quien haya adquirido un predio solamente haber actuado de buena fe o será necesario también que la buena fe sea exenta de culpa?. Es decir, ¿Basta que quien compra un predio no sepa que lo que compra es despojado, o tendrá además que hacer un estudio para determinar que el inmueble previamente no le fue arrebatado a nadie?

La clave de la discusión puede estar en buscar una fórmula que de una parte permita la restitución de la tierra al campesino y de otra, no perjudique a quien compró las tierras sin saber que fueron despojadas. La solución a este interrogante exige planteamientos alternativos como devolver la tierra al primero y reconocer el valor de lo pagado al segundo para que no tenga un perjuicio. De hecho, este debate se está dando en estos momentos en el Congreso con los proyectos de reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En teoría, al menos la respuesta no parece tan compleja ni implica per se modificaciones a los acuerdos.

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3. Economía: ¿Quién pagará el posconflicto?

“Los compromisos con la FARC deben cumplirse dentro de las posibilidades fiscales y financieras del país; esto es, sin afectar la regla fiscal, la confianza de inversión del sector privado, la competitividad, los programas sociales como educación universal y de calidad, sin afectar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos”, Uribe.

Se viene una reforma tributaria muy difícil de sacar adelante por parte del Gobierno. Esta propuesta de Uribe es apenas la antesala de lo que será un duro debate en el Congreso. Sin embargo, lo que permiten muchos de los puntos de los acuerdos es precisamente ampliar programas sociales como educación universal y de calidad. Es claro además que existirán más recursos para esos programas con los acuerdos de paz que sin ellos, pues la cooperación internacional tiene ya previsto paquetes de ayudas para el posconflicto.

4. Autonomía de alcaldes y gobernadores:

“Los compromisos con FARC no pueden limitar la descentralización ni la obligación de alcaldes y gobernadores de atender con equidad las necesidades de todos los ciudadanos”, Uribe.

Esta es la propuesta de Uribe que más preguntas deja. Es una proposición un tanto ambigua que busca que los mandatarios locales sean autónomos y no dependan de políticas que el Gobierno pueda haber pactado con la guerrilla. Sin embargo, más que un limitante a los acuerdos, constituye un planteamiento político que se podría debatir en la implementación.

5. Consultas a comunidades: ¿Cómo no frenar el desarrollo?

“Las consultas a comunidades podrán ser limitadas en el tiempo por decretos reglamentarios del Gobierno, a fin de que no entorpezcan el desarrollo equilibrado de la Nación”, Uribe.

La consulta es uno de los mecanismos contemplados dentro de los acuerdos para facilitar la implementación con la participación de las comunidades, pero al uribismo le genera dudas en especial con la posibilidad de paralizar la inversión en algunos campos. Sin embargo, no tendría por qué ser un obstáculo, pues en los acuerdos está contemplado de una forma abierta, por lo cual se podría negociar su forma específica de implementación para evitar estos temores. Sin embargo, tal como sucede con otros temas, las dudas del uribismo no se circunscriben a los acuerdos sino en general al alcance de la consulta previa, las cuales podrían llegar a tener una solución política en el Congreso.

6. Justicia: Uribe no pide cárcel

“La impunidad total a los mayores responsables de delitos atroces, que se convierte en mal ejemplo, creador de nuevas violencias, además de generar incertidumbre jurídica futura. Insistimos en la reclusión efectiva, pena privativa de la libertad, entre 5 y 8 años, no obstante que sea en sitios alternativos como granjas agrícolas”, propone Uribe. Esta propuesta había sido dicha originalmente por la representante del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez. 

Este tema es muy complejo, pero si se analiza detenidamente se pueden encontrar caminos para una solución. El problema no es si en el proceso de paz se determinarán o no responsabilidades frente a los máximos responsables de delitos atroces, pues el acuerdo sí lo hace. El punto concreto es determinar qué penas se les aplican.

Los acuerdos contemplan penas de hasta 20 años de privación de la libertad para quienes no contribuyan a la verdad y a la reparación, por ello el debate se concentra en las que se aplican a quienes sí lo hagan, con el objeto de determinar qué tan lejos están las propuestas del expresidente Uribe del Acuerdo. Para estos casos los acuerdos contemplan en sus páginas 153 y 154 tres tipos de penas:

a.- En las zonas rurales, la participación y la ejecución de programas de reparación efectiva para los campesinos desplazados, protección medio ambiental , construcción y reparación de Infraestructuras en zonas rurales, eliminación de residuos en las zonas necesitadas de ello, mejora de la electrificación y conectividad en comunicaciones de las zonas agrícolas, sustitución de cultivos de uso ilícito, recuperación ambiental de las áreas afectadas por cultivos de uso ilícito y construcción y mejora de las infraestructuras viales.

b.- En las zonas urbanas, la participación o ejecución de: programas de construcción y reparación de infraestructuras en zonas urbanas, programas de Desarrollo urbano y programas de acceso a agua potable y construcción de redes y sistemas de saneamiento.

c.- Limpieza y erradicación de restos explosivos de guerra, municiones sin explotar y minas antipersonal de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por estos artefactos.

