Renunció el secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa

Néstor Raúl Correa fue nombrado por las Naciones Unidas como el primer alto funcionario en integrar la Jurisdicción Especial para la Paz y como secretario de este organismo tenía como función estructurar y dejar funcionando administrativamente la justicia creada en el marco del proceso de paz con las Farc. 

Sin embargo, este martes, ante su equipo más cercano, Correa anunció que dará un paso al costado a partir del primero de mayo. Las razones de la decisión del secretario se desconocen, pero ha trascendido a los medios de comunicación la tensión que existe con los magistrados ya posesionados que hacen parte de esta jurisdicción. En especial, con Patricia Linares, la presidenta de este organismo. La injerencia en asuntos administrativos por parte de los encargados de resolver judicialmente los casos más importantes en el marco del conflicto habría generado choques y finalmente la ruptura. 

En entrevista con SEMANA, el secretario ejecutivo aseguró a comienzos de año que le entregaron un papel: "Ahora les devuelvo una institución que funciona". Sin embargo, para ese momento los conflictos no habían aflorado como ahora, y los últimos días fueron particularmente tensos por asuntos administrativos relacionados con las instalaciones en donde comenzarían a trabajar los magistrados y la contratación del parque automotor para el traslado de los mismos. Mientras los magistrados piden camionetas blindadas para su seguridad, la Secretaría les dio temporalmente automóviles Renault Logan modelo 2018.

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En las últimas horas se conoció una comunicación oficial en la que Correa da los pormenores del proceso de contratación que -recalca- no dependía de la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Explica que el contrato lo realizó el Fondo Colombia en Paz, después de una invitación pública para el arrendamiento durante 5 meses, de 38 vehículos. Esta licitación se hizo con el parámetro de gama media-alta, full equipo, modelo 2016 en adelante y 3 camionetas tipo cabinada con blindaje Nivel IIIA, cinco puertas, 4x4. También se debía incluir el suministro de combustible hasta 3.000 kilómetros y los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, seguro obligatorio e impuestos al día.

La Secretaría aclara que en todo caso existían limitaciones presupuestales fijadas por el Ministerio de Hacienda, que solicitó optimizar los recursos. De 5.241 millones de pesos solicitados asignó para el alquiler de vehículos  1.440 millones (otros 684.000.000 para vigilancia privada).

Es así como se entregó la licitación a una oferta de 1.371 millones de pesos, que incluye un costo mensual de  6.532 pesos por automóvil y  8.708 por las camionetas. "Con el alquiler se alcanzó prácticamente el tope. Un vehículo de esas características en el mercado cuesta cerca de 48 millones de pesos. La compra de 38 (que igual está prohibida en el artículo 83 de la Ley 1873 de 2017) superaría los 1.800 millones de pesos", indicó el secretario.

El alto funcionario aclaró que no existe una obligación legal que diga que los magistrados de la JEP deben contar con esquemas de seguridad predeterminados ni tampoco se cuenta con estudios de seguridad de los funcionarios objeto de protección que facilitaran la justificación del alquiler de la totalidad de vehículos blindados. También precisa que se trata de una situación transitoria en tanto persiste la necesidad de contar con un esquema de protección para magistrados y fiscales de la JEP, encargados de administrar justicia sobre los delitos más graves y representativos, asociados con el conflicto armado del país. Por ello, se va dejando iniciadas las gestiones de petición para que la Unidad Nacional de Protección realice los estudios de seguridad a cada uno de los magistrados.

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Aunque este tema creó tensión con los magistrados, no fue el único que los separó de Correa y su equipo. Fuentes le confirmaron a SEMANA que al interior de la JEP hay visiones muy distintas frente a lo que es la separación del gobierno y la administración de esta jurisdicción.  

Al mal ambiente que vivió el secretario en los últimos días, se sumó una reunión extraordinaria en la que los gobiernos de Noruega, Suiza y Suecia le solicitaron al Ministerio de Hacienda claridad sobre la manera en que se están manejando los recursos invertidos en proyectos del posconflicto, entre ellos, la JEP. 

Así lo reveló El Tiempo, que además detalló que se trata de 200 millones de dólares a los que se les suma un empréstito por 100 millones de dólares más. Tal situación también se vio atizada por la no renovación del contrato de Marcela Huertas, encargada de coordinar la subcuenta principal que maneja los recursos del Fondo Colombia en Paz. En desarrollo de esta solicitud de los países garantes, la Contraloría General le pidió a Gloria Ospina, secretaria del Fondo Colombia en Paz, que entregue una relación de los recursos recibidos para la JEP, los cuales corresponden a 36.752 millones de pesos.

El ente de control también solicitó entregar información de todos los contratos suscritos entre este fondo y la JEP, para su financiamiento tales como adecuaciones, bienes, servicios generales, gastos operativos y seguridad.