Qué pasa si gana el NO

El fallo de la Corte Constitucional conocido esta semana despeja el camino de la refrendación de los acuerdos de La Habana. En esencia, los magistrados ratifican que el plebiscito es un acto político que obliga al presidente a cumplir lo que el pueblo ordene con su voto. Si gana el Sí, Santos tiene la obligación de implementar los acuerdos. Si gana el No, no podrá hacerlo.

Lo primero que hay que decir es que si gana el No, las consecuencias son impredecibles, y la propia corte se abstiene de aventurar escenarios posibles. Lo que sí dice la corte es que un voto negativo “inhibirá la implementación del Acuerdo Final”. Sin embargo, a renglón seguido aclara que esa inhibición no cubre sino el acuerdo derrotado en las urnas, pero que el presidente mantiene las facultades que otorga la Constitución como responsable directo del manejo del orden público. Por lo tanto, tiene el derecho de seguir buscando la paz con un acuerdo distinto, que podría someter a un plebiscito, aunque esto no sería necesariamente obligatorio, pues como se ha dicho la refrendación ha sido un ofrecimiento voluntario del presidente y no una exigencia constitucional.

Esa jurisprudencia no coincide con lo que han dicho el presidente de la república y su jefe de debate del Sí al plebiscito, César Gaviria. Para ellos, si gana el No se acaba el proceso de paz. Santos ha dejado saber que al día siguiente de ese resultado activaría los protocolos para el desmonte del proceso y para el retorno de la guerrilla al monte, lo cual implica el regreso a la guerra.

Lo anterior significa que la corte y el presidente vislumbran escenarios diametralmente opuestos sobre lo que implicaría un triunfo del No. Jurídicamente, sobre el papel, existe la posibilidad de que el presidente renegocie el acuerdo de La Habana si los colombianos lo rechazan. A esa idea se ha aferrado el Centro Democrático con el argumento de que el acuerdo se puede mejorar, al imponer algo de cárcel a los guerrilleros y al prohibir la elegibilidad política de quienes han cometido crímenes atroces. Sin embargo, una cosa es una realidad jurídica y otra, una realidad política.

La verdad es que hay una gran incertidumbre sobre qué sucedería si se pierde el plebiscito. Y no hay un solo escenario, sino varios que van desde un arreglo a la brava para llegar a una fórmula de paz alternativa, hasta que las dos partes se paren de la mesa definitivamente y vuelva a comenzar el conflicto armado.

No habría cese ni dejación de armas

Cuando el presidente Santos y el expresidente Gaviria han dicho que si gana el No vendría de nuevo la guerra, se ha interpretado como una campaña de miedo para inducir a votar por el Sí. Puede que hayan exagerado al decir que al otro día el país volvería al terrorismo urbano y el enfrentamiento fratricida que hubo hasta hace pocos años. Mucha gente considera imposible volver a la guerra porque ni la guerrilla, ni el gobierno, ni los colombianos lo desean. De hecho, todas las partes han expresado que, ante una eventual derrota en las urnas, habría que buscar otras salidas jurídicas para salvar el acuerdo.

Pero el regreso a la guerra sería muy probable. A pesar de que las partes no lo quieran algunas consideraciones de orden práctico pueden llevar a desembocar en eso. Para comenzar, el No dejaría sin piso el cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo, que habría entrado en vigencia el día de la firma. Cuando se vote el plebiscito ya debe estar firmado el acuerdo final y por tanto ya se habría activado todo el dispositivo de concentración de las Farc, verificado por la ONU. Ese movimiento frenaría en seco el día siguiente a la derrota y las Farc, obviamente, no accederían a concentrarse ni a dejar las armas. Hay quienes creen que el presidente puede decretar en ese momento una nueva tregua bilateral mientras se resuelve el impase jurídico. Sin embargo, como no habría un solo peso del Estado para mantener a las Farc durante esa tregua, estas tendrían que volver a la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal para financiar sus estructuras. Ante esa nueva realidad, la fuerza pública tendría que actuar contra ellas, y la experiencia ha demostrado que es muy fácil pasar de escaramuzas a tragedias y, en consecuencia, a la radicalización de las dos partes. Es decir, mientras el país se encuentra en un limbo para salvar el proceso de paz, se podría producir una situación indeseable que genere rechazo generalizado y que haga aún más improbable una eventual renegociación.

Por otra parte, el concepto de renegociación es difícil de solucionar en la práctica. Además de las razones militares mencionadas, algunas consideraciones políticas y económicas complican las cosas. Cuando se habla de renegociación, se puede inferir por las encuestas que la gente rechaza sobre todo el modelo pactado de justicia transicional. El 70 por ciento de los colombianos dicen que los jefes guerrilleros deben ir a la cárcel y el 80 por ciento no quiere que estén en la política. A eso se suma que algunos sectores de la opinión exigen que las Farc deben entregar el dinero que se presume tienen escondido.

Pero el tema de la cárcel es innegociable para las Farc. Es un asunto de honor. Ellos no quieren volver al monte, pero prefieren hacerlo antes que aceptar que los traten como criminales. Por algo todas las negociaciones que se han llevado en el mundo en las últimas décadas han excluido la posibilidad de prisión para los excombatientes. Por lo tanto, gane el Sí o gane el No, celdas con barrotes no va a haber.

