¿Qué pasó con la democracia participativa en Colombia?

Desde la promulgación de la Constitución de 1991 Colombia se convirtió formalmente en uno de los países más democráticos del mundo. La Carta del 91 entronó la democracia participativa para complementar y ampliar la abstracta democracia representativa, e inclusive, les dio rango constitucional a organismos de participación ciudadana como el Consejo Nacional de Planeación.

Luego, se pretendió desarrollar la democracia participativa con una completa ley de mecanismos de participación ciudadana (ley 134 de 1994) que dotó a los colombianos de importantes herramientas jurídicas para intervenir en los asuntos públicos y defender sus derechos fundamentales.

Apareció paulatinamente toda una serie de legislación especializada para promover la participación en diferentes campos como: el juvenil (ley 375 de 1997), el ámbito escolar (ley 115 de 1994), la agenda de paz (ley 434 de 1998), en la cultura (ley 397 de 1997), en la justicia (ley 294 de 1996), entre otros. De este proceso surgieron organismos novedosos como los consejos de cultura, juventud, los personeros estudiantiles, los manuales de convivencia, consejos de paz, las veedurías ciudadanas, los jueces de paz y los conciliadores en equidad, los comités de vigilancia. Toda una serie de espacios, instituciones y marcos legales dispuestos para facilitar y promover la inclusión ciudadana y la cohesión social en la elaboración, ejecución y control de las políticas públicas.

Pero si bien es cierto en el campo legal hubo toda una revolución democratizadora, en la realidad nuestro sistema político y social fueron muy pocos los avances para superar el autoritarismo, la exclusión y los vicios políticos de fondo. En la práctica poco ha cambiado, nuestra forma de asumir lo público siguió marcada por la violencia, por una mayor apatía y un creciente individualismo. Nuestra democracia no se ha fortalecido, como era la intención de la Constituyente, por el contrario luce más impotente ante los nuevos y mayores retos que le imprimió la Carta del 91. Por todo esto la democracia colombiana se terminó desenvolviendo durante todos estos años entre dos realidades tan disímiles, tan desconocidas entre si y tan incoherentes: la maravillosa realidad constitucional, la enredada realidad legal y la trágica realidad social.

Tú participas, yo participo: ellos deciden

Algunas preguntas nos sirven de punto de partida para analizar nuestra democracia 'participativa'. Por ejemplo, en una democracia participativa ¿debería el gobierno concertar la implementación de multimillonarios incentivos a transnacionales extranjeras? ¿Deberían concertar las fumigaciones con las poblaciones afectadas? ¿Deberían solicitar la opinión a los ciudadanos para firmar el TLC con los Estados Unidos? ¿Deberían preguntarnos sobre la decisión de comercializar nuestros bosques y selvas o la privatización del agua? Obviamente la respuesta es Sí, pero la realidad nos dice No.

A pesar de todo el desarrollo Constitucional y legal que tiene Colombia en materia de participación, hemos visto como la dinámica política y la toma de decisiones van en contravía y se inscriben más en procesos cerrados, unilaterales y excluyentes. La excesiva concentración de poder en cabeza del ejecutivo impide, inclusive, el perfecto desarrollo de la representación democrática que se expresa a través de los órganos colegiados. Los concejos municipales y las juntas administradoras locales, las asambleas departamentales y hasta el Congreso de la República, terminan sumidos en muchas ocasiones a los intereses y prerrogativas del gobierno de turno, y dejando a un lado su función de representar por medio de sus decisiones a los intereses ciudadanos que los convocan y mucho menos cumplen su función de control político, pilar fundamental de la democracia.

En el orden de ideas que la democracia participativa complementa, suple y fortalece la democracia representativa, la participación ciudadana, entendida en la elaboración, ejecución y control de las políticas públicas, es un escalón superior en la democratización de nuestro sistema social. Sin embargo primero debemos comenzar por construir un sistema de representación independiente frente al ejecutivo, transparente frente a las decisiones públicas y responsable hacia los ciudadanos, sin esto, la complementariedad de la participación es imposible o inútil.

Además, nuestra democracia participativa no pasará de ser un simple sofisma de distracción mientras no existan gobiernos comprometidos con generar las condiciones para la participación real de los ciudadanos y grupos de la sociedad civil preparados, activos y conscientes de sus derechos a conquistar y de los deberes que deben cumplir para hacer realidad los postulados democráticos.

Por esto, la democracia participativa debe salirse de las leyes y poblar las calles, las aulas escolares, las universidades, los barrios y comunas, los municipios, departamentos y el país, e incluso llegar hasta espacios supranacionales que permitan la participación de todos en decisiones sobre asuntos regionales o globales como la firma de tratados de libre comercio, o la suscripción de tratados internacionales de protección del medio ambiente, la lucha mundial antidrogas o el combate al terrorismo.

