¿Se firmará la paz en 2014?

¿Llegarán el gobierno y las Farc a un acuerdo para poner fin al conflicto armado en este año? Esta es la gran pregunta de 2014.

La mejor oportunidad que tiene la paz es que antes de diciembre próximo se llegue a un acuerdo final sobre los seis puntos de la agenda y que el año 2015 sea el del inicio de la implementación de los acuerdos y el posconflicto. Si 2014 no produce la noticia de que las Farc se desarman y desmovilizan y de que el gobierno empieza en serio reformas y cambios de fondo aplazados por décadas, el proceso de La Habana podría languidecer y pasar a mejor vida. De ese calibre es lo que se juega este año. Uno que, con elecciones parlamentarias y presidenciales, va a ser el del gran plebiscito de esta generación sobre la paz y la guerra.

El año empezó con dos hechos tan opuestos como sintomáticos de las contradicciones y tensiones que se vienen.

El primero lo protagonizó el movimiento Uribismo Centro Democrático del expresidente y cabeza de lista al Senado Álvaro Uribe, que rompió fuegos el pasado 7 de enero con una acusación tremebunda: “En las conversaciones secretas de La Habana entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos no solo se están negociando las instituciones colombianas, el territorio y la impunidad para crímenes atroces, sino que se ha acordado frenar al Centro Democrático en las elecciones”. Un mensaje que no solo ratifica el tipo de argumentación que vienen empleando los opositores de la salida negociada al conflicto armado, sino que da una idea de la polarización y la pugnacidad que van a signar durante todo este semestre la situación política nacional, con la paz en el centro de una disputa electoral que se anuncia, desde ya, feroz. Acusar a un gobierno de hacer un pacto secreto con la guerrilla contra el partido de un expresidente es algo que tiene pocos antecedentes en Colombia.

El otro hecho fue el anuncio, hecho dos días después y que cogió por sorpresa a casi todo el mundo, de que el gobierno colombiano “retiró y canceló” el pedido de extradición de Guillermo Enrique Torres, alias Julián Conrado, para que se sumara a la delegación de las Farc en Cuba. Este jefe medio de las Farc, más conocido como cantautor vallenato que como combatiente, estaba preso en Venezuela y había sido pedido por la Fiscalía colombiana, acusado de secuestro, homicidio y desplazamiento. Si, desde el punto de vista de la negociación la llegada de Conrado a La Habana es una noticia interesante, pues se trata del primer integrante del Bloque Sur que se suma al equipo negociador (aunque su participación, por ahora, está ‘congelada’, pues según las Farc está en un delicado estado de salud), en Colombia ha producido reacciones encontradas y hay quienes critican duramente que el gobierno siga levantando órdenes de captura sin que las Farc hayan hecho, hasta ahora, ningún gesto de calado en la negociación, aparte de dos ceses de fuego unilaterales (el de este fin de año, decretado el pasado 15 de diciembre, termina esta semana).

La declaración del movimiento uribista y la liberación de Conrado apuntan a las dos grandes tendencias –y contradicciones– que van a signar, en materia de paz, este año que empieza. La primera es la tensión que introduce la campaña electoral en el proceso de negociación. La segunda, los retos que encara el proceso mismo, no solo mientras pasan las elecciones sino después de la elección presidencial.

El proceso

La negociación entre el gobierno y las Farc va en su tercer punto, el de drogas ilícitas. Los dos primeros fueron, en esencia, los de las concesiones del Estado a la guerrilla: se pactaron temas sustanciales de la plataforma agraria histórica de las Farc y garantías para que a la guerrilla desmovilizada no le pase lo que ocurrió con la Unión Patriótica. Después de un año de negociaciones y a partir de la ronda que arranca este lunes 13 en Cuba, la número 19, empiezan los puntos en los que a las Farc les ha llegado el turno de mostrar en qué están dispuestas a ceder (aunque el Estado, evidentemente, deberá también ir al encuentro).

En los tres puntos que restan –el de drogas ilícitas, cuya discusión empezó el año pasado, el de víctimas y el de fin del conflicto, que incluye desarme y desmovilización– el Estado tiene, por supuesto, mucho que conceder, pero la palabra la tienen las Farc.

Más allá del fenómeno social y rural de las drogas ilícitas y de los necesarios cambios en la fracasada política de guerra contra las drogas, ¿van las Farc a aceptar su participación en el tráfico y a dar garantías de que pondrán fin a esa práctica? ¿Lograrán disciplinar a todos los frentes, incluidos los más involucrados en el negocio ilícito? A la vez que piden al Estado reconocer la penetración del narcotráfico en la sociedad, ¿asumirán compromisos en temas que no figuran explícitamente en la agenda pero que son clave, como el de las minas antipersonales, el de las rutas y los laboratorios, o las alianzas, tácitas o abiertas con grupos de crimen organizado para mover cocaína?

