Crece polémica por informe crítico de restitución de tierras

El crítico balance de la política de restitución de tierras hecho por Human Rights Watch en su reporte “El riesgo de retornar a casa”, publicado el martes, generó una rápida respuesta del gobierno en un punto particularmente sensible, que se está convirtiendo en una polémica creciente con esa ONG internacional de derechos humanos.

El documento detalla el elevado número de amenazas contra reclamantes de tierras en el marco de la ley de Víctimas (las denuncias ante las autoridades pasan del medio millar) y muestra la inmensa impunidad que reina en las investigaciones por esas amenazas y por los múltiples asesinatos de los que han sido víctimas los reclamantes.

El reporte llama al gobierno y a la Fiscalía a juzgar los abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados que reclaman tierras y a hacer avances en la desarticulación de los grupos sucesores de los paramilitares, responsables de muchos de los ataques contra ellos. De no tomarse medidas en esa dirección, dice el informe, “la iniciativa más importante del gobierno de Santos en materia de derechos humanos podría verse irremediablemente desvirtuada”.

En el marco de este análisis general, el reporte menciona un dato que es el que parece haber tocado una fibra sensible. Human Rights Watch (HRW) afirma que, a dos años de aprobada la ley de Víctimas y aunque muchas familias visitan regularmente las tierras que les han sido devueltas, a junio del 2013 “solamente una familia había retornado a vivir a su tierra como resultado de (las) sentencias dictadas en el marco de la ley de Víctimas”.

La respuesta del gobierno no tardó. La Unidad de Restitución de Tierras publicó un comunicado en el que afirma que “el total de sentencias hasta el momento son 233 que cubren 666 casos e involucran casi 15.000 hectáreas.  De los beneficiarios de restitución, alrededor del 66 % han retornado a vivir o ejercen un retorno laboral en sus predios;  del 34% restante, aproximadamente el 24 % está pendiente de la entrega de sus terrenos y solo un 10 % no ha retornado”.

José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, contestó que esa afirmación del gobierno “no contradice” que solo una familia haya retornado a vivir en su predio gracias a una sentencia de restitución, dato que, según él, proviene de la propia Unidad de Víctimas. Ese 66 % incluye familias que habían retornado antes de la ley o que visitan sus tierras para trabajarlas pero no viven en ellas.

El jueves, la Unidad de Víctimas hizo otro comunicado, en el que insiste en el mismo argumento y sostiene: “no es cierto que un solo hogar favorecido con un fallo de restitución se encuentre retornado en virtud de la ley de Víctimas”. Su directora, Paula Gaviria, dice que hay muchos retornos que se han realizado antes del fallo de restitución y son resultado de la labor oficial bajo el manto de la ley de Víctimas.

Vivanco habló con Semana.com y fue categórico. “Los comunicados de la Unidad de Víctimas y Unidad de Restitución deliberadamente distorsionan los hechos al intentar confundir a la opinión pública presentando como retornos productos de sentencias de restitución de tierras casos de familias que ya estaban viviendo en sus predios o los visitan para trabajarlos”, dijo, insistiendo en que “el propósito aparente es defender el programa bandera del gobierno –que después de dos años de vigencia– solamente ha logrado el retorno de una familia desplazada a vivir en su tierra”.

El director de la División de las Américas de la ONG añadió que después del cierre de su informe, el 31 de julio tuvo conocimiento de un reclamante en Cesar que fue amenazado 10 días después de volver, obligándolo a huir, y de unas siete familias que estarían viviendo en cambuches en el predio Santa Paula sin acompañamiento adecuado de las autoridades, y en condiciones de alto riesgo. 

“El gobierno probablemente no ha citado estos casos porque no son ejemplos dignos para víctimas desplazadas”, dice Vivanco.

Esta discusión no es menor. Que a dos años de aprobada la ley de Víctimas solo una familia haya retornado a su predio gracias a una de las 233 sentencias que han restituido tierras, sería un grave indicio de la lentitud que se le ha criticado al proceso. 

Sin embargo, el dato que tiene enfrentados al gobierno y a HRW es apenas la punta del iceberg de los problemas de fondo que señala el reporte de la ONG y sobre los cuales, hasta ahora, no hay pronunciamientos oficiales de calibre.

Las amenazas y los casos de desplazamiento forzado están en una impunidad casi completa. Como lo señaló en su columna de El Espectador, Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, la impunidad sería de 99,9983%, pues, de acuerdo a los datos del informe de HRW, solo hay 28 sentencias en 17.109 casos de desplazamiento que están en investigación.

En varias ocasiones, activistas de derechos humanos y organizaciones internacionales han dicho al gobierno que no basta proteger a quienes denuncian las amenazas sino que lo principal, para prevenir que estas ocurran o se concreten en asesinatos, es investigar con eficacia y dar con los culpables, materiales e intelectuales, de las amenazas, hoy por hoy probablemente el delito más impune que hay en Colombia.

Por eso, además de cuántas familias hayan retornado, gracias a fallos de restitución, a los predios que perdieron, lo que debe generar una amplia discusión en el país, a raíz del informe de Human Rights Watch, es la exposición de este preocupante contexto de impunidad y sostenida violencia de los grupos sucesores de los paramilitares y otras fuerzas, que amenazan el éxito del proceso de restitución de tierras.