'Reprenden' al Estado por crímenes contra líderes rurales

El representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, alertó sobre la situación de los líderes campesinos tras conocer sobre recientes muertes violentas. “Nos preocupan mucho los asesinatos del líder de víctimas de Córdoba, señor Ermes Enrique Vidal Osorio, y del líder campesino del Cauca, Gustavo Adolfo Pizon. Pedimos a las autoridades una pronta y eficaz investigación sobre estos crímenes”.

La oficina de Howland insta a las autoridades del Estado a implementar medidas eficaces dirigidas hacia los activistas y defensores de derechos humanos rurales, con el fin de que logren proteger sus vidas, por lo cual el organismo humanitario invitó a los líderes que tengan problemas en su seguridad a denunciar oportunamente al gobierno este tipo de situaciones.

Los más recientes casos analizados por la Organización fueron el de Ermes Enrique Vidal Osorio, de 60 años, quien desapareció el 21 de marzo y su cuerpo fue encontrado a la orilla del Río Sinú, el sábado pasado.

Vidal fue desplazado forzosamente de su finca ubicada en la vereda de Mieles corregimiento de Batata, Córdoba, hace varios años, y aunque no estaba adelantando un proceso de restitución de tierras formalmente, decidió retornar a su finca.

A su regreso, el líder campesino recibió amenazas de muerte por parte de hombres armados, quienes le dijeron que debía dejar la zona y abstenerse de reclamar su tierra, que ya le pertenecía a otras personas. Él es la tercera persona asesinada en su familia por defender sus derechos como víctimas.

Igualmente Howland, manifestó que Gustavo Adolfo Pizo, de 31 años, fue asesinado el 25 de marzo, y era el presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Totoró (Cauca), el secretario de organización del Sindicato de Pequeños Agricultores del Cauca (Sinpeagric), pertenecía al movimiento político Marcha Patriótica y dirigía además el tema de reservas campesinas en la zona Oriental del Cauca.

Naciones Unidas reiteró su preocupación dado que considera que, en las zonas rurales del país, los activistas y defensores de DD.HH. están mayormente desprotegidos. El año pasado el 97 % de las personas dentro de este grupo y que fueron asesinadas pertenecían a zonas rurales, por lo se urgió a este colectivo que soliciten al Estado medidas efectivas que garanticen sus vidas y cuando lo requieran su derecho a la restitución de tierras.

Finalmente, el organismo expresó sus sentimientos de condolencia a las familias de los líderes asesinados, a sus amigos y al movimiento de víctimas y de defensores de derechos humanos en el país.