Se complica la situación de magistradas viajeras

Indignación. Esa palabra resume lo que todo un país ha expresado a través de las redes sociales y en la opinión pública por el polémico crucero en el que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz, y tres magistradas del Tribunal Superior de Bogotá disfrutaron de destinos caribeños como Curazao y Bonaire, con permisos aparentemente remunerados.

El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, tomó cartas en el asunto y decidió abrir una investigación preliminar contra las magistradas Martha Patricia Cruz Miranda y Luz Stella Roca, para determinar las posibles responsabilidades disciplinarias en su participación en el sonado crucero.

Según el auto del Consejo Superior de la Judicatura, se busca establecer “sí hubo o no una falta disciplinaria por parte de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá y el magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio que estuvieron en un crucero por el Caribe”.

Semana.com conoció algunas de las pruebas que se ordenaron de manera preliminar para verificar la posible responsabilidad del hecho, dentro de las cuales se destaca copia de los permisos solicitados a los presidentes de la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Bogotá, respectivamente, al igual que la toma de una declaración por parte de cada una de las magistradas para conocer su versión de los hechos.

En el auto se precisa que fue designado al magistrado Angelino Lizcano Rivera, quien será el encargado de analizar las pruebas y escuchar a los funcionarios involucrados, y deberá elaborar una ponencia al respecto.

Casi simultáneamente en el Congreso también se dio apertura de una investigación preliminar contra la presidenta de la Corte Suprema de justicia, por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, único órgano encargado de investigar a los magistrados de las altas cortes.

Finalmente, los organismos de control han tomado cartas en el asunto sobre el crucero de las magistradas, el cual podría no tener un interés particular, pero sí ha generado amores y odios respecto de los 60 días de permiso remunerado que tienen al año los altos funcionarios de la Justicia.