¿Se acabará el año rural en Colombia?

El Servicio Social Obligatorio que prestan ciertos programas de la salud, más conocido como rural, está en una situación difícil.

Hasta el 18 de enero, los egresados de medicina, odontología, enfermería y bacteriología de todo el país tuvieron la oportunidad de inscribirse a las plazas existentes para hacer el rural.

Sin embargo, la mayoría de las IPS del Estado a donde serán enviados no tienen la capacidad económica para pagar los salarios de estos profesionales, según denunciaron sectores académicos.

Muchos otros centros no tienen ni las dotaciones ni el personal necesario para ejercer. Incluso, se conocen casos donde las instituciones de salud no compran cajas de guantes por falta de dinero o les ponen turnos de más de 48 horas seguidas al profesional porque no hay quién más atienda a los pacientes.

“El sistema de salud colombiano actual no está para tener un Servicio Social Obligatorio. Las Empresas Sociales del Estado están quebradas, con carteras de deudas altísimas. Por esto, o no le pagan al egresado o terminan por no abrir las plazas para el rural”, asegura Mónica Ríos, decana de la facultad de medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (UPB).

Por su parte, Élmer Gaviria, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia afirma que la postura de la academia de este departamento es clara. "El Servicio Social obligatorio deberá ser revisado estructuralmente y deberá acabarse porque no se puede permitir que un profesional que estudió durante más de seis años preste un servicio para que el Estado lo explote".

Este problema se agudizó con el cambio en la norma que hizo el Ministerio de Salud el pasado 28 de diciembre. Antes de esa resolución, la 4503 de 2012, no había límites en la cantidad de egresados que se presentaran a los cupos que abría cada departamento. Ahora, ese cupo es el doble de vacantes existentes. 

Es decir que si en Cundinamarca, por ejemplo, abren 70 plazas, sólo se pueden presentar al sorteo 140 profesionales. Los elegidos deberán cumplir su rural, mientras que a los 70 restantes, que no ganaron el sorteo al azar, se les exonera de prestar el servicio (vea el número de plazas disponibles por departamento).

La problemática surge con los otros cientos de egresados que quedan por fuera incluso de las inscripciones. 

La opción que les ofrece el Ministerio de Salud es que esperen a la convocatoria siguiente, que se abre cada cuatro meses: en enero, en abril, en julio y en septiembre.

En este sentido, los médicos son los únicos que están en desacuerdo frente al nuevo límite de la repartición de vacantes, según Osvaldo Barrera, profesional de la Dirección del Desarrollo de Talento Humano del área de la salud. “Ellos dicen que no hay plazas suficientes, pero tenemos 3.400 durante todo el año para los 3.800 estudiantes de medicina que egresan en el mismo período de tiempo, según cifras del Ministerio de Educación”, explica Barrera.

Además, afirma que para el sorteo de enero, se ofrecieron 541 vacantes en medicina para todo el país. De esas, quedaron 162 lugares, pertenecientes a los departamentos de Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Nariño, Magdalena, Santander, Guanía, Vichada y Sucre.

“Los médicos de Antioquia son los que más se han quejado en este tema. Eso es porque ellos no quieren viajar a otros lugares del país. Pretenden que si ese departamento no tiene suficiente capacidad, se les exonere a todos”, aseguró Barrera.

A esto, Víctor Correa, vocero estudiantil de los egresados del área de la salud en Antioquia, responde que ellos no tienen inconvenientes en viajar a otros lugares. “El problema está que las vacantes que se sortean presentan graves situaciones de explotación laboral. El ministerio nos quiere hacer ver como niños caprichosos que no quieren irse y eso no es así”, asevera Correa. 

A lo anterior se suma el desconcierto de algunos egresados a los que, al llegar a hacer su rural en el lugar que le asignaron, les dicen que no hay lugares disponibles. Así lo asegura Mónica Ríos, quien además afirma que la respuesta del Ministerio hacia el profesional es que esa vacante sí existe y se debe devolver al mismo centro de salud donde le dijeron que no podían recibirlo.

“Es cierto lo que dice el ministerio en cuanto a que los salarios del rural están entre 1.900.000 y cuatro millones de pesos. El problema es que muchas IPS no están pagando. Hay un caso de UPB donde el médico se fue a Quibdó y, de los ocho meses que estuvo allí, sólo le pagaron los tres últimos”, afirma Ríos. 

Según las cifras que conoce Víctor Correa, el 50% de los egresados de medicina de Antioquia renuncian a su rural porque las IPS no les pagan a tiempo. “El Servicio Social Obligatorio no es una práctica académica. Es un trabajo en el que el Estado debe garantizar todas las condiciones, incluido el salario”, explica este vocero. 

Algunas de las soluciones propuestas por los egresados de medicina de Antioquia es que el servicio social no sea obligatorio y que el Gobierno cree una política de estímulos para que los profesionales ocupen las plazas de los lugares más apartados. 

Además, Élmer Gaviria asegura que el Ministerio de Salud no ha atendido a las sugerencias de la academia. "Hemos presentado alrededor de 70 casos, identificados con número de cédula, nombre y lugar donde se prestó el servicio social. Allí se demuestran las violaciones a todas las condiciones de trabajo digno y no nos han querido oír".

El debate está en su punto álgido. No se sabe qué pasará con los cientos de egresados del área de la salud que no abarcaron el número de inscripciones. Sus opciones son esperar cuatro meses más y tener suerte en las próximas vacantes, o irse a otros departamentos con la disposición de esperar a que les paguen el sueldo y de trabajar con recursos insuficientes.