¿Quién tiene el control en Medellín?

Como en los peores años del paramilitarismo, 40 familias tuvieron que desalojar una vereda en Medellín. Del empinado sector de La Loma, en el corregimiento de San Cristóbal, desfilaron con sus enseres al hombro. Esa fue la respuesta a la amenaza de los hombres armados que pasaron golpeando con patadas cada puerta el domingo 5 de mayo con una orden perentoria: desalojar a más tardar en 24 horas.

Esa amenaza se dio después de la muerte de dos hombres en la parte alta de la vereda. Los dos, según el comandante de la Policía de Medellín, general José Ángel Mendoza, al parecer pertenecían a la banda La Loma, y estaban haciendo vigilancia cuando llegaron sus enemigos del combo El Chispero y los mataron. Como retaliación, dijo el general, los de La Loma bajaron y amenazaron a los habitantes por haber dejado pasar a sus verdugos. 

Las familias acataron la orden y emprendieron la huida. Sobre la marcha, llamaron a sus parientes para buscar morada en la noche de aquel domingo. El lunes era innegable el desplazamiento. Llegaron la Policía, el Ejército y funcionarios de la Alcaldía de Medellín. Y lo paradójico fue que en vez de contener la huida y tomar el control del territorio, terminaron cargando los enseres para subirlos a camiones. Según el general José Ángel Mendoza, los agentes le dijeron a la gente que no se fueran, que los iban a proteger. Pero se negaron.

“Nosotros no los podíamos obligar a que se quedaran. Ya cuando usted ve que hay ancianos cargando sus cosas, lo que hace en ese momento es ayudarles”, dijo. El vicealcalde de Gobernabilidad de Medellín, Luis Fernando Suárez, dijo que en esta situación, ayudar al desplazamiento “se vuelve una labor humanitaria”. Lo que pasó en La Loma despertó críticas. ¿Por qué la fuerza pública y la Alcaldía permiten que el ‘armado’ desaloje a la gente?, era la pregunta más recurrente.

“El sector es de gente sana, campesinos que desde hace décadas se instalaron allí”, cuenta Fernando Quijano, de la ONG Corpades. Los habitantes construyeron sus casas y por eso las escenas de llanto y tristeza dejaron claro que quienes huían estaban dejando una parte importante de sus vidas. 

El problema es que viven en un punto estratégico, una zona rural que queda al lado de la comuna 13 y comunica con rutas de armas y narcotráfico. Todos los grupos que participan en la guerra criminal de Medellín quieren quedarse con ese sector. De hecho, en la parte alta de la vereda, donde están asentados ahora los del combo La Loma, se han dado varios desplazamientos y la gente nunca vuelve.

El fenómeno del llamado desplazamiento intraurbano en Medellín no es nuevo. A veces es masivo, como este, y en otras ocasiones, silencioso, con pocas víctimas. “Los grupos armados hacen salir a la gente de sus casas para quedarse con ellas y montar allí centros de operaciones o para arrendarlas a otros habitantes que consideran de confianza”, explica Carlos Arcila, estudioso del conflicto en la ciudad. 

La Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá ha documentado centenares de casos de personas que, después de huir, intentan volver a sus casas y las encuentran ocupadas. De hecho, la muerte de los hombres en La Loma se dio mientras vigilaban desde una terraza en un sector que ya habían despojado.

Lo que hizo visible este desplazamiento fue que se realizó a plena luz del día y con presencia de la fuerza pública y funcionarios de la Alcaldía de Medellín ayudando en la huida. Pero este no ha sido el único con esta particular característica. Desde 2010, el entonces personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, alertó al respecto. “La Personería ha recibido un gran número de personas escoltadas por la fuerza pública que llegan a declarar su situación de desplazamiento forzado como consecuencia de la derrota del grupo ilegal que operaba en su territorio”, consta en un informe.

En ese entonces, la Personería y la Alcaldía detectaron una particular coincidencia. Luego de operativos policiales o de que aparecieran muertos integrantes de alguna banda, venían las represalias del combo afectado y la gente tenía que huir. Ocurre también que vecinos armados de palos, machetes y piedras hacen desalojar a vecinos de grupos ilegales. Así lo registró la Alcaldía en un informe. 

En esa ocasión, 100 personas del barrio Manrique, incluidos miembros del combo Los Balcones, salieron con palos, piedras y armas, en la noche del 20 de agosto de 2010. Dañaron luces del alumbrado público y saquearon casas y esto provocó un enfrentamiento con el combo Los del Desierto. De acuerdo con el informe, “al finalizar la asonada la Policía escoltó a los miembros del combo de ‘Los del Desierto’ que no quisieron ceder ante el triunfo eminente del grupo adversario. Con ellos también salieron del barrio sus familias, quienes después declararon su situación de víctimas de desplazamiento forzado ante el Ministerio Público”.

En la Policía han explicado que ante una situación de estas, los patrulleros tienen en primer lugar que cuidar la vida de las víctimas. Sin embargo, el expersonero Jairo Herrán Vargas siempre ha sido crítico e insiste en que “la Alcaldía y la Policía están para garantizar el derecho de residencia. Cada persona tiene derecho a decidir donde quiere vivir”. Las respuestas que se han dado en estos casos, aunque pueden ser comprensibles, dejan en todo caso una pregunta de difícil respuesta: ¿Quién tiene el control?