“El consumo de coca en Estados Unidos aumentó”: Rafael Pardo

Tal como se anticipaba, la cifra de crecimiento de plantaciones de coca en Colombia resultó apabullante: de 96.000 hectáreas en 2015 pasó a 146.000 en 2016. Una variación del 52 por ciento que pone al país en el centro de una lluvia de cuestionamientos, los más severos provenientes de Washington. El estudio que anualmente hace el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), a cargo de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, revela también que en la región central se halla el principal foco de crecimiento, con un incremento del 147 por ciento, pasando de 16.400 hectáreas a 40.500.

Para enfrentar el problema el gobierno tiene un plan de zanahoria y garrote para restar 100.000 hectáreas. De un lado, en un año el vicepresidente Óscar Naranjo, en asocio con el Ministerio de Defensa, deberá adelantar la erradicación manual de 50.000. Naranjo asegura que en el primer semestre del año en curso ya han erradicado 20.243 hectáreas. Por otra parte, el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, deberá sustituir otras 50.000 hectáreas por medio de un nuevo plan que explicó a SEMANA.

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SEMANA: ¿Qué explicación hay para la trepada histórica de las hectáreas de coca?

RAFAEL PARDO: El principal factor es la devaluación del peso frente al dólar (de 2.800 pesos por dólar hasta 2015, pasamos a 3.000 pesos). Eso mejoró el negocio para el campesino, el intermediario y distribuidor, como ocurriría con cualquier exportación. En el gobierno estamos convencidos de que también incidió lo que se acordó en el proceso de paz, que estimuló a muchos a sembrar porque sabían que vendría un programa. Este solo se concretó a finales de enero pasado, pero se viene hablando de la iniciativa desde hace dos años. Otro elemento es el aumento del consumo de coca en Estados Unidos.

SEMANA: La lucha contra las drogas es una historia de fracasos. ¿Por qué pensar que esta vez cambiará?

R.P.: Primero, porque ahora las Farc están de este lado y no del otro. Segundo, porque tenemos condiciones de seguridad que permiten mucho mayor control territorial. Tercero, porque la nueva estrategia es un proceso de participación a nivel de núcleo de productores, es decir, no es un plan contra los productores sino con ellos, que toman los elementos transformadores para cambiar su modelo de subsistencia.

Infografía: ¡cultivos ilícitos aumentaron el 52 %!

SEMANA: A pesar de que haya más consumo en Estados Unidos se sigue mirando hacia el primer eslabón, la producción. ¿Qué tanta incidencia tiene la presión internacional en los planes del gobierno?

R.P.: Quienes han revisado el programa seriamente le dan una ventana de oportunidad muy grande, piensan que funcionará y nosotros también. Estamos buscando corregir los problemas. Por supuesto, hay personas que dicen que no va a funcionar, como todo. Decían que las Farc no se desarmarían y vemos que entregaron sus fusiles. Esta estrategia no tiene un modelo similar comparable, es una apuesta inédita producto de estudiar muchas experiencias propias y foráneas.

SEMANA: Usted tiene a cargo el Plan Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, ¿en qué consiste?

R.P.: El gobierno pretende erradicar 50.000 hectáreas y reducir en un año los cultivos en otras 50.000 vía sustitución. El 80 por ciento de la coca está en cerca de 45 municipios. El 40 por ciento está en solo 11 de estos. Hacia allá apuntamos. El plan requiere que cada vereda, es decir, entre 50 y 100 familias, acepte participar. Ya tenemos 40 acuerdos colectivos en 13 departamentos, que acogen a 85.000 familias que estiman producir cerca de 75.000 hectáreas de coca. Los partícipes se comprometen a tumbar la coca, a no resembrar y reciben un millón de pesos mensuales por un año, asistencia técnica para otro tipo de cultivo, y, por una vez, 19 millones de pesos en dos años para poder sembrar otra cosa.

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SEMANA: ¿Cómo pueden estar seguros que no habrá resiembra?

R.P.: Queremos que el monitoreo anual Simci se haga desde ahora cada dos meses. Contamos además con un sistema propio aerofotográfico que opera la Policía, y que puede hacerse en zonas específicas cada 15 días o un mes para determinar posibilidades de resiembra. También se hará control territorial. El Ejército que estaba en combate permanentemente tiene ahora misión de controlar unas zonas; la Policía, por su parte deberá vigilar temas de legalidad, las nuevas condiciones de seguridad permiten mucho más control en ese sentido. Además, las Farc están completamente comprometidas.