Santoyo, ahora a responder por desaparecidos

Una nueva y grave acusación cayó en las últimas horas sobre el general (r.) Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez: deberá responder por la desaparición de dos defensores de derechos humanos. Se trata de un caso que se presentó en el departamento de Antioquia.

Así lo decidió un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia. Para él es claro que el alto oficial debe responder judicialmente por la desaparición en el año 2000 de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, ambos miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).

La secuencia de este caso es espeluznante. El general, en su momento uno de los responsables de la seguridad en Antioquia, tenía chuzadas 1.808 líneas telefónicas en el Valle de Aburra. Carlos Castaño, entonces jefe de las bandas paramilitares de extremas derecha que en ese momento imponían en el terror a lo largo y ancho del país, contacto a Santoyo para que le diera los resultados de esas ‘chuzadas’.

El oficial, según la evidencia recogida por el Fiscal, determinó que los dos defensores de derechos humanos eran un problema por su activismo político por lo que decidió desaparecerlos en una acción coordinada con Castaño.

Una investigación de la Procuraduría confirmó esta versión por lo que tomó una drástica decisión. En 2003, en las dos primeras semanas de octubre, todos los periódicos de Colombia sacaron al menos una vez en primera página la decisión del Ministerio Público la destitución del jefe de seguridad del entonces presidente Uribe.

En los noticieros de televisión y en los programas de radio el caso fue materia de debate. En ese momento el coronel de la Policía Mauricio Santoyo ejercía de Jefe de Seguridad del primer mandatario y se había convertido en uno de los hombres más cercanos no sólo de Uribe, sino de buena parte de su gabinete.

El Ministerio Público insistió en su destitución y detalló las graves sindicaciones contra Santoyo cuando se desempeñaba como comandante del Gaula de Medellín.

La Procuraduría, insistió una y otra vez, confirmó la participación del oficial en interceptaciones telefónicas, realizadas entre octubre de 1998 y diciembre de 1999, a organizaciones defensoras de derechos humanos y otros particulares en la capital de Antioquia.

La decisión, firmada por el procurador general, Edgardo Maya Villazón, también impuso a Santoyo la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años. Era uno de los más severos castigos disciplinarios del momento. Para la época, en Antioquia se ponían en marcha las Convivir, unas cooperativas de seguridad privada impulsadas por Uribe que en su condición de gobernador creía que estas serían una herramientas eficaz para combatir a la guerrilla.

Los desaparecidos

La Procuraduría entonces amplió su reporte. Informó que el 6 de octubre del año 2000, a raíz de una investigación que adelantó la Fiscalía en Medellín por la desaparición de Claudia Monsalve y Ángel Quintero, activistas de derechos humanos vinculados a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), se había llegado a Santoyo.

Durante las pesquisas las autoridades encontraron que las líneas telefónicas de los desaparecidos habían sido intervenidas ilegalmente por el Gaula de la Policía de Medellín.

La investigación estableció que de diciembre de 1997 a febrero de 2001 el Gaula realizó 1.808 interceptaciones ilegales y que varios miembros de la Policía habrían utilizado órdenes de intervención telefónica falsificando firmas de fiscales. La Procuraduría estableció que el Gaula intervino las líneas telefónicas "para lograr resultados operacionales sin importar el costo para los derechos fundamentales de las personas afectadas con la escucha arbitraria de sus comunicaciones privadas".

A pesar de la gravedad de la decisión del Ministerio Público, el presidente Uribe ordenó un comunicado que emitió la Casa de Nariño en el que se afirmó que el coronel Santoyo interpondrá el recurso de reposición. A pesar de todo, Santoyo continuó su carrera. Es decir, salió indemne de Medellín y fue ascendido.

Su caso perdió interés mediático pero cuando llegó el momento en el que el Congreso debía darle luz verde a su ascenso para general, la polémica se volvió a encender. La votación se dio el 28 de noviembre del 2007 en la Comisión Segunda del Senado. Y a pesar de que cuatro congresistas se opusieron, entre ellos la senadora Alexandra Moreno Piraquive, quien públicamente dijo que se sentaba un precedente “gravísimo”, pudo más la influencia política de Uribe. Ocho de los considerados uribistas pura sangre en ese momento se unieron y avalaron el ascenso.

El ponente fue el senador Manuel Enríquez Rosero y lo respaldaron Carlos Emiro Barriga, Jairo Clopatofsky, Ricardo Ariel Elcure, Luis Humberto Gómez Gallo, Adriana Gutiérrez, Marta Lucía Ramírez y Manuel Ramiro Velásquez. De ellos, Gómez Gallo, ese mismo año, empezó a ser investigado por sus vínculos con el paramilitarismo. La Corte Suprema de Justicia lo halló culpable y lo condenó.

Luego vino la extradición de Santoyo a Estados Unidos. Allá aceptó los cargos pero hasta ahora se había librado del delito de desaparición forzada.

Por eso, en las últimas horas, ahora se le solicita a Asuntos Internacionales de la Fiscalía General para que coordine con la embajada de Estados Unidos con el fin de que Santoyo de sus explicaciones.