¡Qué oso!

CUANDO UN PRESIDENTE de la República objeta un proyecto de ley presentado y defendido por su gobierno ante el Congreso, algo anda mal en el Ejecutivo. Y eso fue precisamente lo que sucedió el jueves de la semana pasada. El presidente César Gaviria se vio obligado a objetar por inconveniencia varios artículos del Estatuto General de Contratación Pública presentado hace más de un año a consideración del Congreso.
El Estatuto, que había sido estudiado por las comisiones cuartas de la Cámara y el Senado y había sido aprobado por las plenarias, en un proceso en el cual participó activamente el ministro de Obras Jorge Bendeck, sufrió durante su trámite serias transformaciones. Tantas, que había dejado de servir a los objetivos de que el Estado ganara en eficieneia y agilidad a la hora de contratar y perjudicaba gravemente a las empresas de economía mixta, al sector de hidrocarburos y minería, y muy especialmente a Ecopetrol. El primero de los artículos objetados por el Presidente -el 24- abolía el régimen especial que, desde 1968, cobija a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta. De aplicarse, estas entidades se hubieran visto sometidas a los procedimientos complejos de licitación o concurso, estarían en desventaja frente a los particulares y no podrían aprovechar las condiciones económicas favorables que se presentan en un momento determinado para la venta o adquisición de productos en los mercados internacionales.
Pero sin duda el más grave de los ""micos" era el artículo 41 que otorgaba a las entidades territoriales independencia para obtener préstamos internacionales, sin control alguno por parte del Gobierno central que tendría que respaldar las deudas. La medida riñe con el principio de unidad del Estado y podría resultar en un endeudamiento incontrolado del país. Además, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades descentralizadas, podría acabar con la bien ganada reputación de Colombia ante la comunidad financiera internacional. Ante semejante peligro de que el remedio al anquilosado sistema de contratación administrativa resultara peor que el mal, el Gobierno, que tenía la posibilidad de sancionar la ley y luego enviar un proyecto urgente que modificara los artículos que considerara inconvenientes, prefirió cortar por lo sano y devolverlo al Congreso para correcciones. Y aunque en sus declaraciones, el ministro Bendeck ha tratado de restarle importancia al asunto con el argumento de que en el Congreso operó la democracia y que él no podía imponerle a los parlamentarios los puntos de vista oficiales sobre el Estatuto, lo cierto es que si un proyecto de ley adquiere implicaciones como las que obligaron al Gobierno a objetarlo, el Ministro, más que resignarse a que operen los votos de las mayorías, tiene que advertir a tiempo a los congresistas, a la opinión y al resto del Gobierno sobre lo que está sucediendo.Y aunque Bendeck envió una carta de advertencia al Presidente, ésta, en todo caso, llegó tarde.
Es justamente por eso que en algunas agencias oficiales diferentes al Ministerio de Obras, se respira un aire de profunda molestia con Bendeck, quien, aunque no es el único responsable, es sin duda el principal. Y no es el único porque en todo caso lo sucedido demuestra que algo falló en el seguimiento que suele hacerle el Gobierno a sus proyectos, en especial el que requería una ley de tanta trascendencia. Es difícil saber qué sucederá ahora, pues si bien la ley puede ser sancionada por el presidente del Congreso si las cámaras no encuentran razonadas las objeciones, las fallas de la ley son tan protuberantes que esto se considera descartado. Pero de ahí a que la ley alcance a ser corregida en estas sesiones, hay mucho trecho. Y eso tiene un gran costo, pues atrasa quién sabe hasta cuando la tan necesitada modernización de los mecanismos de contratación del Estado. -