Reina impunidad en asesinatos de líderes de tierras

Guillermo Díaz (Curvaradó- Chocó) ha tenido que abandonar su región por amenazas de muerte. A mitad del año 2010 solicitó medida de reubicación (desplazamiento). En agosto del 2011 la volvió a pedir, pero esta vez en compañía de su hijo de 14 años. En febrero de este año, en el marco de la realización de estudio de riesgo llevado a cabo en terreno, hizo nuevamente la solicitud, pero de forma directa a la unidad nacional de protección. Su caso no es único. Ni muy diferente al de la mayoría de los líderes de tierras en el país.

Un escenario parecido era de Manuel Ruíz, asesinado el pasado 24 marzo. Él también había manifestado un mes atrás que su vida corría peligro. Según la comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Manuel "había sido objeto de amenazas de muerte debido a la reclamación de tierras ocupadas por los empresarios Víctor Ríos, Fabián Ríos y Carlos Ríos a través de trabajadores suyos como el 'Viyo' y Leonel Holguín Muescan, beneficiarios del paramilitarismo, y ocupantes de mala fe, que adelantan negocios en los territorios de las comunidades".

Como el caso de Díaz (que denuncia amenazas) y como el de Ruíz (en el que se cumplen las amenazas) hay cientos. Y la impunidad aterra. La Defensoría del Pueblo pidió este lunes, cuando se cumple el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, a los organismos de investigación del Estado “adelantar las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a los responsables de los actos de violencia e insta a las autoridades competentes a que implementen medidas eficaces de prevención y seguridad para los líderes y sus familias que participan en los procesos de restitución de tierras”.

Y es que hasta ahora la justicia colombiana solo ha emitido una condena por el asesinato de un reclamante de tierras. Se trata de la muerte en el 2010 de Rogelio Martínez, quien, según establecieron las autoridades, fue víctima de integrantes de la banda criminal 'Los Paisas'. La pena que pagarían en prisión los asesinos aún no se ha establecido, sin embargo el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, ve la decisión del Tribunal Superior de Bogotá como un gran paso.

"Hay que celebrar los primeros fallos contra los asesinos de reclamantes de tierras, como el proferido contra victimarios de Rogelio Martínez", indicó el ministro. Para algunos no es suficiente. Además de más celeridad en las investigaciones, los líderes de tierras piden mayor protección y atención a sus denuncias de amenazas contra su vida.

En cuanto a los grupos poblacionales identificados en riesgo, en 380 casos la Defensoría del Pueblo advierte amenazas para miembros de pueblos indígenas; en 151 casos, para miembros de comunidades afrocolombianas; y en 937 casos se registra riesgo para la población campesina, mujeres, niños, niñas y adolescentes, miembros y líderes de las organizaciones sociales, defensores de los derechos humanos, víctimas, periodistas, sindicalistas, servidores públicos, entre otros.

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, puntualizó que entre 2006 y 2011 ocurrieron al menos 71 asesinatos de líderes de procesos de restitución de tierras en 14 departamentos del país como Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Guajira, Antioquia, Meta y Tolima.

Líderes como Carmen Palencia (Urabá) piden que los esquemas de protección que el Gobierno ofrece se ajusten más a sus necesidades. "Necesitamos sentir que podemos confiar en las personas que están encargadas de nuestra seguridad", señaló recientemente a Semana.com.

Entre tanto, el senador liberal Juan Fernando Cristo pidió a la Fiscalía general de la Nación acelerar investigaciones por el crimen de líderes de restitución de tierras. Aseguró que de la misma forma en que existen ejércitos contra la restitución de tierras, deben existir "ejércitos para proteger a los líderes de este proceso".

"El Fiscal tiene toda la competencia y tiene todo el conocimiento y la autoridad moral para convertirse en un foco fundamental para garantizar el éxito de la política de reparación de víctimas, judicializando, capturando y acusando ante los jueces a quienes están detrás de estas tareas criminales en contra de las víctimas del conflicto, especialmente de los despojados", señaló.

Y aunque el riesgo para los líderes es visible en varios puntos del país, la Defensoría del Pueblo destaca de mucha importancia los casos de la comunidad de Jiguamiandó y Curvaradó y el despojo de tierras en los departamentos de Chocó y Córdoba "que han requerido una atención especial por parte de la institución y, por tal razón, se expidió la Resolución Defensorial No. 39 de 2005, sobre la vulneración de derechos humanos por cultivos de palma africana en los territorios colectivos en el Chocó".