ROUND DEL GOBIERNO

La programación de televisión se interrumpió el jueves 12 de noviembre a las 8 de la noche, para dar paso a la intervención de un personaje, hasta entonces, poco familiar para los televidentes colombianos. Era el ministro de Justicia, Enrique Low Murtra, que aunque inexperto ante las cámaras, reflejaba un aire de honestidad que hacía convincente la historia que revelaba: Gonzalo Rodríguez Gacha (alias "El mejicano"), era el autor intelectual del asesinato del dirigente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal y que el motivo fue un problema de plata entre la guerrilla y el narcotráfico.
Inicialmente la noticia despertó algunas suspicacias y escepticismos, sobre todo en los sectores de izquierda. Echarle la culpa al narcotráfico del asesinato de Pardo Leal, desbarataba la teoría que había cogido vuelo en los últimos días, según la cual se estaba viviendo en Colombia una guerra sucia ilimitada. A esta se le estaban achacando gran parte de los males del país. Que la violencia política, que supuestamente había colocado al país en la antesala de la guerra civil fuera, en el más sonado de los casos, una venganza de los capos, colocaba el problema en otra dimensión. Y también en otra dimensión quedaba el gobierno, no sólo por el éxito en la investigación,sino porque, por lo menos en el caso de Pardo Leal, los militares salían con las manos limpias. Sin embargo, en la medida en que salían a flote los datos la teoría del gobierno cobraba validez.

GOLPE DE SUERTE
Minutos después de confirmada la noticia del asesinato de Pardo Leal, el domingo 11 de octubre, el gobierno tomó la decisión de meterla toda para el esclarecimiento de este crimen. El propio presidente Barco, en una especie de "General, salve usted la Patria", le encomendó al general Maza Márquez que se hiciera cargo, personalmente, de la investigación. Pero dada la magnitud del hecho, no sólo al DAS le correspondió esta labor. Los jueces 77, 27 y 30 de Instrucción Criminal, la Procuraduría General y la Dirección Nacional de Instrucción Criminal se sumaron al equipo investigativo. Pero este no estaba solo. Detrás estaban los jueces de Asonal, agremiación fundada por Pardo Leal, los militantes de la UP, que afanosamente buscaban pistas y, por si fuera poco, los ojos de todo el país que no se resignaban a que también este crimen quedara en la impunidad.
Sin embargo, no fue por ahí por donde llegaron las primeras pistas. Dos días después del asesinato, un informante del DAS soltó la bomba: "tengo conocimiento de que un tal William Infante, lugarteniente de "El mejicano", estuvo contratando sicarios profesionales para matar a Pardo Leal". Según esta información, había dos formas posibles de relizar el crímen. O bien lo hacían cuando saliera de su casa, en la calle 26 con carrera 30 aprovechando que en varias ocasiones se trasladaba a pie hasta los juzgados ubicados en la calle 19 con 30, o bien cuando saliera de la Gobernación de Cundinamarca, a donde iba con frecuencia, pues resultaba fácil camuflar un sicario en medio de la "calle de los esmeralderos", frente al edificio, en el centro de Bogotá.
Por otro lado, en el Departamento del Tolima, un segundo informante tocó a las puertas de la policía y dijo: "Miguel Castellanos -quien también figuraba como hombre de Rodríguez Gacha- me hizo propuestas para organizar la muerte de Pardo". Esta persona fue trasladada en un helicóptero de la policía de Bogotá, para que rindiera declaración ante el juez 77 de Instrucción Criminal. Esta información sólo sirvió para atar algunos cabos porque, días después, Castellanos moría en el confuso incidente del bus dinamitado en Otanche, en plena zona esmeraldífera.
La suerte estaba del lado de los investigadores y un tercer informante entró en escena. Este hombre, que gracias a su amistad con la familia Infante siguio de cerca los pasos que se dieron para efectuar el plan, aun cuando no participó en él, contó con pelos y señales los pormenores del hecho. Relató que las órdenes provenían de Pacho -centro de operaciones de Rodríguez Gacha-, que se había interceptado el teléfono de Pardo Leal con la ayuda de un empleado de la telefónica; que el segundo carro que se utilizó ese domingo en La Mesa (un taxi) era de propiedad de William Infante. La existencia de este segundo automóvil fue confirmada, dos días después del asesinato, por SEMANA cuando visitó el lugar. También dijo que en el R-18 utilizado por los sicarios, iban el chofer y William en la parte delantera y, en la trasera, Bayer, quien hizo el disparo mortal con una escopeta calibre 16. Agregó además, que al día siguiente William se comunicó con "el mejicano" quien no sólo lo felicitó por el éxito de la operación sino que le invitó a Pacho para que celebraran juntos. William, antes de partir, repartió 3 millones de pesos entre el chofer y Bayer. Pero, no sólo carros intervinieron en el operativo. Hubo también un helicóptero que tenía como misión rescatar a los sicarios en caso de que se presentaran dificultades. Todos estos detalles fueron confirmados por los investigadores, que llegaron a establecer que el helicóptero que sobrevoló La Mesa, aterrizó ese día en Coscuez. También determinaron, basados en los informes de Medicina Legal, que la escopeta con que se asesinó al dirigente de la UP era de propiedad de Oliveria Infante, hermana de William y en cuya casa se planeó el magnicidio. Aunque tenia una coartada consistente en una denuncia por robo de la escopeta, es hasta el momento la única detenida.

