EDUCACIÓN

La tímida sanción al colegio de Sergio Urrego

La Secretaría de Educación ordenó la suspensión de la licencia del colegio Gimnasio Castillo Campestre por seis meses. Pero al mismo tiempo le otorgó un permiso provisional por el mismo periodo.

26 de marzo de 2015
Bunker de la Fiscalia y Sergio Urrego. | Foto: Archivo SEMANA / Cortesía

La Secretaría de Educación de Cundinamarca sancionó con seis meses de suspensión de la licencia de funcionamiento al colegio Gimnasio Castillo Campestre de Tenjo, Cundinamarca, el mismo donde fue víctima de discriminación sexual el estudiante Sergio Urrego, quien se quitó la vida.

Se trató de una tibia sanción puesto que, al mismo tiempo, le otorgó al claustro una licencia provisional “con el fin de garantizar la continuidad del servicio educativo”. Es decir sí pero no.

Para la Secretaría, el colegió faltó a uno de los principios rectores como es el de brindar un normal desarrollo escolar. Según la investigación el colegio, con sus actuaciones ligadas a la discriminación, privó a Urrego de la posibilidad de asistir a clases en completa normalidad.

En la resolución la Secretaría advierte que el colegio, a través de exigencias que no resultaban suficientes para privarlo de la continuidad de la prestación del servicio educativo, le vulneró un derecho fundamental.

La Secretaría le advirtió al plantel que, de no acatar los correctivos diseñados por el ente para “corregir las falencias encontradas”, el colegio sería señalado de reincidente por lo que se procedería a la cancelación de la licencia de funcionamiento.

En otro aparte de la sanción la Secretaría multó a la intitución con (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, (32.217.500).

El 4 de agosto del 2014, Urrego, de tan solo 16 años de edad, decidió quitarse la vida y se lanzó de la terraza de un centro comercial, en el occidente de Bogotá. Días después, las autoridades conocieron que el episodio se podría derivar de presuntos actos de discriminación e, incluso, matoneo en su colegio.

Investigación de la Fiscalía

A la sanción de la Secretaría se suma la investigación de la Fiscalía General. La rectora del Gimnasio Castillo Campestre, Amanda Azucena Castillo, habría sido la máxima responsable dentro de la hipótesis que trabaja el ente acusador, la cual indica que el suicidio de Sergio Urrego, alumno de ese mismo colegio, habría tenido que ver la segregación que habría vivido en ese plantel luego de que se declaró homosexual.

El ente acusador considera que tiene listas las pruebas que llevará ante un juez del complejo judicial de Paloquemao para buscar medida de aseguramiento en contra de la directiva.

Los fiscales les imputaron a la psicóloga de la institución, Ivonne Andrea Cheque, y a la rectora Castillo los delitos de discriminación agravada, constreñimiento ilegal e inducción o ayuda al suicidio.

Igualmente, los investigadores han seguido recolectando una serie de evidencias con las que probarían que ambas señaladas también habrían incurrido en las conductas punibles de falsa denuncia y ocultamiento de material probatorio.

Por el momento, el proceso se prepara para la etapa de juicio y existe una alta posibilidad de que la rectora Castillo deba asumir su defensa desde la cárcel.

Cuestionamientos de la Fiscalía


El primer hallazgo de la Fiscalía es que un beso entre Sergio y un compañero de clase, conocido por medio de una foto por profesores del colegio, fue tildado como un “acto obsceno” dentro del marco del manual de convivencia, calificativo que nunca se le dio a un hecho similar realizado por una pareja heterosexual, algo que llamó poderosamente la atención de los fiscales.

De hecho, según apreciaron los investigadores en segunda instancia, el único proceso abierto por faltas “obscenas” al manual ha sido el del joven Urrego. Según testimonios dentro del plantel, en muchas otras ocasiones parejas heterosexuales tenían demostraciones afectivas más escandalosas y nunca se les inició causa disciplinaria alguna.

Un tercer punto es que la psicóloga Cheque y la rectora Castillo obligaron Urrego a asistir a un psicólogo externo y a presentar certificados de la asistencia a terapia para poder ingresar a clases. En el ente acusador cuestionan si eso no es una flagrante violación al derecho a la educación, además de indagar cuáles fueron los criterios por los que se le exigió seguir dicho tratamiento.

Según la Fiscalía, en cuarto lugar, a Sergio se le habría obligado, por parte de Cheque y Castillo, a que, como parte la ‘psicorientación’ que se seguía en institución, revelara a sus padres su condición de homosexual.

Adicionalmente, a la Fiscalía le parece anormal que cuando citaron a los padres de Sergio para contarles de la situación, la madre de Urrego llegó sola al plantel y no fue recibida: debía llegar a la cita con el padre, lo que les hace cuestionar si para la institución sólo es posible el modelo de familia de papá y mamá.

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