Socia doméstica

A Cecilia Buelvas Olivera, de 61 años, la conocían los amigos de Gabriel García Romero como la fiel empleada doméstica que permaneció 40 años trabajando para la familia del ex alcalde de Cartagena. Lo que no sabían los amigos, ni los cartageneros, era que ?Ceci? hubiera llegado tan alto como para ser accionista minoritaria de la empresa que maneja el puerto más importante del Caribe colombiano. Cecilia nació en Ovejas, Sucre. Estudió hasta primaria y sabe leer, escribir...y firmar. Al parecer, razones suficientes para que Simeon Paschalides Kalidou, un ciudadano de origen griego, la hiciera su socia en una compañía llamada Tractores del Caribe. Según la escritura pública del 21 de junio de 1990, Cecilia y Simeon comenzaron con un capital de 300.000 pesos. Les fue bien. Tres años después, en 1993, compraron directamente 55.050 acciones por valor de 27.525.000 pesos en acciones de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Sprc. En ese mismo año la recién creada Sociedad Portuaria contaba con 3.670.000 acciones, equivalentes a 1.835 millones de pesos de capital. En total tenía 35 accionistas, entre los que estaban la Gobernación de Bolívar y obviamente, Tractores del Caribe, de acuerdo con la escritura pública 3.427 del 25 de junio de 1993. Otro de estos socios era el Distrito de Cartagena, con 275.250 acciones. En ese entonces estaba de alcalde de Cartagena Gabriel García Romero, quien decidió renunciar a 233.109 acciones, que Cartagena aún no había pagado, cuando ni siquiera había vencido el plazo de un año para pagarlas. Argumentó que no había recursos para mantener el paquete accionario y que la ciudad requería otras inversiones más importantes. Entonces le informó a la Sociedad Portuaria que la Alcaldía no podía pagar el valor de las acciones pero que había siete empresas privadas dispuestas a hacerlo. Con fecha 8 de noviembre de 1993, el alcalde le remitió por escrito al entonces gerente de la Sociedad Portuaria, Aníbal Ochoa, la lista de las empresas. Las 233.109 acciones fueron, en efecto, compradas por las sociedades recomendadas por García Romero. Esta decisión del Alcalde fue denunciada por Jorge Piedrahíta Aduén, un médico cirujano de 65 años que en los últimos seis se volvió veedor ciudadano contra la corrupción que en los últimos años ha golpeado a Cartagena. En entrevista con SEMANA sostuvo que ?García Romero cree que puede hacer todo lo que se le dé la gana con el país. Dicen que es uno de los hombres más ricos de Cartagena, pero se enriqueció con el Distrito. Yo nací en Ovejas, Sucre, donde él nació, y nuestras familias se conocen desde hace más de medio siglo?. Piedrahíta venía desde hacía muchos años denunciando al ex alcalde, hasta que presentó hace tres años una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Bolívar. Una investigación que adelantó el CTI de la Fiscalía parece darle la razón. Encontró que algunas de las acciones que estaban a nombre de la Alcaldía de Cartagena en 1993, fueron pasando de mano en mano hasta terminar en propiedad de la familia García Romero. De acuerdo con la investigación, en 1998 o sea cinco años después, la composición accionaria de la Sociedad Portuaria cambió. El problema es que, según la Fiscalía, no se entiende cómo se hicieron algunas de estas transacciones. Dejaron de figurar algunos de los socios minoritarios, como la Gobernación de Bolívar; en cambio, empresas como Tractores del Caribe ?originalmente de propiedad de la empleada doméstica y su socio griego? aumentaron su participación de 50.050 a 89.228 acciones. Además ya no aparecían ni Simeon , ni Cecilia, como socios de Tractores. Lo más probable es que durante los cinco años que estuvo como socia, doña Ceci nunca supo la carga que se movió en el puerto, ni las inversiones que se manejaron, ni el crecimiento de su empresa. La totalidad de sus acciones fueron cedidas a Inversiones Cubitas Ltda., una sociedad productora y exportadora de miel que funciona en el edificio Isla del Sol en el barrio Bocagrande, la misma dirección en donde vive Mady Romero de García, tía del ex alcalde Gabriel García Romero. Según el informe de la Fiscalía, Cubitas y otros dos nuevos accionistas, F.J. Rumie y Promotora de Inversiones Cartagena Ltda., están representados por una misma persona: Gerardo Rumie Sossa, nacido en Montería, Córdoba, hace 51 años. Lo curioso es que tanto F.J. Rumie como Promotora de Inversiones Cartagena Ltda. eran parte de la lista que el ex alcalde García Romero había presentado ante la Sociedad Portuaria para que adquirieran las acciones del Distrito de Cartagena. Indagado por los investigadores, Rumie Sossa sostuvo: ?Soy amigo personal del ex alcalde pero no tengo ninguna relación comercial con él?. Después les entregó a los funcionarios del CTI la fotocopia de una resolución de la Fiscalía de Cartagena en la que se extinguió una acción penal en contra de Gabriel García Romero, a quien se le había investigado por prevaricato en 1994. ?Esta investigación se adelantó por presuntos hechos delictivos con respecto a la no suscripción de unas acciones por parte de la Alcaldía de Cartagena en la Sociedad Portuaria?, anotó Rumie en la fotocopia. Al final, las acciones de Cecilia Buelvas, la empleada de confianza de la familia García Romero, y el griego fueron a parar a la sociedad Inversiones Cubitas, cuyos socios eran hasta 2000 los hermanos Frank Alberto y Juan José García Romero, primos del ex alcalde. La sociedad constituida por Juan José, esposo de la senadora Piedad Zuccardi, fue denominada García Zuccardi S. en C. Después Frank resolvió salirse de la sociedad y le cedió todas sus acciones a Teresa García Romero, hermana del ex alcalde de Cartagena. Hoy ella es cónsul de Colombia en Frankfurt, Alemania. Ahora lo que busca el demandante Jorge Piedrahíta es que el Tribunal Administrativo de Bolívar anule la transferencia de la propiedad de las acciones del Distrito de Cartagena y que le sean restituidas porque considera que se afectó el patrimonio de la ciudad. A las razones que expuso Piedrahita en la acción popular se unieron la Defensoría, la Contraloría, la Personería y el Distrito. En una carta que conoció SEMANA enviada a la magistrada que lleva el caso, la jefe jurídica de la Alcaldía de Cartagena, María Eugenia García Montes, señala que ?lo que estaba en juego no era una bicoca; era un negocio de gran envergadura, sino el más importante para los intereses económicos y financieros del Distrito de Cartagena?. Y con un enérgico señalamiento, finaliza la carta diciendo: ? Vemos que lo que aquí hubo fue un total concierto criminal para lesionar los intereses del Distrito de Cartagena, tristemente patrocinado por su propio burgomaestre?. SEMANA intentó buscar al ex alcalde Gabriel García Romero para conocer su versión de los hechos, pero no fue posible contactarlo. El gerente de la Sociedad Portuaria, capitán de navío (r) Alfonso Salas, le dijo a la revista: ?El ex alcalde Gabriel García Romero actuó en forma prudente y tenía las facultades para presentar a otros socios, y nosotros actuamos con pleno conocimiento en beneficio de los intereses públicos y de la moralidad administrativa. Si tenemos o no la razón, eso lo dirá el Tribunal.? Salas también aseguró que cuentan con toda la documentación para demostrar que no hubo irregularidades en los cambios accionarios. Tan convencida está la Sociedad Portuaria de su actuación que denunció por fraude procesal, calumnia e injuria al veedor Piedrahíta, autor de la acción popular. A raíz de esta denuncia, desde el viernes pasado Piedrahíta está detenido en su domicilio. Este no es un buen mensaje porque podría impedir que en el futuro, los ciudadanos que ejercen el control social ya no se atrevan a denunciar las irregularidades y la corrupción?, le dijo a SEMANA el personero distrital Fabio Castellanos. Ese mismo viernes cientos de personas llenaron la Plaza de la Aduana de Cartagena para protestar por la medida judicial en contra del reconocido médico cirujano. El Tribunal de Bolívar tiene ahora la última palabra en el caso.