NACIÓN
Destapan el 'cartel' del ganado
La Superintendencia de Industria y Comercio, con funciones ad hoc, multó a la Asociación de Subastas y a 16 sociedades del sector ganadero que habrían incurrido en conductas anticompetitivas al llegar a un supuesto acuerdo de precios.
Con una multa de más de 2.692 millones de pesos la Superintendencia de Industria y Comercio, con funciones ad hoc, sancionó a la Asociación de Subastas Ganaderas de Colombia y a 16 de sus afiliados por violación a la libre competencia.
Las sociedades sancionadas son: Asociación de Subastas Ganaderas de Colombia; Compañía Comercializadora Ganadera S. A., Comercializadora de Ganados de Sucre S. A., Comercializadora y Promotora Agropecuaria del Centro S. A., Subasta Ganadera Subagan Soga S. A. (Subagan Soga S. A.), Subastar S. A., Inversiones Ganadera Isaye SAS, Subastas Ganaderas del Urabá Grande S. A., Sociedad Central Ganadera S. A., Sociedad Subastadora de Ganados de la Costa Ltda., Subasta Ganadera de Caucasia S. A., Subasta Ganadera de San Jorge y la Mojana S. A., Comité de Ganaderos y Agricultores de Buga, J.V. Inversiones JHLV SAS, Agrocomercial Koran SAS, Subasta Ganadera Casanare S. A. y Comercializadora y Promotora Ganadera Asocebú SAS.
Según la Superindustria, las mencionadas sociedades formaron un cartel empresarial para fijar, coordinada y artificialmente, una comisión que se les cobraba a quienes compraban ganado en subastas públicas.
También fueron sancionados, con una multa de hasta 80 salarios mínimos, los 17 representantes legales porque "colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron o toleraron el diseño de este esquema, en violación de la Constitución y de la ley".
Entre las pruebas con las que cuenta la Superindustria hay dos fundamentales. La primera es el acta de la asamblea general de accionistas de Asosubastas de el 27 de febrero del 2012, en la que se acordó por unanimidad cobrar una comisión a los compradores de ganado en las subastas ganaderas.
La segunda son las “Normas para la Comercialización de Ganado en Subastas como Organizaciones de Intermediación Comercial”, un documento en el que se incluye la "obligación de cobrarle al comprador la tarifa previamente autorizada, así como la prohibición de modificar unilateralmente dicha comisión o cualquier otra de las autorizadas por la asociación".
Lo que empezó siendo una queja por un presunto acuerdo de precios, pasó a la delegatura y el superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez Medina, recomendó el pasado diciembre que se sancionara a las 17 sociedades. Casi dos meses después, Francisco Reyes tomó las riendas y anunció las sanciones, después de que el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, se declaró impedido.