La democracia es un modo de vida que exige compromiso, tolerancia y concertación, lo demás es seguir repitiendo un discurso desgastado por el autoritarismo que impera en la cotidianidad de nuestras relaciones tanto públicas como privadas.

Participación ¿para qué?

Primero que todo hay que hacer una salvedad inobjetable: la participación es un medio no un fin., Participamos para alcanzar una meta, un logro, un proyecto compartido de país. Nuestra democracia es participativa porque nuestro Estado tiene unos fines que ha estipulado cumplir por medio de la participación ciudadana.

En Colombia, al establecerse el Estado Social de Derecho en la Constitución de 1991, la participación se convirtió en la herramienta idónea para materializar la justicia, la libertad y la igualdad. Debemos participar para superar los privilegios, las injusticias y los atropellos y, además, por que la inclusión ciudadana nos acerca a una mayor convivencia pacífica, a un mutuo respeto por los derechos humanos y a la construcción, en la diferencia, de un país comprometido con la dignidad humana.

Sin embargo, participar por participar parece ser la consigna y la forma cómoda como los gobiernos han decidido ejercer la democracia. Participar sin poder de decisión es una invitación falaz que recorre las agendas de los consejos de paz, de planeación, juventud o cultura; participación vacía que lleva al desgaste de las formas de organización de la sociedad civil, aumenta su apatía hacia lo público y termina causando el efecto contrario que buscaba la democracia participativa. Los ciudadanos y con ellos la participación han quedado inmersos en aparatos inoperantes que han terminado por profundizar la exclusión, la desconfianza y el distanciamiento con lo público, mientras las decisiones importantes se toman en círculos cerrados o en pequeñas tecnocracias alejadas por completo de nuestra realidad social.

La indiferencia ciudadana y la falta de voluntad política de los gobiernos para establecer la democracia participativa, es un fenómeno que se presenta desde lo local hasta lo nacional y que muestra una grave situación estructural que merece un acercamiento más cultural, sociológico y antropológico que el meramente jurídico.

Hacia una política pública de todos y para todos

La Constitución de 1991 y su desarrollo legal son un marco significativo para el fortalecimiento de la democracia, marco de acción que solo será real por medio de la apropiación, por parte de la sociedad civil, de los mecanismos, derechos y garantías estipuladas para superar el autoritarismo y la exclusión en la elaboración de las políticas públicas.

Por esto, la participación debe responder a la gran diversidad étnica, cultural, política y social que posee el país. Deben propiciarse espacios incluyentes, amplios y representativos de las distintas expresiones ciudadanas, en un proceso de tolerancia, igualdad y respeto por las opiniones encontradas.

Realizar una apuesta por la democracia implica hacer de los espacios de participación organismos vivos, activos y decisorios en la vida local y nacional, no simplemente espacios consultivos que terminan por obviarse, ignorarse al no ser tenidos en cuenta.

Por esto los consejos de juventud no pueden convertirse en aparatos sin rumbo o en espacios de reproducción de nuestro dañino sistema político y electoral, su composición y ejercicio, deben representar por el contrario la renovación de la forma de hacer política en Colombia encarnada en el liderazgo de las nuevas generaciones. Los consejos de planeación deben ocupar el sitio protagónico de la planeación territorial que les dio la Constitución del 91, y ser poblados por personas que representen verdaderos intereses ciudadanos y faciliten la conexión del Estado con la sociedad. Los consejos de cultura están llamados a rescatar los valores esenciales para la construcción de identidad, a ser canales a través de los cuales dialogue nuestra enorme diversidad y se llegue a plasmar la tolerancia en la diferencia a través de planes culturales amplios, representativos y constructores del sentido de nación y no simplemente reuniones de artistas cercanos a las administraciones y sin poder real de toma de decisiones. La Justicia Comunitaria debe avanzar más allá de ser una estrategia de descongestión de despachos judiciales y construir un proyecto político para acercar la ley y la justicia a nuestros complejos contextos sociales, económicos y culturales. Los consejos de paz deben ser la fuente de la unidad en la construcción de la política de reconciliación nacional; su integración debe ser un motivo de la más alta responsabilidad por cuanto su labor significa el paso para avanzar hacia una sociedad para la convivencia pacífica, el respeto por los derechos humanos y la superación de los factores esenciales del conflicto.

La sociedad colombiana necesita no solo ser objeto de políticas públicas, sino ante todo ser sujeto activo de espacios de transformación social, cultural y política. Mejor dicho, requiere para su cabal reconocimiento que se le brinde 'participación' en el más amplio sentido de la palabra. Participación en la construcción activa de la materia y la simbología social, participación como posibilidad de ejercer su influencia en el país en los procesos sociales, económicos y políticos que le competen, y participación para buscar conjuntamente en la diferencia, las salidas a nuestra terrible enfermedad bélica.

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*Gabriel Bustamante Peña es asesor jurídico-político de la Corporación Viva la Ciudadanía.