Trayecto político de la reforma tributaria

Si en algo están de acuerdo los amigos y los enemigos del proyecto de reforma tributaria es en que el gobierno no la tendrá nada fácil en el Congreso. El tiempo para tramitarlo es limitado: solo quedan siete semanas y los ánimos en el Legislativo están caldeados desde cuando triunfó el No en el plebiscito.

Aunque el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, está confiado en que tendrá tiempo suficiente para explicarla en las comisiones económicas y luego en las plenarias, los analistas creen que más de 300 artículos son difíciles de manejar en tan corto lapso. La reforma tributaria será un hueso duro de roer a pesar de que, tras lo sucedido con el plebiscito, los congresistas se quedaron sin agenda más allá de los debates de control político.

El exministro Juan Camilo Restrepo dice que la situación se ha enredado no solo porque no se ha dilucidado aún el diálogo político entre el Sí y el No, sino porque, ante lo avanzado de los calendarios, ya algunos partidos políticos como el Centro Democrático, el liberalismo, y buena parte del conservatismo empiezan a tomar distancias frente a ella. “El clima político está caldeado. No se pudo escoger un momento más desacertado para desembarcar con una reforma tributaria”.

La verdad es que esta normatividad, que para muchos técnicos y académicos está bien sustentada, para los políticos es inapropiada. El gobierno lo entiende así y por eso, en sus cálculos para tratar de suavizar el trámite legislativo, dejó por fuera muchas de las recomendaciones de la misión de expertos tributarios, como ampliar la base, gravar las pensiones o meterse más hondamente en los dividendos.

Pero lo más probable es que cada tema propuesto por el gobierno encontrará una contrapropuesta entre los congresistas. Ya algunos han comenzado a reaccionar contra varios artículos. Por ejemplo, frente al impuesto a las bebidas azucaradas, muchos han expresado un rechazo rotundo. Ni qué decir del aumento del IVA de 16 a 19 por ciento, a lo cual se oponen varias bancadas. La verdad es que esta reforma toca demasiados intereses económicos de grupos poderosos, y en esta medida aumentará la presión en el Congreso.

Por definición, incrementar impuestos o modificar una estructura tributaria no tiene simpatías en el Capitolio. Ese tema no les gusta a los electores y es, a la vez, un asunto de complejas dimensiones técnicas. Y el Congreso es, por naturaleza, un escenario político. En un momento tan complejo como el actual, después de la derrota del gobierno en el plebiscito y en un clima de rechazo a su gestión, sacar adelante proyectos impopulares es aún más difícil.

En un panorama tan nublado, los congresistas sienten que su apoyo al gobierno se valoriza y eso, a su vez, los lleva a hacer más exigencias. Pero el capital gubernamental, tanto en lo económico como en lo político, está devaluado. El palacio presidencial no tiene un amplio margen de maniobra y todo esto se refleja en el factor tiempo. Al ministro Cárdenas le conviene un debate rápido y, en lo posible, sin muchos cambios. Y los congresistas buscarán todo lo contrario: negociar punto por punto, aliviar las cargas de quienes los apoyan e introducir criterios que impactan a sus regiones. La misión para los ministros del Interior y de Hacienda –Mauricio Cárdenas y Juan Fernando Cristo-, que además militan en equipos distintos, no es nada fácil.