¿Santiago, uno de Los Doce Apóstoles?

Los Doce Apóstoles es el nombre con el que hizo carrera un mítico grupo paramilitar que actuó en el norte de Antioquia, concretamente en Yarumal, a mediados de los años noventa. Aunque no se tiene claridad de cuántas víctimas causó, ya tampoco se duda que ciertamente existió. Desde hace dos décadas la pregunta recurrente es si tras la banda criminal estuvo el hermano menor del expresidente Uribe. La vicefiscal general, María Paulina Riveros, acaba de dar su respuesta: “Se puede dar como un hecho cierto y probado que el señor Santiago Uribe Vélez ejercía la dirección y coordinación del grupo Los Doce Apóstoles”.

Tras siete meses de estudio la vicefiscal resolvió la apelación de la defensa de Santiago Uribe frente a la acusación en su contra por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. La determinación es trascendental tanto vista desde la lectura política como judicial. Riveros –escudera de Néstor Humberto Martínez– está avalando la decisión del fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Ibán Mejía, funcionario de confianza de Eduardo Montealegre, el exfiscal general que encabeza la lista de enemigos del expresidente Álvaro Uribe. Es decir, dos administraciones del ente acusador coinciden en que el ganadero Uribe debe ser enjuiciado por supuestos nexos con paramilitares.

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La determinación judicial agota el espacio de defensa que tenía Santiago Uribe en la etapa investigativa y lo pone a encarar un juicio. El ganadero, que lleva 15 meses detenido, tendrá ahora que desvirtuar ante el estrado los elementos con que la Fiscalía buscará probar su culpabilidad. Aunque el expediente es inmenso –cerca de 100 cuadernos de 300 folios cada uno– las piezas concretas que atacan la presunción de inocencia de Santiago Uribe son pocas y cuestionables. El grueso del expediente da cuenta de la existencia de Los Doce Apóstoles, algo que ni siquiera el acusado niega. En lo que él insiste es en que nada tuvo que ver con ese grupo. ¿Con qué cuenta la Fiscalía para sostener lo contrario?

Básicamente son tres testigos. El primero de ellos es Alexánder de Jesús Amaya Vargas, un expolicía y confeso paramilitar que hoy purga una condena de 40 años de cárcel. Desde 1996, inicialmente con identidad reservada, este individuo ha señalado a Santiago Uribe como jefe de Los Doce Apóstoles. Da cuenta, por ejemplo, de haber presenciado una reunión del ganadero Uribe en su hacienda La Carolina con otros miembros de la banda paramilitar. Para la Fiscalía Amaya es un testigo directo, potente y consciente.

Pero para la defensa del acusado, en cabeza del penalista Jaime Granados, se trata de un presidiario en búsqueda de beneficios judiciales y a quien además cuestionan por haber sido incapaz de hacer una descripción siquiera similar del ganadero. “Santiago Uribe es más o menos alto, acuerpado, muy serio, un trigueñito pero clarito”, aseguró. Granados insiste en que basta ver las fotografías y contextura del ganadero para concluir que el testigo miente, además señala que las distintas declaraciones de este tienen variaciones significativas. Sobre el punto la Fiscalía señala que son variaciones menores y entendibles por el paso de los años.

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El segundo testigo es el mayor (r) Juan Carlos Meneses, quien asumió la comandancia de la Policía de Yarumal en enero de 1994, cuando era teniente. Este aseguró que al llegar al pueblo el capitán saliente Pedro Manuel Benavides le informó que allí operaban en coordinación con los paras, y que lo puso en contacto con Santiago Uribe, jefe del grupo. El testimonio de Meneses se basa en la reunión que dice haber tenido con Uribe y en la grabación secreta de una charla que, años después, tuvo con Benavides. Santiago Uribe desmiente al testigo con varias carpetas que demuestran que para las probables fechas de la supuesta reunión él estaba a 300 kilómetros de Yarumal, en la Feria de Manizales, adonde fue con una muestra de su ganadería. Respalda lo dicho en fotos de periódicos, reseñas y entrevistas de gente con la que compartió durante los varios días del certamen.

