Urabá: las contradicciones de una región que mueve millones de pesos

Cuando el avión se aproxima al aeropuerto de Carepa, Urabá antioqueño, las plantaciones de banano cubren el horizonte hasta fundirse con las serranías y los ríos. Salta a la vista que en Urabá hay riqueza. Casi 35.000 hectáreas de banano, que cubren los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, produjeron 65 millones de cajas exportadas en 2017 a la Unión Europea y Estados Unidos; 22.000 empleos directos, 100.000 indirectos y, en los últimos 20 años, 600.000 millones de pesos en inversión social. El banano es el segundo producto agrícola más importante de Antioquia después del café, y representa el 35 por ciento de la producción del sector agropecuario en Colombia, el 3 por ciento de las exportaciones totales y el 0,4 por ciento del producto interno bruto.

Sin embargo, cuando el viajero sale del aeropuerto encuentra de inmediato una vía maltrecha y ranchitos pobres. Cuando entra a Apartadó por la deteriorada vía principal, ve el comercio, construcciones nuevas, almacenes de gran calado como el Éxito, clínicas, y más allá de la avenida, barrios marginales como Primero de Mayo, Policarpa, La Chinita, Salsipuedes —donde estalló la violencia más dura en las protestas pasadas—, manejados por pandillas encargadas del microtráfico. La imagen se repite en Turbo, Carepa y Necoclí.

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Urabá muestra el contraste de tantas regiones: la riqueza y la pobreza evidentes, la violencia y la corrupción. Según el Anuario Estadístico de Antioquia, 53,06 por ciento de los habitantes de Urabá viven en la pobreza y 28,37 por ciento, en la miseria. Otros indicadores sociales también dan vergüenza: en Turbo el 27,91 por ciento de la gente tiene alcantarillado, el 56,16 por ciento, acueducto y solo el 0,53 por ciento (los ricos), agua potable. En las protestas contra los 3 peajes ubicados a lo largo de 80 kilómetros, algunos se quejaban porque a unos cuantos metros tenían el cobro para llegar a Chigorodó, pero en la casa no podían tomarse un vaso de agua.

Se podría concluir que los malos indicadores sociales provienen de la falta de inversión del Estado, pero al parecer sucede lo contrario. Gobernaciones anteriores destinaron 74.000 millones de pesos en regalías para proyectos viales —recuperaron más de 1.300 kilómetros de vías desde Medellín hasta Arboletes—, agua potable, saneamiento básico y equipamiento urbano. Esto sin contar las adecuaciones a la Universidad de Antioquia, los nuevos 6 parques educativos y las inversiones de 32.000 millones de pesos solo para infraestructura educativa. Entre los jóvenes del Urabá —región antioqueña con más estudiantes— se repartieron 1.828 becas para acceder a la educación superior.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, dice que “el Estado ha hecho inversiones millonarias en Urabá. Por ejemplo, ahora mismo estamos logrando que todas las zonas tengan agua potable, lo que está en proceso; además, del puerto puedo decir que los socios ya tenemos 180 millones de dólares para empezar obras y estamos buscando lo restante con los bancos. En Necoclí se está haciendo una terminal marítima recreativa y comercial; y pronto empezaremos a construir un aeropuerto ahí mismo y otro en Vigía del Fuerte, y está en proceso de diseño el aeropuerto de Turbo y Murindó. En este momento la Universidad Nacional termina el diseño de un sistema de riego para reincorporar 40.000 hectáreas a proyectos agrícolas. Las inversiones en vías para el Urabá suman 4 billones de pesos, solo el túnel del Toyo está costando 1,2 billones. Así podría mencionar 10 o 15 obras más”, dice el gobernador Pérez.

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Incluso el gobernador anunció hace unos meses la firma del contrato para empezar las obras, en abril, de Puerto Antioquia, un proyecto de 600 millones de dólares, cuya primera fase estaría lista en 2022. La obra significaría un gran empujón para la economía de los urabaenses, pues sería el puerto más grande del Caribe colombiano y el más cercano a Bogotá y el Eje Cafetero.

