PURA SANGRE

Las palabras masacre y matanza que se habían ganado un lugar en los relatos de la historia contemporánea de América Latina, y que sólo eran asociadas a hechos como el de la matanza de Santa María de Iquique ocurrida en Chile en 1907, o el de la masacre de las bananeras ocurrida en Colombia en 1928, han entrado a hacer parte de la familiaridad cotidiana de los editores de los diarios en Colombia Los architradicionales titulares de periódico como: "Cae colombiano con coca", "Asalto guerrillero", "Secuestrado ganadero", o los de cada tercer día como: "Auto de detención contra Escobar" y "Muerto concejal de la UP" han tenido que ceder abruptamente sus espacios a estas dos palabras durante los últimos 60 días.
La práctica del asesinato selectivo contra los comandantes guerrilleros, que inundo al país después de que el proceso de paz comenzó a dar reversa en el gobierno pasado, y el asesinato generalizado contra miembros de la UP que ha caracterizado los últimos dos años, quedaron relegados a un segundo plano. Hoy las balas no van dirigidas contra los dirigentes, sino contra lo que los políticos llaman "las bases" y el blanco no es individual, sino en masa. Y lo que ocurría en Colombia de vez en cuando, que rememoraba la época de la Violencia, ya no hace que se hable de la matanza de tal año, ni de la matanza de tal mes, ni siquiera de la matanza de tal semana, sino que ahora se oye hablar es de la matanza del día.
Cuando se creía que después del repudio y la sorpresa que había causado la masacre del domingo de resurrección en Mejor Esquina, Córdoba, los ánimos sanguinarios de las bandas de asesinos abrirían por lo menos un paréntesis, el país recibió la semana con una nueva noticia sobre asesinatos colectivos. Un centenar de trabajadores de Indupalma que se encontraban reunidos en la sede social de esa empresa en San Alberto, Cesar, fue atacado a punta de granada y ametralladora. Dos muertos, doce heridos y un buen número de personas que milagrosamente no fue alcanzado por las ráfagas, quedó como saldo del asalto armado al Club de Indupalma.
Al día siguiente se supo de una nueva matanza. Y por segunda vez, en menos de un mes, el escenario fue Urabá. Esta vez en el corregimiento de Coquitos, Turbo, fueron asesinados nueve trabajadores y 16 más fueron secuestrados. Un día después se hablaba de 27 muertos según el sindicato de bananeros, de 18 según el inspector de policía de Turbo, y 13 según el alcalde de Apartadó. Pero la discusión sobre la cifra quedó totalmente ahogada ante las desgarradoras versiones de los testigos. "Se los llevaron amarrados hasta la playa y los montaron en una chalupa. Cuando vieron que no cabían todos en la embarcación, fusilaron a los nueve que tenían que bajar" --fue lo que contó un familiar de uno de los muertos. "Los demás los fueron matando en el camino y los iban echando al agua", agregó. La historia se repetía: un grupo de hombres armados, algunos con la cara cubierta, llegaron con lista en mano y fueron sacando de sus casas a las víctimas. Hace un mes fue en Currulao y ahora era en Turbo. En Currulao eran miembros de un sindisores. Esto, en lo que hace a Urabá zona que ha tenido que ver cómo los sicarios que hicieron su agosto hace algunos años en el Magdalena Medio han trasladado su centro de operaciones a esa región del país.
Pero no es sólo Urabá. Ni Córdoba, donde ocurrió la matanza de la semana antepasada. Es Casanare, en donde según las autoridades del municipio de Villanueva, en una operación conjunta entre las FARC y el ELN, estos grupos masacraron seis campesinos. Es Norte de Santander en donde, al parecer, también el ELN decidió eliminar a cuatro impostores que, bajo el nombre de esa organización guerrillera, se habían dado a la tarea de "extorsionar gente humilde", según el boletín que hicieron llegar a los medios de comunicación en Cúcuta. Es Bogotá, en donde quién sabe quién se propuso dinamitar, ametrallar y rocketear la casa de un presunto esmeraldero, presunto narcotraficante, presunto lugarteniente de Rodríguez Gacha y presunto copartícipe del asesinato del presidente de la UP, Jaime Pardo Leal. En Medellín, en donde la muerte volvió a visitar la tan aporreada Universidad de Antioquia y fueron baleados tres profesores de odontología. Uno de ellos, Jorge Alberto Morales, se convirtió en el muerto número siete de los profesores de esa universidad.
Es en todas partes. En Sahagún, en Ayapel, en Tierralta, en Ocaña, en Cúcuta, en San Jerónimo, en Barranquilla, y en muchos otros municipios en donde la semana pasada los sicarios de todas las especies, de derecha, de izquierda, de los narcos, de la narcoguerrilla, de los narcoparamilitares, o de los narcoesmeralderos, accionaron sus gatillos y dejaron una vez más su nefasta huella.