Preguntas similares pueden hacerse a las Farc en materia de reconocimiento de su papel como perpetradoras de toda clase de crímenes de guerra, sobre sus obligaciones de perdón y reparación frente a las víctimas o sobre los compromisos que están dispuestas a asumir ante una sociedad hastiada del conflicto en materia de desarme, desmovilización y reintegración transparente y completa a la civilidad. Sin señales claras de la guerrilla en estos temas altamente sensibles, la opinión pública difícilmente abandonará su intransigencia en tópicos clave para la negociación como la cárcel o la participación en política de los guerrilleros desmovilizados, que ha sido persistente en todas las encuestas.

Caso aparte es el del ELN. Por lo que se sabe, pocos avances se han presentado con la segunda guerrilla del país para llegar a la instalación de una mesa paralela. Y el tiempo para ello se acaba. No solo por razones políticas sino por motivos prácticos. Es difícilmente concebible que, si el gobierno y las Farc avanzan hacia acuerdos sustanciales en mecanismos de Justicia transicional o en la instalación de una Comisión de la Verdad, con el ELN puedan pactarse luego mecanismos distintos. Ningún país del mundo ha visto dos comisiones de la verdad o dos modelos de Justicia transicional simultáneos. Los elenos, que siguen publicando comunicados incendiarios y poniendo toda clase de condiciones para iniciar los diálogos, como si la revolución estuviera a la vuelta de la esquina, harían bien en sopesar el juego que les queda entre las manos, cada día con menos cartas.

Las elecciones

Durante todo un semestre, hasta una probable segunda ronda de las elecciones presidenciales en junio, las negociaciones no se harán, como hasta ahora, en el aislado ‘container’ de Cuba, relativamente blindado frente a la situación política nacional, sino bajo el impacto directo del fuego electoral.

La campaña, no sin ayuda de los principales protagonistas, ya se ha convertido en un plebiscito sobre la paz. Aunque el gobierno no refina aún una estrategia para hacer pedagogía sobre el proceso que intente convencer a la opinión pública de sus bondades, el presidente ha enarbolado la paz como su principal bandera para la reelección. Si el tono del uribismo es encendido, el gobierno tampoco ha sido parco en responder a sus críticos y el presidente habla de la “propaganda negra” y las “mentiras” de los enemigos del proceso. Entre el alud de argumentos simplificados y argucias políticas de todos los sectores, en el fondo, lo que está en discusión son proyectos de país y de sociedad encontrados.

De ahí el carácter clave de estas elecciones. El Congreso que va a definir las reglas de juego para poner fin al conflicto tendrá a bordo, probablemente, una bancada uribista cuyo tamaño dependerá, en parte, de la calidad del debate electoral en torno al proceso en Cuba. En todo caso, la reglamentación del Marco Jurídico para la Paz, la creación de una Comisión de la Verdad, la eventual participación de Naciones Unidas en la supervisión y verificación de lo acordado y las leyes que aterricen los compromisos del Estado se discutirán en ese nuevo Congreso en el que la oposición uribista y el santismo tendrán el peso numérico que decida darles el electorado.

Y de ahí, también, los retos que enfrenta el proceso. Los tiempos políticos del país son distintos de los tiempos de la negociación. A lo sumo, desde hoy hasta las elecciones de marzo se alcanzarán a hacer tres rondas de conversaciones en La Habana. Las cuales difícilmente alcanzarán para cerrar el punto de drogas ilícitas, actualmente en discusión. De ahí a la primera vuelta de las presidenciales, en mayo, se podrían adelantar (si las partes no deciden hacer una interrupción en lo más álgido de la campaña) otras tres o cuatro rondas, a todas luces insuficientes para cerrar un trato. Es decir, un acuerdo final está descartado antes de que se sepa quién será el presidente para 2014-2018.

Evidentemente, el gobierno está interesado, en buena parte por motivos electorales, en presentar resultados, antes de marzo y antes de mayo. Sin embargo, aunque no sea lo mejor para la salud del proceso, no es improbable que las Farc pongan un pie en el freno de la negociación hasta ver quién será su contraparte a partir de junio de 2014. Sus declaraciones recientes, como la carta que dirigió Timochenko al columnista de SEMANA León Valencia o el comunicado sobre la participación de la CIA en los bombardeos contra sus jefes, apuntan a un endurecimiento en su discurso. Y ojalá que no se presente en el entretanto ningún hecho que pueda afectar la credibilidad del proceso. Un atentado con víctimas civiles o un magnicidio podrían alterar no solo el respaldo a la negociación sino el volátil panorama electoral.

En esas condiciones, la suerte de la negociación se va a decidir después de las elecciones. De no mediar hechos imprevistos, como están alineadas las estrellas en este momento, según todas las encuestas el presidente Santos se reelige. En ese caso, la pregunta es cuánto puede tomar llegar a un acuerdo final después de eso. Difícilmente el nuevo gobierno resista una negociación que llegue hasta 2015. Y tendrá el margen para presionar por resultados, entonces sí, en el término de meses, no de años. Por eso, lo más probable es que, si hay acuerdo final, este se firme en 2014.