Viviane Morales descubre “orangután” que consagra impunidad a magistrados

Antes de Semana Santa, el Gobierno y senadores de varios partidos políticos se 'tomaron la foto' tras haber llegado a un consenso en torno a la reforma al equilibrio de poderes. El principal punto de acuerdo fue el denominado tribunal de aforados, que pretende reemplazar a la Comisión de Acusaciones en el juzgamiento de magistrados y fiscal general.

Ante el escándalo de Jorge Pretelt en la Corte Constitucional, el Gobierno accedió a que este tribunal de aforados investigue y acuse ante la Corte Suprema de Justicia sin necesidad de un antejuicio político en el Congreso. La conclusión fue que ahora a los magistrados sí habrá quien los juzgue.

Esa propuesta fue rechazada el pasado semestre por el Gobierno, que sólo promovió un cambio de nombre a la Comisión de Acusaciones. Varios congresistas explicaron que esa decisión obedeció, entre otras, a una fuerte presión al Congreso por parte de algunos magistrados. En su momento se dijo que un punto de honor para los magistrados era seguir siendo investigados con las condiciones establecidas en la Constitución del 91, las cuales no han permitido desde entonces que un solo magistrado o fiscal general haya sido acusado ante el Congreso.

La senadora Claudia López, el pasado mes de diciembre, afirmó que los magistrados querían seguir manteniéndose en una total impunidad.

Dos semanas atrás, la propia senadora López propuso llegar a un acuerdo con el poder judicial. Ventiló que los magistrados estaban atemorizados de que fueran a ser juzgados por el fondo de sus sentencias, por lo que aceptó que a estos servidores se les contemplara gozar de inviolabilidad por parte de sus sentencias.

Todo con el propósito de que no se atravesaran a la intención de los partidos políticos de darle más dientes al juzgamiento de aforados.
 
En la ponencia para quinto debate fue incluido un artículo que consagraría la inviolabilidad. “Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y el fiscal general de la Nación son inviolables por el contenido de las providencias judiciales, salvo que se demuestre que estas fueron proferidas con el propósito de favorecer indebidamente intereses propios o ajenos, o que hayan incurrido en causales de indignidad por mala conducta”.

Sin embargo, para la senadora liberal Viviane Morales ese artículo es el mayor 'orangután' que se le ha colgado a la llamada reforma al equilibrio de poderes. Incluso calificó como un engaño este proyecto que el presidente Juan Manuel Santos presentó como la salida a la gran crisis que vive la justicia en nuestro país y como respuesta a la expectativa de la gente en relación con la necesidad de que los magistrados de las altas cortes tengan un juez real y eficaz.

Para Morales presentaron, sin el menor recato, la consagración de la inviolabilidad para los magistrados de las altas cortes y el fiscal general, “lo que quiere decir, ni más ni menos, que dichos funcionarios pasan de ser aforados -tenían un juez aunque inoperante- a convertirse en intocables, pues la inviolabilidad no es otra cosa que la irresponsabilidad absoluta por las decisiones judiciales que tomen”.
 
La senadora dice que a la luz de pronunciamientos de la Corte Constitucional, la inviolabilidad “significa la exclusión de la persecución penal y de toda demanda civil por los votos u opiniones generados en el ejercicio de su cargo” o, de otra manera, “una eximente en cuya virtud la acción realizada, aunque se corresponda con un supuesto delictivo, no resulta punible”.
 
“Esto implicaría que, de ahora en adelante, un magistrado de una alta corte o el fiscal general, aunque llegaren a dictar una providencia manifiestamente contraria a la ley (prevaricato) o arbitraria o injusta (abuso de autoridad), no podrían ser investigados, juzgados y menos condenados”, explica Morales, quien fue fiscal general de la Nación.
 
La senadora dice que si el Congreso concede la inviolabilidad a los magistrados no se les podrá abrir investigación a propósito de cualquiera de sus actuaciones, pues de entrada nadie tendrá competencia para examinar el contenido de la providencia judicial.

“¿Cómo demostrar el interés oscuro que puede existir detrás de una decisión, si no se puede examinar el contenido de tal decisión?”, se pregunta la congresista, al tiempo que asegura que Gobierno y ponentes “mienten cínicamente” cuando afirman que los magistrados ahora sí tendrán juez y ley.

“Tendrán juez con las manos atadas para investigar, será pantomima de juez; pero tampoco tendrán ley porque cuando no se tiene que responder por lo que se hace (inviolabilidad), no existe el imperio de la ley”.
 
Morales, en el pasado, fue una de las principales defensoras de la inviolabilidad parlamentaria. De hecho, se recuerda cómo, en la década de los 90, fue acusada de prevaricato por haber sido una de los 108 representantes que votaron por la preclusión de la investigación contra el presidente Ernesto Samper por el proceso 8.000. Ella presentó una tutela y consiguió ser absuelta luego de que la Corte Constitucional le dio razón en el sentido de que el voto parlamentario es inviolable.
 
Ahora, Morales calienta el debate en torno al juzgamiento de aforados. Asegura que este artículo que consagra la inviolabilidad es una especie de transacción con los magistrados. “Yo sí me preguntaba el porqué de la actitud benevolente de los altos funcionarios de la rama judicial frente a esta nueva ponencia, actitud totalmente diferente a la del semestre pasado, cuando de manera beligerante arrinconaron al Gobierno y a los ponentes y los hicieron capitular”.
 
Este martes, la Comisión Primera del Senado empezará el quinto debate de la reforma al equilibrio de poderes. La discusión ahora estará concentrada en este artículo, que para Viviane Morales es “un esperpento”, como el de la fallida reforma a la justicia.