Y si hay tantas inversiones privadas y públicas, ¿por qué la región sigue tan desigual? Todo indica que el problema es de continuidad. Los seis parques educativos hoy se manejan como salones sociales y solamente el Sena utiliza algunos, y eso a veces. El contrato de Atrato y Gran Darién, suscrito por el gobierno nacional y las gobernaciones de Antioquia, Chocó y Córdoba para beneficiar a 25 municipios con una inversión de 1,02 billones de pesos para superar “la extrema pobreza en la región”, cayó en el olvido con los cambios de administraciones departamentales.

La pobreza alimenta otro de los problemas de la región: la ilegalidad. La lucha contra ese fenómeno es de vieja data en el Urabá, basta recordar que hace pocos meses la Policía incautó al Clan del Golfo 12 toneladas de cocaína que iban a salir rumbo a Estados Unidos. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia contra la Droga y el Delito (UNODC), el aumento de 2.402 de hectáreas de matas de coca en 2015 a 8.855 en 2016 que tuvo Antioquia se registró en parte en Chigorodó.

La lucha contra las drogas y los grupos alzados en armas o narcotraficantes han sumido a la región en una historia circular. Gracias al conflicto armado, la zona se convirtió en la más afectada del país por este flagelo que dejó 512.000 víctimas. A esto se suma la gran población de desmovilizados que se quedaron viviendo en Apartadó, Turbo y Carepa. Ellos junto con las víctimas formaron barrios marginales donde hoy se concentra el 90 por ciento de la deserción estudiantil del Urabá. En algunos de ellos se han creado pandillas de microtráfico que, como denunciaron las autoridades, alimentaron las protestas del paro cívico. Se calcula que entre Turbo y Apartadó hay más de 300 pandillas, cada una con mínimo 20 integrantes, y que se han hecho famosas por sus peleas a machete.

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Para Martha Peña, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), todas estas dinámicas de violencia han llevado a que en Urabá haya un aparato estatal más que evidente: fuerza pública y judicial. Solo la VII División del Ejército tiene en la zona 2.900 hombres adscritos a la Brigada XVII. “Cuando uno va al Urabá, se da cuenta de que el Estado está presente: hay fuerza pública, hay Fiscalía, las Alcaldías parece que funcionan muy bien y hasta hay un ‘boom’ de la construcción muy parecido al que despegó en Buenaventura hace varios años. Sin embargo, el abandono es evidente, la inequidad es terrible. Urabá tiene uno de los índices de Gini más escandalosos del país, del 0,88, lo que dice que la propiedad de la tierra está en manos de muy pocas personas”, dice Peña.

Esa inequidad entre una presencia fuerte del Estado en términos militares y económicos y una población marginada y vulnerable a los grupos ilegales podría explicarse por la corrupción. Esa tesis se desprende de la investigación sobre restitución de tierras en Colombia de la Fundación Forjando Futuros: “Urabá ha sido uno de los centros de la parapolítica. En este sentido, hay investigaciones, detenciones y condenas sobre 29 personas”, entre las que se encuentran exrepresentantes a la Cámara, exsenadores y militares.

El exgerente para el Urabá Federico Restrepo cree que en este momento el abandono en la región se debe a que no hay ningún interés de control político ni un plan estratégico que tenga una fuerte inversión social. Lo que sucede en el Urabá va más allá de una protesta por la ubicación de unos peajes que afectan directamente a los ciudadanos más pobres, pues muy poco del transporte pesado alcanzaba a pasar por los mismos. La protesta habla de un abandono sistemático, de una cadena de inversiones millonarias que no se conoce muy bien donde terminan, pero que benefician muy poco a la sociedad. En palabras de monseñor Hugo Torres, obispo de Apartadó: “Aquí no tenemos quién nos represente políticamente”.