Los ‘Beverly pobres'

Puerto Gaitán, uno de los municipios más pobres de Meta, vio desfilar durante varios años a cantantes de la talla de Marc Anthony, Juan Luis Guerra y Daddy Yankee en conciertos multitudinarios donde el dinero corría a raudales durante el Festival de Verano de Manacacías. Pero el pasado enero, después de 18 años, la Alcaldía suspendió el evento por falta de recursos y patrocinadores. Así, la población llanera, que gastó a manos llenas recursos de las regalías, vio, al igual que cientos de municipios petroleros, cómo la bonanza llegó a su fin.

En los tiempos del boom minero-energético, la vida en estas poblaciones hacía recordar las extravagantes situaciones de la clásica serie de televisión Los Beverly ricos, una familia de campesinos a la que le cambió la vida cuando en su granja brotó un pozo de petróleo. De la noche a la mañana, los protagonistas se hicieron ricos, por lo que se instalaron en Beverly Hills, un lujoso barrio de Los Ángeles, para darse la gran vida.

Guardadas las proporciones, esto es lo que vivieron muchos pueblos colombianos con la bonanza petrolera. Con precios del barril de crudo que superaban los 100 dólares, ni las compañías ni los mandatarios locales reparaban en gastos. Además, se configuró una situación ficticia de que Colombia era un país petrolero porque alcanzó la meta de 1 millón de barriles por día, lo cual, incluso, le permitió ingresar al club de las principales 20 naciones petroleras del planeta.

El derroche en muchas de estas poblaciones quedó plasmado en obras millonarias que se construyeron con las regalías y que terminaron abandonadas. En la Jagua de Ibirico, Cesar, la maleza devoró más de 400 unidades sanitarias. Muchas vías quedaron a medio camino, así como centros deportivos y parques.

En Puerto Gaitán, cuyo servicio de acueducto y alcantarillado no cubre ni a 50 por ciento de la población, construyeron un gran arco en el que se invirtió cerca de 1 millón de dólares. La Puerta al Paraíso, como se llama este monumento, encierra la paradoja de los municipios petroleros y mineros que hoy no viven precisamente en el paraíso, sino en una situación más parecida al purgatorio. Del derroche queda muy poco. A pesar de que en la última década las regiones recibieron por concepto de regalías más de 60 billones de pesos, la bonanza no se sembró.

“Los Beverly pobres no son solo los campesinos de las regiones petroleras, sino toda Colombia”, dice un directivo de una compañía de esta industria, que recuerda lo que pasó en Bogotá donde los precios de la vivienda, de los restaurantes y los hoteles se dispararon.

El fisco nacional sí que ha sentido con fuerza la crisis del petróleo. En 2016 dejará de recibir 20 billones de pesos. Según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), en los últimos años la industria giró más de 200 billones de pesos en regalías, impuestos y dividendos y las exportaciones petroleras representaban 50 por ciento de todas las ventas externas del país.

Las vacas flacas

En 18 meses, el precio del petróleo cayó 74 por ciento. De 115 dólares a mediados de 2014 el barril pasó a 30 dólares a comienzos de este año. Esto impactó a las petroleras, que vieron reducir dramáticamente sus ingresos, y a todas las empresas asociadas al sector.

Los municipios productores de inmediato sintieron las consecuencias del golpe que sufrieron las compañías, pues estas comenzaron a despedir trabajadores y a cancelar o renegociar contratos con proveedores. Varias empresas se han retirado de las zonas, otras han desaparecido y varias más han tenido que reducir sus costos.

Según la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), la pérdida de empleos en las zonas productoras asciende a 60.000. Rubén Darío Lizarralde, presidente del gremio, dice que las actividades de exploración están prácticamente suspendidas y que en 2015 disminuyeron 80 por ciento.

Esta difícil situación en los municipios se suma al recorte ocasionado por la reforma a las regalías, que en su primer mandato impulsó el presidente, Juan Manuel Santos. Según la Contraloría, los ingresos por este concepto para las regiones productoras caerán en 5,4 billones de pesos entre 2015 y 2016. Es decir, recibirán 30,8 por ciento menos. Los departamentos más afectados son Meta, Córdoba, Antioquia, Bolívar, Nariño, Cesar y Boyacá.

En esta coyuntura, Puerto Gaitán parece llevar la peor parte. Durante el boom se construyeron y habilitaron cerca de 120 establecimientos hoteleros, muchos de los cuales cerraron porque la ocupación no supera 20 por ciento. Hoy, por una habitación cobran menos de 60.000 pesos diarios, lo cual contrasta con los más de 400.000 pesos que se pagaban en tiempos de bonanza.