OJO POR OJO
La historia habría comenzado hace 6 años, cuando Rodríguez Gacha con algunos socios entró a manejar la zona del Yarí, en el Guaviare (por los lados de Tranquilandia), al patrocinar la siembra de coca con semillas importadas del Perú por el propio Rodríguez. Las relaciones de los "narcos" con los colonos comenzaron a deteriorarse por el mal trato que le daban a los sembradores, quienes debian plegarse a los precios impuestos por aquellos. Las cosas tomaron otro rumbo cuando las FARC, que desde hacía tiempo hacían presencia en la zona, tomaron cartas en el asunto y le exigieron a los recién llegados un "precio de sustentación" (equivalente a las exigencias del ELN en las zonas petroleras). Las cosas se complicaron y guerrilla y narcos se sentaron a negociar. Las propuestas de la guerrilla no fueron aceptadas y las negociaciones se rompieron, lo que en la práctica equivalía a una declaración de guerra. Según fuentes oficiales consultadas por SEMANA, las muertes de parte y parte no se hicieron esperar y la situación tomó visos dramáticos.
Al parecer hace año y medio, como consecuencia de los embates de los frentes de las FARC que operan en la zona, Rodriguez Gacha conformó un "ejército" uniformado y entrenado, para enfrentar a los guerrilleros. Este grupo alcanzó a realizar algunas operaciones contra miembros y colaboradores de la guerrilla pero, la posibilidad de una guerra a gran escala y los temores de los pobladores y cultivadores, llevaron al desmonte de la nueva organización. Fue entonces cuando se decidió "golpear a la guerrilla en donde más le duele: la UP". En adelante, ante la imposibilidad de vengarse en cabeza de los dirigentes de las FARC, los "narcos" enfilaron baterías contra los miembros de la Unión Patriótica.
Y se afirma que los asesinatos del representante por el Meta Octavio Prada Vargas y del alcalde de San José del Guaviare José Miguel Rojas Parada hacen parte de esta guerra.
Pero no sólo la UP y las FARC han sufrido bajas en esta contienda. La familia Plata, socia de Rodríguez en la región del Guaviare, ha puesto más de 7 muertos y sus fincas han sido incendiadas en varias oportunidades. Y ambos bandos presentan un saldo rojo en sus contabilidades. SEMANA ha podido establecer que las FARC han dejado de percibir entradas calculadas en 800 millones de pesos mensuales, por la prohibición expresa de Rodriguez Gacha a su gente de comprar una sola hoja de coca a los "muchachos de don Manuel". Por su parte, los "narcos" han tenido que salir "pitados" con sus cientos de cabezas de ganado de sus propiedades en los territorios controlados por los frentes de las FARC.
Que el esclarecimiento de éste crimen sea el final de la guerra entre "narcos" y FARC, está por verse. Lo que si es indudable es que el gobierno ganó este round, aun cuando ahora surge un interrogante todavía mas difícil de explicar: ¿quién mató a los otros 497 militantes de la UP?