La participación en política aún es un interrogante porque es uno de los puntos que sigue sobre la Mesa en La Habana. Pero a pesar de las encuestas, la realidad es que la esencia de todo proceso de paz negociado es cambiar las armas por los votos. Eso lo reconocen hasta los críticos. Lo que se está discutiendo, por lo tanto, es un asunto de matices y no de fondo. Concretamente, si las cabezas de las Farc acusadas de delitos de lesa humanidad pueden ser elegidas a cargos públicos o no. La verdad es que ello ha sido mencionado como una posibilidad y ese sí es un sapo grande y difícil de tragar. Los negociadores de las Farc argumentan que no se puede hacer política sin líderes. Como este punto se refiere principalmente a los miembros del secretariado, quienes están negociando en Cuba, se trata en realidad de una concesión que beneficiaría a no más de diez personas. De estas, probablemente no más de dos o tres aspirarían al Congreso. Se especula que Iván Márquez, quien ya ha sido congresista, y Carlos Antonio Losada, quien ha adquirido una visibilidad pública durante el proceso, serían los más probables candidatos. No es una decisión fácil, pues tienen expedientes muy extensos. Pero en todo caso, se trata de una discusión sobre si dos o tres nombres pueden ir al Congreso o no. Sobre la amnistía al resto de la tropa no hay desacuerdo.

Y sobre el dinero, el problema es que, al igual que pasó con Pablo Escobar y los paramilitares, nadie sabe cuánto tienen ni dónde está. Y en ese sentido, todo depende de la voluntad política de las Farc. Ellos han aceptado en el acuerdo participar en la reparación material, pero hasta ahora no está definido cómo. Es difícil que vaya más allá de eso, pues su plata está más en caletas y en extensiones de tierra que en bancos suizos. Por lo tanto es un punto en el que el gobierno no tuvo instrumentos para negociar ni los tendría para renegociar.

Lo anterior deja la impresión de que de perder el Sí en el plebiscito, el margen de renegociación sería bastante limitado. Lo de la cárcel es un inamovible para las Farc y bajo ninguna circunstancia aceptarían nada diferente de la justicia transicional, que a regañadientes aceptaron en La Habana. Lo hicieron para blindar el proceso frente a una posible intervención de la Corte Penal Internacional, que no acepta impunidad total para los delitos de lesa humanidad. La corte pide que sean juzgados y sancionados, pero no menciona la palabra cárcel, y se da por descontado que la fórmula de La Habana es aceptable.

Por lo anterior, si el presidente pierde en las urnas con un acuerdo escrito con filigrana y cuidado durante cuatro años, y por el que se ha jugado su capital político, cualquier modificación que se podría hacer sería marginal. Tal vez por eso Santos ha descartado esa posibilidad a pesar de que la Corte Constitucional abrió esa puerta. Para él, el actual acuerdo significa todo o nada. Con una aprobación de apenas 30 por ciento, un fracaso en las urnas lo dejaría en la lona en términos políticos y con muy poca gobernabilidad para una renegociación, sobre todo si esa etapa coincide con la reforma tributaria. Lo mismo le puede suceder a Timochenko y al secretariado, quienes no solo han tenido que negociar el contenido de los acuerdos con el gobierno sino con sus bases. Si esto se cae, su liderazgo interno se deterioraría y se fortalecería la línea dura.

Algo que no se ha mencionado hasta ahora es que una derrota del plebiscito tendría consecuencias económicas importantes. Se ha generado un ambiente psicológico de una Colombia en paz, particularmente en la comunidad internacional. Para expertos como Armando Montenegro, Rudolf Hommes y Bruce Mc Master la pérdida de esa expectativa podría producir efectos como los que tuvo el brexit en el Reino Unido. La incertidumbre inevitablemente se traduciría en una caída en la economía.

El anterior escenario, sin embargo, es preocupante pero no es el único. Como volver a la guerra es un riesgo real, muchos creen que otros poderes y protagonistas intervendrían para evitar que el triunfo del No se convirtiera en un rompimiento total. Seguramente a nivel nacional e internacional se moverían fichas para reacomodar en alguna forma las cosas. El gobierno de Estados Unidos, el Vaticano, la ONU y múltiples jefes de Estado presionarían para evitar el hundimiento. En Colombia seguramente se intentará darle legitimidad a los acuerdos a través del Congreso. Algunos puntos, como los que tienen que ver con tierras, drogas y participación política, se tramitarían por iniciativa legislativa de los partidos que apoyan al presidente, lo cual lo dejaría a él con el sartén por el mango. Los dos que atañen al fin del conflicto y a las víctimas podrían terminar radicados como acuerdos especiales en Suiza y ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Santos descarta totalmente ese escenario. Está convencido de que el Sí va a ganar y, como él mismo lo ha dicho, no tiene plan B. Pero la realidad es que si él se para de la mesa ante una derrota, como ha dicho, su gobierno pasaría a la historia como otro de los que intentaron hacer la paz y fracasaron. Sería paradójico que a pesar de ser el único que logró un acuerdo con sus enemigos no pudiera convencer a su pueblo de las bondades del mismo. El esfuerzo ha sido demasiado grande y se ha llegado demasiado lejos, como para que este sea el último capítulo.