Willian Medina, alcalde de Castilla la Nueva (Meta), afirma que esa época no trajo sino problemas al municipio porque la población se duplicó, al pasar de 6.000 habitantes a más de 13.000. Ese aumento exagerado disminuyó su capacidad para brindar servicios de salud, educación y acueducto.

En este municipio, los proveedores locales de máquinas, volquetas, camiones y servicios de restaurantes están en crisis. De 15 taladros para perforar, que funcionaban en 2015, hoy no opera ninguno. Una situación similar se presenta en Guamal, Casillas y Acacías. Actualmente hay contratistas de Ecopetrol como Holsan que les adeuda más de 2.000 millones de pesos a proveedores locales. Esta compañía, así como otras 40, se acogió a la de Ley de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades.

María Helena Aguirre, representante de Transporte BCS, una contratista de Ecopetrol que presta servicios de alquiler de retroexcavadoras y volquetas, dice que Holsan les adeuda cerca de 800 millones de pesos y que no paga con el argumento de que Ecopetrol también se ha demorado en girarles. María Nelly Ruiz, de Solcarga, dice que la empresa de transporte de carga y fluidos también es otra de las damnificadas por la crisis de Holsan.

El departamento del Meta, que produce 50 por ciento del petróleo del país, también ha sentido la crisis. Su gobernadora, Marcela Amaya, cuenta que las finanzas se han afectado y que se han perdido puestos de trabajo por la caída en la exploración. Mientras en 2015 se exploraron 30 pozos, el año pasado se perforaron cinco. Además, 50 por ciento de los taladros está paralizado.

Uno de los sectores más golpeados es el del transporte porque el tráfico de tractomulas en la vía Puerto Gaitán-Puerto López-Villavicencio bajó sustancialmente. Hoy cientos de tractomulas y camiones están parados. Según Colfecar, hay una sobreoferta de más de 7.000 de estos vehículos.

Iván Cortés, gerente de Asuntos Minero-Energéticos del Meta, reconoce que el mayor impacto lo sufren los proveedores de servicios. La alimentación y prestación del servicio de casinos en los campos petroleros disminuyó 70 por ciento, porque compañías como Ecopetrol y Pacific Strategy han disminuido las operaciones.

A ello se suma que otros campos están paralizados por decisiones de la Corte Constitucional, lo que le echa más sal a la herida. Hocol tuvo que suspender la operación en Ocelote-Guarrojo, Puerto Gaitán, a comienzos de marzo por falta de concertación con las comunidades. Hace unas semanas se frenó la producción en varios pozos del campo de Quifa, de Pacific, por las mismas razones.

La corte también suspendió un proyecto en Orito, Putumayo, por consulta previa con las comunidades. Para Manuel Eduardo Ocoró, alcalde de este municipio, la situación es muy preocupante por la reducción en 70 por ciento de la mano de obra. Dice que lo más grave es el aumento de los robos, la criminalidad y el incremento de la pobreza. Como si fuera poco, por la reforma a las regalías, el municipio dejó de recibir cuantiosos recursos. Hace 20 años le llegaban 18.000 millones de pesos y hoy no le entran más de 5.000 millones al año. El municipio no cuenta con acueducto, vivienda de interés social, ni buenos centros educativos. “No hay un solo alcalde de este municipio que no esté implicado en algún proceso jurídico relacionado con el uso de las regalías. Se robaron el dinero, nunca fue bien invertido, y los responsables no pagaron por eso”, sostiene.

La mala inversión de los recursos de regalías es una constante en muchos municipios. En Coveñas, Sucre, tres alcaldes terminaron en la cárcel por corrupción y paramilitarismo. A Tolú le asesinaron dos alcaldes, y otros se han visto implicados en hechos de corrupción. En esta población muchas obras están inconclusas o se construyeron mal como el acueducto. Los cuatro tanques que hay para almacenar el agua y distribuirla por gravedad se conocen como regadera, porque cada vez que los llenan el líquido escurre por sus paredes. Las lagunas de oxidación que se construyeron para el alcantarillado están cubiertas por la maleza, y su planta de tratamiento no funciona.

Situaciones similares se repiten en otras regiones. Favio Alexandro Vega, alcalde de Paz de Ariporo, se lamenta de que la población haya olvidado su vocación ganadera y agrícola para dedicarse a una actividad pasajera como el petróleo, que ha dejado desempleo y cierre de restaurantes y hoteles. Paz de Ariporo había vivido toda su vida de la ganadería, pero llegó la bonanza del crudo y la gente compró camionetas para ponerlas a trabajar en petroleras. “Las compañías cerraron y están las camionetas parqueadas en las fincas, esperando a que les salga un empleo mientras las sabanas están vacías, sin ganado”, dice. Además, debe atender una población que pasó de 25.000 personas a cerca de 40.000 en cinco años, mientras que los recursos de las regalías bajaron de 15.000 millones de pesos a menos de 6.000 millones.

