¿Qué tan viables son las propuestas del No?

Después de la primera semana de discusiones entre el Sí y el No quedó claro que la solución no va a ser fácil. Aunque los partidarios del No forman un grupo escasamente homogéneo, sus propuestas en términos generales se parecen. De lo que han hecho público hasta ahora se podría concluir que algunas son viables y unas pocas totalmente imposibles. La gran dificultad consiste en unificar tantas propuestas que, aun en los puntos en los que hay coincidencias, tienen formas y énfasis distintos, según la sensibilidad de cada uno de los interlocutores. Las múltiples mesas de negociación son toda una torre de Babel.

El uribismo, que presentó el documento más extenso y detallado, refleja su tradicional visión de negar la existencia de un conflicto armado y que, en consecuencia, las Farc deben desmovilizarse. Su propuesta le dedica una gran atención al asunto rural. Tiene similitudes con la de Marta Lucía Ramírez en cuanto a la necesidad de asegurar que en la reforma rural integral se reconozca en forma explícita la actividad económica de empresas privadas, un punto que no está excluido en los acuerdos de La Habana. Pero el Centro Democrático va más allá en cuanto a su exigencia de precisar conceptos como el de terrenos baldíos, garantizar que a los tenedores de buena fe no les quitarán sus propiedades, e incluso revisar leyes que están por fuera de los acuerdos con las Farc.

La mayor novedad de Marta Lucía Ramírez está en el terreno económico. Recoge su reconocida cercanía con el sector empresarial. Aunque varios de los trabajos presentados –el de Uribe y el de Andrés Pastrana- dejan ver inquietudes sobre el costo de la implementación de los acuerdos, el de ella es más explícito. Pide un cronograma a corto, mediano y largo plazo para cumplir lo pactado, según la disponibilidad de recursos y en cumplimiento de la regla fiscal. Y es muy vehemente en defender el principio de la propiedad privada, a pesar de que el acuerdo con las Farc no lo pone en duda.

El expresidente Andrés Pastrana –quien hasta ahora ha presentado un paper, pero anunció otro sobre participación en política- es quien más elabora las observaciones sobre el tema de drogas ilícitas y narcotráfico, que ha sido una de sus principales obsesiones. Reitera su exigencia de eliminar la conexidad o su eventual tratamiento como delito político –en lo que coincide con las otras visiones- y plantea que las Farc acepten revelar información disponible sobre rutas, contactos y otros detalles relacionados con la producción y comercialización de estupefacientes.

Los grupos cristianos evangélicos, aunque son varios y tienen matices, concentran sus inquietudes en la llamada ideología de género y en eso coinciden con Alejandro Ordóñez. El hecho de que los acuerdos de La Habana hayan incluido una ‘perspectiva’ de género –reconocer que la violencia ha golpeado a las mujeres y a las minorías y que, en consecuencia, en la ejecución del acuerdo debe buscarse repararlas- hace que se preocupen por una supuesta intención de promover comportamientos sexuales inaceptables para ellos. Y, sobre todo, por el peligro que ven contra el concepto tradicional de la familia. En el acuerdo con las Farc no se dice nada de eso y Victoria Sandino, quien encabezó la negociación del tema por parte de la guerrilla, dijo que esta no aceptaría desechar la intención vinculante y de reparación a las minorías.
Más allá de los énfasis individuales, la gran coincidencia de todas las propuestas tiene que ver con los temas que concentran la mayor atención: 1. La justicia transicional; 2. La forma de convertir los acuerdos de La Habana en normas; 3. Las condiciones futuras de los miembros de las Farc; 4. La propiedad de las tierras; y 5. El tratamiento del narcotráfico como delito político.

1 La justicia transicional

Este es el principal problema insoluble que se ve hasta ahora en el tire y afloje entre los partidarios del No y las Farc.  En los cuatro años que duró la negociación entre el gobierno y la guerrilla fue el punto más complicado. Produjo enfrentamientos no solo entre los asesores jurídicos del gobierno y los asesores jurídicos de las Farc, sino dentro del propio equipo negociador. Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo no estuvieron dispuestos a ceder tanto como lo hicieron Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao frente a la contraparte conformada por el español Enrique Santiago y Álvaro Leyva. Como era la primera vez en la historia de Colombia en que una guerrilla dispuesta a desarmarse voluntariamente iba a aceptar algún tipo de sanción, no había antecedentes jurídicos al respecto.  De ahí que se creó una jurisdicción independiente de la justicia ordinaria para esos efectos.

