Reportaje: por qué arde el Catatumbo

El pasado miércoles no era festivo ni jugaba la Selección Colombia de fútbol, pero la mayoría de los habitantes de Tibú salió a las calles con la camiseta tricolor. Pensaban que sería el primer día de respiro y de soluciones desde que un volcán de manifestaciones campesinas entró en erupción el pasado 11 de junio. 

Los días previos habían sido un caos. El casco urbano de esta población petrolera de 19.000 habitantes estaba bloqueado por tierra y aislado de Cúcuta, con el consecuente desabastecimiento de víveres, y el comercio y transporte suspendidos. Los manifestantes incendiaron la fachada de la casa del alcalde y la Fiscalía y acusaron al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) de brutalidad, mientras el Ejército hablaba de “infiltración guerrillera” en la protesta. 

Lo que los campesinos denominan como “erradicación no concertada de cultivos de coca”, que el Ejército inició manualmente en la parte alta de la zona rural del municipio a comienzos de junio, fue el detonante. Las protestas de los campesinos, que pusieron retenes en los accesos a Tibú y Ocaña, cobraron tal fuerza que el gobierno nacional, con el ministro de Agricultura a la cabeza, llegó ese miércoles a Tibú para tratar de concertar acuerdos que apagaran parte del incendio. Pero todo acabó peor.

El ministro, Francisco Estupiñán, la gerente del Incoder, Miriam Villegas, y el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, se preparaban para exponer sus programas para convencer a los campesinos de que el camino es sustituir la siembra de cultivos ilícitos, la causa de todas las tragedias en esta región desde que las Farc regaron de coca estos campos en 1981. 

Otro tema en discusión, el más importante para los campesinos, era la declaratoria de un amplio territorio del Catatumbo como Zona de Reserva Campesina, una figura que busca entregar a campesinos de escasos recursos tierras que son del Estado y que no se están aprovechando debidamente.  

Doscientos miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), agrupados para la reunión, plantearon de entrada que no estaban de acuerdo con la presencia de los generales Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, y Marcolino Tamayo, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del Ejército. 

“Desde 2009, cuando creamos la Mesa, no se han sentado militares cuando hemos hablado con el gobierno”, dijeron. El gobierno insistió en que estuvieran presentes los uniformados y los 200 labriegos se marcharon sin que la reunión empezara. Los 4.800 labriegos que bloqueaban Tibú y 6.000 más, que se les habían sumado tres días antes en Ocaña, decidieron seguir adelante con su protesta.

Una medida de la indignación campesina es el bloqueo en la vereda La Cuatro, a cuatro kilómetros de Tibú. Detrás de algún carro incinerado, árboles talados se atraviesan en la vía hacia Cúcuta, junto a largos palos de madera y llantas quemadas. Al frente de la protesta aparecen, encapuchados, los campesinos de Ascamcat. 

Para recuperar las vías tomadas, de Bogotá llegó el Esmad. El sábado 15 de junio, un intento por abrir paso a la vía terminó en un enfrentamiento de siete horas y dio paso a graves denuncias de parte y parte. “Vi cómo los policías se robaban televisores, consumían licor en plena refriega y hasta dispararon armas de fuego, no a nuestros hombres, sino al aire, para intimidarnos”, explica Olmer, uno de los manifestantes. Por su parte, las autoridades alegan que la protesta está infiltrada por el frente 33 de las Farc, que tiene amplia presencia en la zona y, en especial, en las áreas cocaleras.

Juan Carlos Quintero es el vicepresidente de Ascamcat, tiene 28 años y dice que llegó hace 15 a esta región de Villavicencio, y en la región lo ven como una versión local de Robin Hood. “Uno no puede hacer una protesta porque lo estigmatizan de guerrillero. Mire el paro de cafeteros, donde no hubo presencia de la guerrilla. El 25 de febrero de 2012 fue declarado el Catatumbo como zona minero-estratégica, una oferta de demanda para la empresa multinacional que tenga más capacidad de explotación”, le dijo a SEMANA.

En su morral carga un documento de 546 páginas, que se titula ‘Plan de Desarrollo Sostenible para la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo’. Dice que fue financiado por el mismo gobierno, que fue el producto de ideas de los campesinos en 2009 y que es la propuesta para dejar atrás los cultivos ilícitos. Dice que aplicarlo beneficiaría a 200.000 campesinos a un costo de 576.000 millones de pesos. “No pueden decir que no tenemos propuestas”. 

Pero el debate reivindicativo pasó a segundo plano por los reiterados choques entre la Policía y los manifestantes y las acusaciones mutuas. El general Palomino, enviado a Tibú el martes 18, respondió a los señalamientos sobre presuntos abusos del Esmad provenientes de Tibú, Ocaña y Convención.

“Estamos abiertos a atender si hay algún grado de insatisfacción. Es poco creíble lo que los campesinos señalan”. Sobre el enfrentamiento de la vereda La Cuatro, dijo que los campesinos habrían usado canecas molotov. “Traer a manifestantes a manipular explosivos ha causado más daño a ellos mismos que a los policías”. 

El alcalde de Tibú, Gustavo León Becerra, tiene una posición más neutral frente a las razones de fondo de los campesinos: “La propuesta de la Unidad de Consolidación no es atractiva ni clara. Al arrancar la hoja de coca les arrancan las esperanzas a los campesinos. Dentro del programa de sustitución, ellos piden una compensación de un millón y medio a 2 millones de pesos por familia, en un lapso mínimo de dos años”. 

Gerson Guerrero tiene un pequeño hotel de ocho habitaciones en Tibú. Respalda la posición de los campesinos, así su negocio se perjudique. “Con esto se desabastece el pueblo y el comercio pierde, pero es un sacrificio para buscar salidas que beneficien  a la comunidad. Si  los campesinos piden es porque lo necesitan, nadie se va a un paro por ‘hobby’”.

La protesta y el fallido diálogo pusieron en evidencia una vieja verdad del Catatumbo. Por esta región han pasado todos los grupos guerrilleros y el Bloque Catatumbo de las autodefensas de Salvatore Mancuso. Hoy, varios frentes de las Farc, columnas del ELN y una disidencia del EPL controlan las partes más inhóspitas y la frontera con Venezuela, donde la coca es el centro de la economía. 

La violencia ha azotado las comunidades en todas sus formas. Y hoy, después de miles de muertos, el Catatumbo es una ruta clave del tráfico de cocaína hacia Venezuela y Europa y, por eso, una región en disputa entre las Farc y los grupos sucesores de los paramilitares. En medio de todos esos fuegos cruzados, y en algunos casos bajo su influencia, están los campesinos.

“El Catatumbo es como el hijo que no fue valorado por su papá, el Estado, y, que ahora crece, se le enfrenta y no cree en sus promesas, pues siente que se le ha engañado con eternas promesas de un reconocimiento que no llegó”, resume el padre Ómar Albeiro Sánchez, obispo de Tibú.

Pase lo que pase en los próximos días, en los que los bloqueos y las protestas no amenazan con desaparecer, los campesinos lograron una victoria: llamar de nuevo la atención nacional sobre sus necesidades. Una realidad a la que ni el Estado ni el país le pueden seguir dando la espalda.