Casanare, el segundo productor de petróleo del país, también desaprovechó el boom a pesar de que tuvo por muchos años los dos mayores campos petroleros: Cusiana y Cupiagua. Dos gobernadores terminaron en la cárcel por actos de corrupción, mientras que Yopal, su capital, no tiene acueducto ni un buen aeropuerto. En esta ciudad la ocupación hotelera cayó a mínimos, mientras que la construcción se desplomó 65 por ciento el año pasado.

La recuperación de los municipios petroleros no se ve cerca. Rubén Darío Lizarralde, de Campetrol, advierte que ni siquiera hay exploración sísmica y las empresas prestadoras de servicios están trabajando a 10 o 15 por ciento de su potencial. Los gremios del sector advierten que si no se toman medidas, las reservas de crudo se agotarán en menos de siete años. Y eso sería la estocada final para las regiones productoras.

Según Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, en el último año la perforación de pozos cayó 74 por ciento: en 2014 se perforaron 113 pozos y el año pasado alrededor de 30. Le pide al gobierno que tome medidas urgentes, como reducir en los costos de transporte de crudo, revisar las condiciones económicas acordadas con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, acelerar la devolución de impuestos por parte de la Dian (3,2 billones de pesos) y revisar la carga de impuestos porque el país está dejando de ser competitivo frente a otras naciones. En las regiones, una propuesta que se está impulsando es la revisión del sistema de regalías.

El panorama no puede ser más complejo. La crisis petrolera está incubando una bomba social en las regiones, que puede estallar en cualquier momento. Por eso, se requieren medidas decisivas del Estado, que hasta el momento no se han visto. n

La presión de las comunidades

Las petroleras se quejan de las exageradas exigencias sindicales. Como si no les faltaran problemas a las petroleras, hay uno que se está volviendo una papa caliente: las comunidades y juntas de acción comunal están ejerciendo una gran presión. Ante los menores recursos que reciben por regalías y la caída en el empleo, exigen que las compañías hagan más obras públicas y contraten más personal local del que se necesita.

Algunos piensan que las petroleras malacostumbraron a la población. Así lo reconoce Mauricio de la Mora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quien dice que a 100 dólares el barril de petróleo la industria aguantaba todo: altos costos, elevados salarios, y darles a las comunidades todo lo que pedían. Pero, ahora, la cosa es a otro precio y no todas las comunidades han entendido que los años dorados se acabaron. Eduardo Uribe, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol, señala que en las regiones productoras los precios que cobraban estaban muy por encima de los del mercado. Por ejemplo, mientras en el resto del país el alquiler de una camioneta costaba alrededor de 900.000 pesos, en las zonas petroleras podía costar hasta 4 millones. Por una retroexcavadora se pagaban hasta 5 millones de pesos, cuando el promedio en otras partes era 1,6 millones. Los llamados en la zona como ‘veintiocheros’ (que trabajan 28 días seguidos en la industria) vivían cuatro meses con lo que ganaban en uno solo.

Un directivo de una petrolera reconoce que había mucha presión para contratar personal local, así no estuviera capacitado. “En Tauramena funcionaba un principio de pide lo que quieras y nada te será negado”, sostiene. La compañía Parex Resources no aguantó la presión y tuvo que salir de la región. Voceros de la empresa señalan que se realizaron cerca de 60 reuniones y los líderes de la comunidad dijeron que, si la compañía no contrataba la alimentación, el transporte y otros servicios, harían un bloqueo. Y así lo hicieron. Aunque Parex le pidió al alcalde que interviniera, la respuesta fue que como el dinero de las regalías no iba para el pueblo, ese no era su problema.

Situaciones similares han sido denunciadas por otras compañías que dicen que la población les exige que construyan carreteras, colegios y centros de salud. Por ejemplo, la empresa Serviconal, encargada del servicio de alimentación para los campos La Cira Infantas-Teca, Campo Provincia y El Centro, de Ecopetrol, solicitó anticipadamente terminar el contrato, que finalizaba en 2017. El argumento fue el desequilibrio económico ante la presión para contratar personal, vehículos de transporte y alimentos muy por encima de las tarifas del mercado, lo que hizo inviable la operación.