Los partidarios del No aceptan el concepto de justicia transicional, pero exigen que se derive del ordenamiento jurídico colombiano. Y tienen varias propuestas diferentes como alternativa al sistema especial de justicia transicional, algo que las Farc no aceptan.

• El expresidente Uribe ha sugerido crear cortes para la paz adscritas al Tribunal Superior de Bogotá, con la Corte Suprema como órgano de cierre y con una unidad elite en la Fiscalía encargada de hacer la investigación.

• El expresidente Pastrana propone que la Jurisdicción Especial para la Paz esté articulada con la justicia ordinaria. Debe tener un límite explícito en el tiempo y la cosa juzgada solo podría abrirse para aplicar favorabilidad de penas. Descarta que haya jueces extranjeros, pero acepta la figura de amicus curiae, participación de terceros –ahí sí podría haber diez extranjeros- para hacer veedurías de algunos juicios.

• Marta Lucía Ramírez plantea crear una sala especial dentro de la Corte Suprema de Justicia que sería órgano de cierre.

En el capítulo de justicia también hay recomendaciones sobre quiénes son juzgados: se ha pensado que una de las fórmulas de transacción podría ser que el Tribunal Especial para la Paz acordado en La Habana se limitara a procesar a los integrantes de las Farc.  En ese escenario los miembros de las Fuerzas Armadas, empresarios, políticos y otros que tuvieran alguna responsabilidad en el conflicto quedarían en manos de la justicia transicional, pero fuera del tribunal creado en La Habana. Sin embargo, las Farc han dejado saber que esa alternativa para ellos es una línea roja. La narrativa básica por la cual aceptaron desmovilizarse es que la guerrilla no es la única que ha tenido culpas en esa guerra. Lo consideran un punto de honor.

Y está el complejo asunto de si hay cárcel o no para la guerrilla.?Todos los del No aceptan que una pena para exguerrilleros desmovilizados no tiene que ser una cárcel con barrotes. Pero igualmente consideran que el concepto de restricción de la libertad consagrado en los acuerdos de La Habana es demasiado abstracto y suena demasiado suave. De ahí que han sugerido la fórmula intermedia de unas granjas o colonias penales, es decir, áreas rurales delimitadas donde tendrían que cumplir sus condenas haciendo trabajo agrícola.  Las penas serían muy similares a las acordadas en La Habana, es decir, entre cinco y ocho años para los condenados a los delitos atroces que cuenten la verdad. Queda por verse si las Farc,  que esperaban cumplir su condena en un municipio o en una vereda, aceptan una reclusión más estricta con supervisión de la fuerza pública.

2 La forma de convertir los acuerdos en normas

Casi todas las propuestas rechazan los instrumentos que creó el gobierno en el Acto Legislativo para la Paz, dirigidos a acelerar la incorporación de los textos de La Habana al ordenamiento legal: el llamado fast track combinado con facultades especiales al presidente de la república. Y también convergen en rechazar que se incorpore lo pactado a la Constitución con la fórmula de acuerdos especiales del DIH. En términos generales, se plantea un acuerdo político que tramiten las instituciones normales, fundamentalmente el Congreso.

El punto del proceso parlamentario no genera tanta fricción con las Farc, que no se preocupan mucho por la manera como el Estado tramite los acuerdos, y con el triunfo del No en el plebiscito quedó además sin vigencia. Sin embargo, le genera problemas graves al gobierno. Tramitar tantos proyectos por el camino normal puede tardar meses, y reabriría en el Congreso el debate de toda la agenda. Es decir, los partidos políticos tendrían en sus manos la posibilidad de redefinir lo que los equipos negociadores del gobierno y de las Farc construyeron en Cuba. Algo que la guerrilla no aceptará.

3 Las condiciones futuras de las Farc

Todos los partidarios del No plantean endurecer las condiciones bajo las cuales los miembros de las Farc podrían participar en política en el futuro. Algunos puntos tienen que ver con la elegibilidad: que los autores de delitos de lesa humanidad no puedan ser congresistas ni presidente. Y la mayoría de las propuestas van dirigidas a cuestionar algunas de las gabelas que las Farc obtuvieron en la mesa de La Habana para convertirse en partido político: financiación, emisoras locales, exención del umbral para mantener la personería jurídica, espacios en organismos como el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Garantías.

El denominador común es que el partido de las Farc no tenga prerrogativas que impliquen una ventaja frente a las otras fuerzas políticas. En los acuerdos de La Habana se plantea una transición con beneficio de la guerrilla como organización armada a fuerza política desarmada, que se enmarca dentro del concepto de no repetición: dar un tiempo para que los guerrilleros puedan reincorporarse a la vida civil y minimizar las posibilidades de regresar a actividades delictivas. Aunque los partidarios del No argumentan que estas ventajas resultan injustas para otros partidos, forman parte de un concepto fundamental de los acuerdos de La Habana. No será fácil acordar su desmonte.

Curiosamente, en cuanto al controvertido punto de las curules pactadas para las Farc, en la oposición no hay tantas objeciones sobre el número, sino sobre quiénes las van a ocupar. El uribismo plantea que las personas condenadas por delitos graves no pueden ser voceros transitorios de las Farc en el Congreso durante el trámite de los proyectos ni ocupar en el futuro las curules de Senado y Cámara. Pero no cuestionan el número de estas.

Los del No están de acuerdo también en cuanto a la devolución de los bienes de las Farc. Muchos colombianos estaban indignados con el cuento de que esas guerrillas no tenían un peso y que, por eso, no podían reparar a las víctimas. Un día antes del plebiscito, las Farc anunciaron que iban a hacer un inventario de sus activos para utilizarlo en reparar a las víctimas. A pesar de esta manifestación, ese punto no va a dejar nunca satisfechas a las dos partes. Algunos sectores creen que las Farc tienen miles de millones de dólares en el exterior y ellos seguramente van a reconocer solamente la existencia de tierras y de caletas, pero en pesos.

4 Propiedad de las tierras

Este es un asunto complejo y una de las banderas del uribismo, cuyo problema no se origina en el proceso sino en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En la actualidad hay algo de presunción de mala fe acerca de la gente que ha adquirido tierras en zonas históricas de violencia. Con el fin de devolverles esos predios a los campesinos desplazados, se ha creado una normatividad que puede dar pie a excesos y a injusticias. Se les está exigiendo a personas o sociedades que compraron de buena fe asumir responsabilidades por el pasado sangriento de esos predios. Y a esto se le suma que se ha invertido la carga de la prueba, para obligar al particular a demostrar su inocencia. En este tema las dos partes tienen algo de razón y debería ser posible llegar a una fórmula en la que se logre diferenciar el comprador de buena fe del despojador. Retomar la discusión, sin embargo, puede tomar mucho tiempo: su negociación en La Habana duró más de un año.

5 El narcotráfico como delito político

Algunos partidarios del No insisten en que la erradicación manual de cultivos de coca no es suficiente y que es necesario complementarla con la aspersión aérea en algunos casos en que no haya implicaciones de salud. Este punto puede ser uno de los más fáciles. Como el mismo Humberto de la Calle aclaró, el acuerdo final no prohíbe las fumigaciones y tanto el fiscal Néstor Humberto Martínez como el gobierno de los Estados Unidos consideran esa combinación posible.

En cuanto a si la amnistía que se aplicará a los guerrilleros rasos puede incluir al narcotráfico como delito político, el asunto es más complejo. La Corte Constitucional tiene jurisprudencia según la cual esta conexidad es aceptable en la medida en que la participación en el narcotráfico se limitaba a buscar fondos para financiar la guerra y no para enriquecerse. Pero en los textos, sobre todo de los expresidentes Pastrana y Uribe, se parte de la base de que las Farc se involucraron directamente en el narcotráfico, algo que la guerrilla rechaza tajantemente. Esa es otra línea roja de las Farc.

Finalmente, tienen algunas dificultades de mecánica las negociaciones múltiples que lidera el presidente Santos para buscar un gran acuerdo político nacional que desbloquee la sinsalida generada por el apretado triunfo del No en el plebiscito.

El gran acuerdo nacional al que le apunta el presidente Santos –que todos los sectores del No adopten una propuesta única de reforma a los acuerdos– es solo un primer paso. Se pretende cambiar un texto ya firmado con las Farc, y en consecuencia este grupo guerrillero tendría que aceptar los cambios. Una especie de negociación a tres bandas entre los del No y las Farc, que se comunican a través del gobierno. Un camino muy tortuoso.

En esta ocasión, el factor tiempo corre en contra. El limbo actual no puede dilatarse en forma indefinida, por los efectos de la incertidumbre sobre la economía, por los riesgos de que se presenten incidentes de violencia, y por la imposibilidad de que la ONU verifique el cese al fuego durante un periodo muy largo. Paradójicamente los partidarios del No, que criticaron mucho las conversaciones de Cuba porque se tardaron “años y no meses” –al contrario de lo que prometió el presidente Santos-, ahora consideran que hay que tener paciencia para asegurar la viabilidad de un gran pacto entre el Sí y el No. Y el gobierno es ahora quien quiere evitar darle largas al limbo en el que se encuentra el país.