Es todo el mapa de Colombia el que se ha manchado con la sangre de las víctimas del sicariato, una industria que comenzó con la acción de las parejas de "pistolocos" (el mototiro y su parrillero), se desarrolló con la conformación de escuelas de sicarios, y ha alcanzado ya el nivel de verdaderos ejércitos, entrenados, para eliminar poblaciones enteras.
En un país en el que tradicionalmente se han enfrentado dos poderes, el de las instituciones y el de la subversión, en donde se ha llegado a la disputa física por el territorio y han surgido "repúblicas independientes" o zonas liberadas, era previsible que este nuevo poder, ajeno a estos dos bandos, entrara a competir en ese terreno. El narcotráfico, en un comienzo, utilizó como aliados a algunos grupos guerrilleros que, como él, se encontraban en la ilegalidad. Pero una alianza entre grupos con intereses tan opuestos tenía que ser pasajera.
Una cosa es tener laboratorios escondidos en la selva, con protección guerrillera y otra muy distinta, tener grandes extensiones de tierras con problemas de guerrilla. Los narcos, convertidos ahora en grandes propietarios en diferentes zonas rurales del país, no quieren saber nada de grupos guerrilleros. Y no sólo no quieren saber nada, sino que están dispuestos, como lo han demostrado ya, a buscarles y ganarles la pelea. En ese proceso se explica la ola de matanzas. Claro que las bandas paramilitares financiadas por narcohacendados (y también por hacendados que no están vinculados al narcotráfico, pero que se han envalentonado gracias al impulso dado a la guerra sucia por los narcos) poco o nada se han enfrentado con la guerrilla propiamente dicha. Han optado en cambio por acciones más fáciles de llevar a cabo y, por eso mismo, más sanguinarias y cobardes. Se trata de matar a los supuestos amigos de la guerrilla (obreros del campo, invasores de tierras, campesinos sindicalizados. etc.) que suelen andar desarmados y no ofrecen resistencia. "Esto lo único que puede hacer es crecer a la guerrilla --dijo a SEMANA una fuente del gobierno-- pues en las zonas de influencia guerrillera, el que no se había decidido a ir a la guerrilla, ahora se inclinará más a hacerlo, ya no como un acto de convicción, sino como un simple acto de defensa". Eso explica que los miembros del Frente Popular --uno de los grupos más afectados por las masacres-- que se entrevistaron con el procurador Horacio Serpa la semana pasada, hayan anunciado la formación de un grupo de autodefensa. Armarse para denfenderse de quienes están armados, parece ser la nueva consigna, en un proceso sobre cuyo final lo único que se sabe es que está muy lejos.--

La solución militar
El presidente Virgilio Barco trataba de mostrarse enérgico frente a la cámara de televisión que estaba grabando su discurso del jueves 14 en la noche. Agitando las manos, cerrando el puño y frunciendo el ceño, anunció las medidas adoptadas ese día por el Consejo de Ministros, para afrontar la grave situación de la zona de Urabá. En esencia, la gran novedad de los decretos dictados bajo el Estado de Sitio, era el nombramiento de un jefe militar con plenos poderes para la región. Era el pulso firme mucho más que la mano tendida. En otras circunstancias, como sucedió meses atrás en el caso del Caquetá, quizá las reacciones a la medida hubieran sido más favorables.
No sucedió así con el caso Urabá. La llamada solución militar resulta a todas luces limitada e incompleta frente a una situación tan compleja. De hecho, como lo señalaron varios analistas, si la cosa fuera por el lado militar, hace rato se habría solucionado: Urabá ha sido en los últimos meses no sólo la zona más afectada por los fenómenos de masacres y guerra sucia de todo el pais. sino también la región con más efectivos militares por kilómetro cuadrado.
Pero aparte de las críticas políticas a la medida, hubo --como siempre-- cuestionamientos de orden jurídico. El viernes se había reunido ya un grupo de abogados para demandar los decretos por inconstitucionales, ya que, entre otras cosas, le otorgan al jefe militar facultades tan extensas, que le permiten en algunos casos convertirse en juez.
Para el cargo fue escogido el mayor general Fernando Gómez Barros, el primer guajiro que logra el rango de general y, después de haberse formado en la Escuela de Caballería, uno de los mejores jinetes que ha representado al país en pruebas internacionales. Es considerado como un oficial con gran prestigio entre la tropa y un hombre de posiciones más bien liberales. Experto en lucha contraguerrillera, le tocó al lado del general Pedro Nel Molano, barrer al M-19 de la región donde se había hecho más fuerte en la pasada administración: el Valle del Cauca. Haber vencido un cáncer que lo aquejó en el año 86 y haber tenido que afrontar la muerte de su yerno, uno de los oficiales asesinados en Santander hace algunos meses, lo hacen aparecer como un hombre que se le mide a todo. En sus manos está demostrar, como él mismo lo declaró el viernes a la prensa, que no se trata sólo de aplicar soluciones militares en Urabá. El mismo viernes y ante las críticas, el gobierno anunció medidas complementarias, incluida la aplicación de la reforma agraria en la zona, lo que debió haber inquietado a más de un hacendado.--