¿Qué opina María Isabel? Las amenazas de Petro

A las 6 y 10 minutos de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel, hoy jueves 9 de mayo, en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a la ponencia de formulación de cargos del Consejo Nacional Electoral contra la campaña de Gustavo Petro.

El primer sorprendido tuvo que haber sido el propio Petro, pues la entidad no se caracteriza precisamente por su intensa actividad, y la sorpresa dio para que, desde Cartagena, el primer mandatario pronunciara un amenazante y, tal vez, el más agresivo de los discursos que haya pronunciado hasta el día de hoy.

Para resumirlo en dos palabras, produce escalofrío. Pide respeto por la Convención de Derechos Humanos, que ha dicho que nadie en Colombia puede perder sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal, porque esa es la orden de la Constitución, lo cual contiene dos mentirillas, porque ni la Constitución lo dice así ni la Convención de Derechos Humanos habla de que nadie, sino solo los funcionarios de elección popular.

Pero lo mentiroso es lo de menos, porque anunció que si el pueblo, expresión que obviamente acuñó para sus seguidores y no para el resto del país, que aunque no lo apoye respetará su mandato de cuatro años, más adelante irá, “sin temor y sin miedo”, pero que si se viola el voto popular de 2022, si el Consejo Electoral sigue adelante con su formulación de cargos contra la campaña de Petro por la violación de topes y los encuentra violados, o sea, que se pasaron las instancias legales, instaurará el poder constituyente de Colombia de manera inmediata.

Es decir, pide respeto por una entidad internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque es cierto que nosotros sí le damos la Convención, pero si una entidad nacional, como el Consejo Electoral, llega a osar reconvenirlo por sus gastos de campaña, lo considerará un golpe de Estado.

Y de una vez está pidiendo que se organicen las coordinadoras de las fuerzas populares en cada municipio, en cada barrio, en cada vereda, en cada cabildo indígena, en cada comunidad afrodescendiente, para que, si se atreven a violar el voto del año 2022, millones de colombianos salgan a las calles. ¿Será una convocatoria a una guerra civil y un anuncio de que permanecerá en el cargo hasta que él quiera?

De paso, convoca a los colombianos progresistas en el exterior a iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia, o sea, el golpe blando se quedó chiquito, o blando, porque un organismo que tiene esa función, la de vigilar las cuentas de las campañas, le está haciendo las cuentas a la suya.

En especial, las donaciones que le hicieron algunos sindicatos a su partido, dinero que inicialmente iba para su campaña, pero que, como no lo podía recibir directamente, ordenó desviar hacia su partido. Más los miles de pesos invertidos en testigos electorales, argumentando que eso no vale, porque el día de las elecciones ya no había campaña.

Que Petro se defienda todo lo que quiera, pero que no nos venga a acusar de golpistas, ni amenazar con constituyentes ni con guerras civiles ni con que hasta donde su pueblo quiere que él vaya él irá. Eso no es de un demócrata, es de un dictador.

Lea la primera opinión de María Isabel de hoy jueves 9 de mayo:

¿Qué opina María Isabel? El extraño fallo de la Corte Constitucional

La Corte declaró inexequible la ley que creó el Ministerio de la Igualdad, por carecer de aval fiscal. Pero lo dejo vivo (aunque todavía no esté funcionando) hasta 2026, en espera de que pase en el Congreso una ley que enmiende los vicios de su creación. ¿Y si la ley no pasa, en 2026 habrá que desmontar el costoso aparato, si por casualidad ya por fin está funcionando?

A las 6 en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel, hoy jueves 9 de mayo, en SEMANA? Pues la opinión se refiere a la decisión tomada por la Corte Constitucional de tumbar el Ministerio de la Igualdad, pero dejarlo funcionando o, mejor dicho, dejarlo ‘no funcionando’ hasta el 2026.

Pues no funcionando, porque no ha funcionado. Francamente, no entendí esa decisión, porque el principal argumento es que no se llevó a cabo el análisis del impacto fiscal de su creación, es decir, nunca se nos dijo cuánto costaría ponerlo en marcha con toda la burocracia que arrastraría. Ni si el presupuesto nacional daría para ello.

Ese es un argumento fuerte y bien fundamentado, pero entonces ¿qué pretende la Corte al dejarlo funcionando hasta 2026?, ¿que mientras tanto se monte y empiece a funcionar y que, si no pasa en el Congreso la ley que exige la Corte para subsanar ese y otros vicios de trámite cometidos en su conformación luego de 2026, se desmonte el inmenso aparato?

La disculpa es que la Sala Plena consideró que determinar la inexequibilidad de la ley que lo creó y permitir que tuviera efectos inmediatos implicaría eliminar el sector administrativo de Igualdad y Equidad y el ministerio que lo encabeza. Es decir, por un lado, la Corte dice que quedó mal creado y que no tiene la bobadita del aval fiscal, pero, por el otro, permite que este se construya, porque sigue vivo hasta 2026, aunque no haya comenzado a funcionar. Entonces pregunto: ¿al fin qué?