Quién dijo miedo

Nadie tiene expectativas de que las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe por las 'chuzadas' del DAS lleguen a alguna parte. Más allá de la fortaleza o debilidad de los argumentos de quienes lo han demandado, el trámite le corresponde a una de las entidades menos eficaces y más controvertidas del sistema de justicia en Colombia: la Comisión de Acusaciones, que tiene la responsabilidad de tramitar las denuncias penales contra el presidente, el fiscal y los magistrados de las Altas Cortes.

Lo más probable es que el proceso siga el mismo rumbo de la enorme mayoría de los casos que han pasado por sus manos durante años. Para empezar, porque sus 19 miembros tienen la tarea imposible de tramitar 1.100 casos pendientes: 300 sobre magistrados de las Altas Cortes, 200 del Consejo de Estado, 128 contra fiscales y 204 contra miembros del Consejo Superior de la Judicatura. Los expresidentes también tienen sus pendientes: Pastrana, siete y Samper y Gaviria, dos cada uno. El actual mandatario, Juan Manuel Santos, en solo nueve meses ya acumula nueve.

Pero de lejos, el expresidente que más contribuye a la congestión de la Comisión es Álvaro Uribe: tiene 242 investigaciones en su contra. Y entre ellas sobresale la de su eventual responsabilidad en las tareas de espionaje ilegal hechas por el DAS contra la Corte Suprema de Justicia y contra la oposición. El tema, por su naturaleza, tiene una sensibilidad especial, y por eso algunos observadores piensan que la Comisión no tendrá más remedio que tomárselo en serio. Esa suposición se basa en tres puntos. El primero es que varios testimonios de personas involucradas dicen que el destino de la información recogida por el DAS era el presidente. El segundo es que la Corte acaba de dictarle orden de detención a la expresidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez por haber sido receptora de datos obtenidos por el DAS contra la oposición. Y el tercero, que una jurisprudencia de la Corte Suprema de septiembre de 2009 establece la figura de la "coautoría por cadena de mando", que afecta a quienes ocupan la cúpula de organismos involucrados, colectivamente, en hechos punibles. Los miembros de la Comisión tendrán que tener en cuenta estos conceptos jurídicos, además de que están en la lupa de algunas ONG y líderes de opinión.

Tal vez por eso el secretario de la Comisión, Gonzalo Pinzón, afirma que "ha sido un proceso muy accidentado". Tres ponentes designados se han marginado del caso, por diversas razones. El primero fue el representante paisa Augusto Posada, del Partido de la U, quien se apartó para evitar una recusación de Piedad Córdoba, a quien había demandado por "traición a la patria". El segundo fue el conservador Alfredo Bocanegra, quien no duró mucho porque recibió una llamada del expresidente Uribe, indignado por las declaraciones de Bocanegra a un diario del Tolima en las que afirmaba que "en mí, Uribe no va a encontrar el Heyne Mogollón que Samper sí". El abogado de Uribe, Jaime Lombana, recusó a Bocanegra y este abandonó la investigación.

La semana pasada se produjo la tercera deserción: Camilo Abril, representante del Guaviare por Cambio Radical, renunció solo tres días después de haber sido designado. Según él, había recibido amenazas al momento de investigar otro caso que afectaba a Uribe cuando fue gobernador y no quiso exponerse a que se repitiera el episodio: renunció a la investigación.

Lo cierto es que el uribismo logró una mayoría amplia en la Comisión de Acusaciones cuando se conformaron las mesas directivas y las comisiones del Congreso, en julio de 2010. La U tiene mayoría y los partidos de oposición no tienen un solo miembro. Por esto, y por la abrumadora cantidad de casos que debe revisar la Comisión, lo más probable es que se consolide la fama de este organismo como "Comisión de Absoluciones".