Rafael Correa, el bueno... Rafael Correa, el malo

Sobre Rafael Correa podría decirse, sin temor a equivocarse, que es un presidente bipolar. El mandatario de Ecuador le enciende una vela a Dios y otra al diablo. En las últimas horas, Correa ha recibido ovaciones por su vehemente defensa de los derechos del extécnico de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Edward Snowden y el fundador de Wikileaks, Julian Assange; pero también ha sido abucheado por sus políticas restrictivas de la libertad de prensa en su propio país.

En efecto, Correa aseguró este miércoles que Snowden, quien solicitó asilo a esta Nación andina, denunció “terribles cosas” que se hacían “contra el pueblo norteamericano y el mundo entero”. Así reaccionó el presidente en su cuenta de Twitter ante el editorial de Washington Post, titulado “Caso Snowden destaca doble rasero de Ecuador”.

En ese texto, el diario estadounidense señala que tener a Snowden, supuestamente, permitiría a Correa reemplazar al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como el “principal demagogo antiestadounidense del hemisferio”.

“La caretucada (descaro) del siglo: Washington Post ‘acusa’ a Ecuador de doble estándar. ¡Vaya descaro! ¿Se dan cuenta del poder de la prensa internacional?”, trinó Correa.

“Han logrado centrar la atención en Snowden y en los ‘malvados’ países que lo ‘apoyan’, haciéndonos olvidar las terribles cosas que denunció contra el pueblo norteamericano y el mundo entero. El orden mundial no sólo es injusto, es inmoral”, añadió el jefe de Estado.

El Gobierno de Ecuador aseguró este martes que espera una información por escrito por parte de Estados Unidos sobre la situación legal de Snowden, quien solicitó asilo el pasado domingo a Quito tras revelar programas secretos de espionaje telefónico y por internet.

Como ya se conoce, el extécnico de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (SNA) sacudió a EE. UU. con sus revelaciones sobre los programas de espionaje telefónico e informático emprendidos por el Gobierno estadounidense.

Mientras Correa defiende a Snowden, no pierde de vista a Julian Assange. El fundador de Wikileaks, asilado hace un año en la embajada ecuatoriana de Londres, está a la espera de que Reino Unido le entregue un salvoconducto con el cual pueda salir de ese país.

Las autoridades británicas han ratificado que tienen la orden de detener a Assange para entregarlo a la justicia de Suecia, donde es requerido por denuncias de supuestos delitos sexuales, los cuales él niega.

Assange ha expresado su temor de que si, eventualmente, es trasladado a Suecia, ese país podría extraditarlo a EE. UU., donde podría enfrentar cargos penales y condenas de cadena perpetua o pena de muerte.

Mientras Correa busca convertirse en un icono mundial de la libertad de expresión en el planeta, en Ecuador marcha en sentido contrario. En su propio país instauró una nueva Ley de Comunicación, que castiga el "linchamiento mediático", es decir, los ataques reiterados en los medios para menoscabar la imagen de personas o instituciones, lo que ha generado aplausos de sus copartidarios y críticas por parte de ciertos sectores profesionales.

Al respecto, el diario ecuatoriano El Universo, que criticó al Gobierno, cita este miércoles un editorial de Washington Post, en el que presume que “si Snowden hubiera hecho su filtración en Ecuador, no solamente él, sino cualquier periodista que recibiera su información, podría ser sujeto a inmediata sanción financiera, seguida por un procesamiento”.

La normativa, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 14 de junio, es considerada por el oficialismo como un freno a los supuestos abusos de la prensa, mientras sectores periodísticos y organizaciones de defensa de la libertad de expresión la tachan de ser una norma “mordaza”.

Sobre la promulgación de esta norma, el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo, dijo que es "negativo para el periodismo independiente, la prensa privada y la libertad de expresión en Ecuador”.

“Implica un golpe muy fuerte al desarrollo y la protección de los derechos fundamentales, incluidos la libertad de expresión y la opinión”, dijo Cornejo a la agencia de noticias EFE.

Entre las novedades de esta ley, además de la creación de la figura del 'linchamiento mediático', está la Superintendencia de Información y Comunicación, que se encargará de la “vigilancia, la auditoría, la intervención y el control”, de los medios de comunicación.

También instituye el Consejo de Regulación de Medios, que tendrá atribuciones en materia de acceso a la información, contenidos y franjas horarias, reglamentos e informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras competencias.

Esta ley “busca castigar la opinión crítica a la gestión de las autoridades y funcionarios públicos”, según Cornejo, quien consideró que la figura del 'linchamiento mediático' esta “descrita en términos muy vagos y generales” e “implícitamente propende a la censura previa de la información”.

Con motivo de su entrada en vigor, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió desde Miami que la nueva ley oficializa una nueva serie de "delitos de prensa" que privilegian al Gobierno sobre el derecho a la información de los ciudadanos como el 'linchamiento mediático'.

Para Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, esta nueva ley “debilitará los procesos de investigación periodística e impedirá que el público y la ciudadanía conozcan lo que los poderes tratan de ocultar”.

“La Ley no sólo valida la mordaza sino que establece la censura previa y crea las instancias que identificarán y sancionarán las violaciones, dando al oficialismo el poder absoluto para eliminar las libertades de expresión y prensa”, agregó Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda.

Añadió que a la SIP no le sorprende “que el Gobierno del presidente Correa continúe creando 'delitos de prensa' con el objetivo de blindar a su Gobierno de la crítica y la rendición de cuentas y, al mismo tiempo, le siga dando la espalda a los ciudadanos".

Finalmente, también la Unión Europea (UE) se pronunció sobre la nueva ley y mostró su "preocupación" por la salud de la libertades de prensa y de expresión en Ecuador.

“La UE expresa su preocupación por la recientemente aprobada Ley de Comunicación”, dijo, en un comunicado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).