La otra demanda contra el POT de Petro

El conservador Telésforo Pedraza, quien se autodenominó el principal opositor del alcalde Gustavo Petro en el Congreso de la República (aunque dice que no apoyará la revocatoria), ya tiene lista la demanda al Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Este jueves se dirigirá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para pedirle que anule el decreto con el que el alcalde “impuso” nuevas normas en materia del desarrollo urbanístico de la ciudad. El argumento del congresista es que el mandatario capitalino “violó la Constitución”.

Según Pedraza, el decreto del POT violó el artículo 313 de la Constitución, que le da la competencia de reglamentar el uso del suelo y el control y vigilancia de las actividades relacionadas con la construcción a los concejos municipales, por lo que el alcalde “usurpó” las competencias del cabildo.

Pedraza denuncia que Petro también violó la Ley 810 del 2003 al darles una “falsa interpretación de sus alcances. Dicha ley señala que si el Concejo no aprueba en el término de 90 días los planes de ordenamiento territorial presentados por iniciativa del alcalde, est podría expedirlo por decreto.

El congresista argumenta que el Concejo sí le dio trámite a la iniciativa, pues la Comisión de Ordenamiento Territorial del cabildo de Bogotá tomó la decisión de archivar el proyecto y posteriormente la plenaria de la corporación, en segunda instancia, adoptó la misma decisión.

Para Pedraza ese hecho demuestra que el Concejo sí se pronunció en el término establecido por la ley, hubo análisis y discusión y aprobó la ponencia negativa del proyecto. Recordó que cuando Enrique Peñalosa lo aprobó por decreto, fue porque en ese caso el cabildo no se pronunció frente al proyecto. “El uso del suelo es competencia del Concejo y no del alcalde”.

El representante conservador dice que el mandatario capitalino también violó el principio de “confianza legítima” al expedir el POT por decreto, ya que ese principio significa que "el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica”.

Además, Pedraza dice que con el POT Petro está derogando acuerdos administrativos, por ejemplo el que le dio vida al proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente. La obligación de ceder el 20 % del suelo para desarrollar viviendas para los más pobres o darle el equivalente en dinero al Distrito, es, a juicio del congresista, una norma que debía ser aprobada por los cabildantes.

Pedraza controvierte el POT al señalar que su impacto social será negativo porque está ahuyentando a los constructores de la ciudad, cuando la industria de la construcción es la mayor generadora de empleo. “Los constructores se están yendo a invertir en las goteras de la ciudad y están creciendo de forma anárquica. Soacha, Chía, La Calera ya son barrios de Bogotá. El POT es una de las tantas chambonadas, disparates y arbitrariedades del alcalde”, dijo.

La demanda se suma a los anuncios del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, y a los del Concejo de Bogotá, quienes consideraron ilegal el decreto.