PROTESTAS

¿Qué falta para levantar el paro cívico en Buenaventura?

Manifestantes y Gobierno están a punto de llegar a un arreglo que consistiría en la creación de un fondo autónomo con 10 billones de pesos para ejecutar en diez años, las obras que reclaman

31 de mayo de 2017
| Foto: EFE

Desde que arrancó el paro cívico en Buenaventura el pasado 16 de mayo, promotores de la protesta y delegados del Gobierno no habían estado tan cerca de llegar a un acuerdo.

Lo irónico, es que justo cuando los acercamientos atraviesan por ese buen momento, reaparecen los choques entre los manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad; crecen las denuncias de personas heridas durante esos procedimientos de las autoridades y una tractomula fue incinerada en plena vía publica.

Todo ello sucedió en la madrugada de este miércoles cuando el paro cívico de Buenaventura cumple 16 días de protestas y bloqueos. Sumado a ello, entre la comunidad circula la versión que las acciones del Esmad “tienen como único propósito distraer a los manifestantes mientras las autoridades escoltan caravanas de tracto camiones que intentan evacuar los contenedores represados en el puerto”, explicó Narcilo Rosero, uno de los promotores del paro.

Por eso, aunque los diálogos venían por buen camino los incidentes recientes llenaron de pesimismo las negociaciones y aumentaron la presión desde diversos sectores para que tanto promotores y Gobierno cedan en sus posturas.

Por un lado, el senador del Polo, Alexánder López, lideró una carta abierta que firmaron varios congresistas y en la que le piden al presidente Santos “dé respuesta positiva a los justos reclamos y peticiones de la comunidad de Buenaventura (…)”.

(Ver carta)

Mientras que por el otro, líderes gremiales hacen un llamado para que se mantenga el diálogo, condenan los actos de violencia y piden suavizar sus posturas. Así lo hizo Gabriel Velasco, director de la Andi seccional Valle, “invitamos nuevamente a la calma, a la no violencia y así dar continuidad a los diálogos en la mesa de negociación”, argumentó el dirigente gremial.

¿Qué falta entonces?

Desde que arrancó la protesta los promotores tenían claro, y así lo hicieron público, que la única condición para levantar el paro cívico era la declaratoria de la emergencia económica y social. El argumento de los manifestantes es que a través de esa figura se reducen los tiempos para reasignar recursos y se facilitan los trámites para la consecución de nuevos rubros.

No obstante, Luis Gilberto Murillo, ministro del Medio Ambiente y uno de los voceros del Gobierno frente a la crisis de Buenaventura, explicó en su momento que esa petición tenía “serias objeciones constitucionales”; dicho en otras palabras, esa iniciativa no tendría futuro jurídico.

Sin embargo, las partes continuaron dialogando y se llegó a un punto de encuentro que consiste en la creación de un fondo autónomo; osea una junta directiva que gerencie los dineros que se necesitan para ejecutar las obras prioritarias que se requieren para sacar a los bonaverenses de su condición de pobreza y hasta miseria.

Según estimaciones de los promotores, ese fondo manejaría un promedio de diez billones de pesos que se usarían para ejecutar los proyectos que necesita el puerto, en sectores sociales vitales como agua potable, salud, educación, desarrollo y productividad.

Luis Escobar, gerente del Plan Pacífico y otro de los voceros del Gobierno en la mesa de diálogo, aseguró que la propuesta del fondo autónomo fue una iniciativa que ellos sugirieron como medida de choque ante la imposibilidad de declarar la emergencia económica.

No obstante, aclara que el fondo que proponen ya existe, fue creado desde 2015 y tiene como propósito gerenciar los dineros del programa Todos Somos Pacífico y que involucra a 50 municipios de todo el litoral.

Allí radica la gran diferencia con la iniciativa de los promotores del paro, porque ellos insisten en que el fondo que proponen sería exclusivamente para Buenaventura y no para las cuatro capitales del litoral pacífico (Quibdó, Chocó; Buenaventura, Valle; Guapi, Cauca y Tumaco, Nariño).

Narcilo Rosero insiste en que además exigen que en la junta directiva de ese fondo tengan asiento representantes de la comunidad, delegados de la ONU y voceros de tres países garantes.

Es decir, las partes están a un paso de llegar a un acuerdo ya que ambos coinciden en la existencia de un fondo autónomo para Buenaventura. El obstáculo que debaten en el momento es cómo hacerlo, ya que crearlo requiere tramitarse por el Congreso y eso demanda mucho tiempo.

Semana.com supo que la alternativa que estudia proponer el Gobierno sería la de usar el fondo autónomo existente dentro del Plan Pacífico y allí destinar una subcuenta exclusiva para Buenaventura. En esa propuesta trabajan actualmente los ministros de Hacienda y Planeación Nacional.