¿Cuál podría ser la salida?

Hay punto en el Acuerdo Final que podría establecer un puente con la propuesta del uribismo, sin necesidad de cambiar lo pactado. “Las sanciones impuestas por el Tribunal preestablecerán los lugares donde residirán las personas que ejecutarán los proyectos. Los lugares donde residirán tendrán condiciones apropiadas de habitabilidad y dignidad”, señala el acuerdo.

Esto implica entonces que en los propios acuerdos se estableció que incluso en los eventos en los que exista reconocimiento de responsabilidad por delitos graves, las penas, que esencialmente consisten en la participación en trabajos sociales, se deberá cumplir en un lugar específico, el cual podría ser eventualmente un lugar rural ¿podría ser éste una granja agrícola? Esta pregunta habrá que hacérsela a las FARC. Lo que es cierto es que al introducir el concepto de “granja agrícola”, Uribe acerca su propuesta a las zonas rurales para la participación y la ejecución de programas agrícolas de los acuerdos.

Lo que sí representa un enorme avance para llegar a una posición conciliada es que el expresidente no dijo la palabra que más asusta a los negociadores: cárcel. Esto representa un giro importante en la posición del exmandatario.

7. Guerrilleros en el congreso: ¿Sí o No?

“Los privilegios al partido de la FARC y la elegibilidad de responsables de delitos atroces. De no excluirse, debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados por proceso 8 mil y parapolítica, los paramilitares, aquellos que han perdido investiduras de representación y los 140 mil presos”, Uribe.

Que los guerrilleros de las FARC puedan hacer política sin armas representa, como decía Roy Barreras, el corazón de los acuerdos de La Habana. Es muy difícil que en este punto el Gobierno y la guerrilla retrocedan. Sin embargo, la propia propuesta del expresidente Uribe abre dos caminos:

1) La proposición no impediría la participación en política de todos los guerrilleros, ni rechaza automáticamente las curules que se señalan en los acuerdos. Lo que se afirma es que no puedan participar en política quienes hayan incurrido en delitos de lesa humanidad, fórmula que ya contemplaba el Marco Jurídico para la Paz y que implicaría que por el momento quienes representen a la guerrilla no puedan tener imputaciones por estos delitos. La pregunta para hacerles a las FARC por ello es muy concreta: ¿Estarían dispuestos a que por el momento no sean representados en el Congreso por líderes que tengan en este momento alguna imputación o condena por delitos muy graves?

2) Se abriría la posibilidad de permitir la participación en política de algunos guerrilleros imputados por estos delitos, siempre y cuando se abra esta posibilidad también a otros condenados que en este momento están inhabilitados, lo cual da flexibilidad a la propuesta, pues podría permitir excepciones.

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8. No al Tribunal para la Paz

“Hicimos múltiples observaciones al Tribunal Transicional, que entre sus facultades exorbitantes tiene aquella de definir qué conductas son delitos. Estamos de acuerdo con el Fiscal General de aplicar la Ley de Justicia, Paz y Reparación. O proponemos crear en la Corte Suprema la Sala Transicional y la doble instancia, retroactiva por cierto”, Uribe.

Esta propuesta puede ser la más compleja de todo el discurso de Uribe. La creación de un tribunal de paz fue uno de los puntos de honor de la guerrilla, la cual no solamente no confía en la justicia ordinaria, sino que también no quiere quedar como la única responsable y por ello se incluyó la posibilidad de que otros puedan ser juzgados por este organismo. En todo caso, se podrían plantear algunas modificaciones al tribunal para acercar ambas posiciones, como, por ejemplo, renunciar a la tan criticada posibilidad de que organizaciones sociales puedan directamente presentar denuncias ante el tribunal, lo cual debería respetar en todo caso los inamovibles de la guerrilla dentro de las cuales el más importante es la propia existencia del Tribunal. La propuesta de Uribe, sin embargo, puede caer bien en las altas cortes y en la Fiscalía, que siempre han visto con recelo un Tribunal en el que ellos no tienen el juego que habrían querido.

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Este es el video del expresidente Uribe en el que lee sus propuestas: