Trabajadores de la salud ponen en jaque a la reforma

La reforma a la salud se convirtió este martes en un verdadero dolor de cabeza para el presidente Juan Manuel Santos. Estudiantes de especializaciones clínicas, internos, médicos, enfermeros, salubristas, entre otros, le dijeron que no les gusta para nada uno de sus proyectos más ambiciosos.

El mandatario se vio forzado a hacer una alocución en televisión para afirmar que la reforma busca “evitar el colapso financiero y permitir a los hospitales que den una mejor atención a los usuarios, a los pacientes, a los que necesitan”.

El jefe del Estado sostuvo que la reforma busca corregir problemas estructurales para que “fluyan los recursos y esos recursos se traduzcan en una mejor atención a los pacientes”. Indicó que se debe garantizar la sostenibilidad del sistema, y puso de presente que “hay muchos intereses, que están tratando de buscar que la reforma defienda esos intereses a expensas de otros”.

“La responsabilidad del Estado, del Congreso, como órgano legislador; del Gobierno, como el órgano ejecutivo; es buscar una reforma que defienda el interés general, no el interés de ningún sector”, afirmó. Dijo que de pronto “van a quedar muchos sectores insatisfechos porque sus aspiraciones no son satisfechas en su totalidad, y eso es normal”, indicó.

Sin embargo quienes salieron este martes a la calle no forman parte de un colectivo organizado ni de un partido opositor que pretende hacerle oposición al Gobierno. No. Quienes protestaban eran profesionales de todas las condiciones sociales y de las más prestigiosas universidades quienes consideran que la reforma no es benéfica para el salud. Y por eso, sostienen, que esta es la primera de una serie de movilizaciones hasta lograr que la reforma sea retirada o modificada.

En efecto, los trabajadores colombianos de la salud salieron a las calles en diferentes lugares del país para denunciar la crisis del sector y manifestar su rechazo a una reforma que se tramita en el Congreso porque consideran que empeorará la situación.

En Bogotá, trabajadores vestidos con batas blancas se concentraron en el Parque Nacional para luego marchar hacia la céntrica Plaza de Bolívar y en otros puntos de la ciudad y en diferentes capitales del país hubo protestas similares.

El movimiento ciudadano “Por una salud digna en Colombia” ha articulado la protesta con la bandera de que el país necesita un modelo de salud “que elimine la intermediación y que favorezca los interés de los colombianos y de los trabajadores del sector salud”.

Esa demanda no la ven reflejada en el Proyecto de Ley de la Salud que ya fue aprobado por el Senado y está en discusión en la Cámara de Representantes.

Esta iniciativa, que ha sido definida por Santos, como una de las prioridades de la actual legislatura, ha generado críticas de diversos sectores que consideran que no resuelve los problemas de fondo.

Los trabajadores consideran que el Gobierno debe reformar la Ley 100, de diciembre de 1993, que creó el sistema de seguridad social integral pero transfirió los servicios de atención médica a Empresas Prestadoras de Salud (EPS), que hacen de intermediarias entre el usuario y los hospitales y son las que reciben el mayor beneficio económico, en detrimento del personal sanitario.

El proyecto presentado por el Gobierno al Congreso incluye la reforma de la Ley 100 pero en vez de corregir el modelo vigente lo profundiza, según las asociaciones médicas.

“Esta propuesta mantiene y fortalece el negocio de salud, empeora la Ley 100, permitiendo la transformación de las EPS en Gestoras de Salud, otorgándoles un papel dominante en el sistema, legalizando la apropiación de recursos públicos de la salud a manera de utilidades”, advirtió la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), que agrupa a profesionales del área médica.

Según un comunicado de la Anir, esto se hace “a costa de la atención de los pacientes y de la remuneración digna de los trabajadores del sector salud”.

Con la Ley 100, las EPS se han convertido en monopolizadoras de los servicios de salud y algunas de ellas han estado involucradas en escándalos financieros por desfalcos al sistema sanitario.

Por su parte el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, defiende que el polémico proyecto de reforma tiene como objetivo mejorar la salud de los colombianos y busca superar errores históricos del sistema.

El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, argumentó que el citado proyecto de ley ha sido mejorado y se le harán modificaciones. Según el funcionario, el proyecto que entró al Congreso y salió aprobado por el Senado “está bastante mejorado en su texto y esperamos mejorarlo aún más en los debates que hacen falta”.