ELN: a responder por el secuestro de Salud Hernández

La presión al ELN no sólo es política, también es jurídica. En el mismo momento en que el presidente Juan Manuel Santos anunció un ultimátum para que ese grupo guerrillero libere a los secuestrados que tiene en su poder con el fin de reanudar los diálogos "la semana entrante", un juez de control de garantías de Bogotá ordenó la captura de los miembros del Comando Central (COCE).

La razón es la responsabilidad que tendrían cada uno de ellos por el secuestro de la columnista española Salud Hernández, ocurrido el 21 de mayo en El Tarra (Norte de Santander).

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Hernández fue plagiada en esa región del Catatumbo cuando realizaba actividades periodísticas en la zona. Además de ella, fueron retenidos los periodistas Diego Alfonso D‘paulos Aranda, Carlos Alberto Melo Calderón (camarógrafo), Diego Fernando Veloza Duque, William del Carmen Mora Trujillo, la locutora María Zulay Ropero y el conductor de automóvil John de Jesús Reales Barrera. Todos ellos fueron dejados en libertad días después.

Por estos hechos la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo y rebelión a Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Eliécer Herlington Chamorro, ‘Antonio García’; Israel Ramírez, ‘Pablo Beltrán’; Rafael Sierra Granados, alias ‘Ramiro Vargas’, y Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’.

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Esta es la segunda imputación de cargos que se realiza este año contra la cúpula del ELN. El pasado 25 de agosto el ente acusador les endilgó los cargos de terrorismo, rebelión, homicidio, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, concierto para delinquir y daño contra estructuras petrolera y energética por los ataques que perpetró el grupo armado contra el oleoducto de Caño Limón-Coveñas y los daños al medio ambiente que ocasionaron con los mismos.

En esa ocasión, el juez de la causa también emitió orden de captura en su contra.

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Actualmente, contra esa guerrilla, el ente acusador adelanta otras investigaciones por 4.894 secuestros, 930 reclutamientos ilícitos, 5.391 homicidios, 2.989 desplazamientos forzados, 87 casos de violencia basada en género y 1.450 infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).