Reforma a la Justicia: salvan investidura de los 12 conciliadores

La sepultada reforma a la Justicia, uno de los más controversiales capítulos en el primer período presidencial de Juan Manuel Santos, tuvo su último capítulo este martes, cuando el Consejo de Estado les ‘perdonó la vida’ a los 12 congresistas que conciliaron los textos aprobados por el Senado y la Cámara de esa iniciativa y fueron señalados de incluirle verdaderos ‘orangutanes’.

La polémica, que ya venía encendida por las escandalosas prebendas para congresistas y magistrados que ya habían sido denunciadas, estalló cuando se conocieron las demás que incluía el documento resultante, al punto de que el mismo presidente Santos debió salir a objetar la iniciativa y pidió al Legislativo que la hundiera.

El asunto fue tan grave que tumbó al entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien decidió renunciar en medio de la hecatombe y, además, salpicó a su antecesor y actual vicepresidente, Germán Vargas Lleras. Ambos participaron en las negociaciones del proyecto de acto legislativo.

Mientras que la iniciativa fue atajada, el proceso ante el Consejo de Estado tomó su rumbo sin mucho ruido hasta este martes, cuando fue acogida la ponencia de la magistrada María Claudia Rojas, la cual señaló que esos 12 congresistas participantes en la conciliación nunca legislaron en causa propia, con lo que pueden conservar sus investiduras.

Los congresistas que protagonizaron este tristemente célebre episodio fueron los senadores Jesús Ignacio García, Eduardo Enríquez Maya, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque y Martín Emilio Morales.

Así mismo hicieron parte los representantes a la Cámara Alejandro Carlos Chacón Camargo, Germán Varón Cotrino, Carlos Edward Osorio, Gustavo Puentes Díaz, Orlando Velandia Sepúlveda y Roosvelt Rodríguez Rengifo.

Dentro de los principales argumentos para su decisión, el Consejo de Estado argumentó que los senadores y representantes a la Cámara ostentan una inmunidad constitucional que los protege de cualquier tipo de juzgamiento por labores inherentes a su labor legislativa.

La providencia indicó que no se aportaron por parte del demandante, el abogado Saúl Villar, mayores elementos probatorios para demostrar injerencia de los congresistas en la inclusión de los ‘micos’ del fallido proyecto.

Para la Corporación, a la luz del Código de Procedimiento Civil, los artículos periodísticos (incluidos en la demanda) no constituyen una prueba en el proceso, puesto que “solamente relacionan un hecho que tiene que ser corroborado con elementos recaudados en el expediente”.

Esta decisión acoge lo propuesto por la Procuraduría, que en su concepto solicitó absolver a todos los legisladores porque no se demostró “(…) mediante pruebas la supuesta presión indebida de los congresistas para realizar modificaciones en el proyecto que fue probado por el Senado y la Cámara”.