La defensa del ganadero también insiste en que Meneses ha variado su testimonio y que si fuera verdad la reunión de la que habla, y al menos dos encuentros más que refiere, habría recordado un rasgo notorio de Santiago Uribe: la falta de tres falanges en una de sus manos por cuenta de un accidente en la niñez. El expolicía nunca mencionó ese detalle en sus declaraciones. Respecto a la grabación, presentada como prueba de que en esta se escucha a Benavides admitiéndole a Meneses que ambos trabajaron para Santiago Uribe, la defensa del ganadero dice que es ilegal, inducida y que está editada para darle tal sentido. Para la Fiscalía se trata de un audio tan legal como legítimo, y aunque admite que el testimonio de Meneses tiene contradicciones, las considera “matices” que no alcanzan a afectar lo esencial de su dicho.

Quizá la contradicción más protuberante tiene que ver con el segundo cargo que la Fiscalía le endilga a Santiago Uribe. Meneses asegura que el homicidio de Camilo Barrientos, conductor de un bus intermunicipal asesinado el 25 de febrero de 1994, se dio por orden del ganadero a través de una lista negra con nombres de auxiliadores de la guerrilla, ladrones y drogadictos que debían ser blancos de un plan de ‘limpieza social’. Pero a su vez el también testigo de la Fiscalía, Alexánder de Jesús Amaya, afirma que Meneses cometió ese crimen por un lío de faldas con la víctima. El ente acusador señala que le corresponderá a un juez dirimir esa controversia.

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Finalmente está el testigo Eunicio Alfonso Pineda Luján, quien vive exiliado y rindió declaración en España bajo el auspicio de la ONG Comisión Intereclesial Justicia y Paz, que encabeza el sacerdote jesuita Javier Giraldo, reconocido contradictor del expresidente Uribe. Pineda es un campesino con segundo grado de primaria que asegura haber trabajado en La Carolina. Dice que huyó al enterarse que planeaban eliminarlo y que tiempo después cuando regresó a la zona fue sorprendido por dos paramilitares que lo torturaron sacándole varios dientes con un alicate. Asegura que milagrosamente se salvó echándose a correr mientras le disparaban.

La defensa de Santiago Uribe reveló que Pineda tenía un amplio historial psiquiátrico con periodos de internación y medicación frecuente. Los registros del Hospital Mental de Antioquia hallados dan cuenta de un paciente que padece esquizofrenia paranoide. Tras esto, la Fiscalía envió un par de peritos de Medicina Legal para evaluar al testigo y estos afirman que el campesino, justamente por la experiencia traumática vivida, sufre episodios de “estrés extremo” pero que estos no invalidan sus afirmaciones. ¿Quién tiene la razón? Es otro interrogante que deberá resolver el juez que asuma el caso.

En síntesis, la defensa de Santiago Uribe asegura que el proceso está montado sobre tres testigos sin credibilidad ni poder demostrativo, además de otros declarantes indirectos “vagos, abstractos y especulativos”. Por su parte, la Fiscalía afirma que aún sin los testigos directos “todavía existiría mérito para sostener la acusación”.

Lo que sigue es el traslado del expediente al Tribunal Superior de Antioquia donde debe entrar al sistema para ser asignado a un juez. Por la extensión y connotación del caso se augura un tiempo largo antes de que un togado lo estudie y programe una primera audiencia. Y mientras que la Justicia ordinaria cumple su lento proceder podría despegar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), es decir, el sistema de justicia transicional acordado para poner fin al conflicto armado. Como se sabe, la JEP tendrá prevalencia sobre otras jurisdicciones y promete procesos rápidos imponiendo penas alternativas a cambio de verdad y reparación.

SEMANA estableció que dos de los testigos directos del caso, Meneses y Amaya, ya iniciaron trámites para someterse a la JEP, como agentes del Estado. La decisión definitiva de admitirlos o no la tomarán los magistrados del nuevo sistema una vez asuman. Así las cosas, la inocencia o culpabilidad de Santiago Uribe en el caso de Los Doce Apóstoles podría definirse en la JEP, paradógicamente una instancia de la que el expresidente Álvaro Uribe ha sido el más crítico.