Tibú: el desplante de los campesinos al Gobierno

Ni una sola palabra se pudo discutir en la mesa de interlocución entre miembros del gobierno nacional y los campesinos de la región del Catatumbo, que se había citado para este jueves en el convulsionado municipio de Tibú, el más grande de Norte de Santander.

Este ha sido un escenario de protestas desde el pasado 11 de junio puesto que el gobierno comenzó a implementar la erradicación de cultivos de coca mientras que los campesinos se oponen a ello hasta que tengan unas condiciones laborales estables en otro trabajo para poder sobrevivir. 

El ‘florero de Llorente’ para las agremiaciones campesinas fue la presencia de los generales Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, quien lleva tres días en el casco urbano de Tibú; y el general Marcolino Tamayo, de la Fuerza Operativa Vulcano. Esto se debe a que los enfrentamientos de la fuerza pública con cultivadores de coca en diversos escenarios de esta región han desatado toda clase de rencillas. 

La declaratoria de la  Zona de Reserva Campesina, la suspensión inmediata de las erradicaciones forzadas de cultivos de coca y la sustitución gradual a otra cadena productiva eran tres de los grandes temas a tratar y son los que tienen caldeados los ánimos, especialmente en las zonas rurales de esta región colombiana.

La comitiva del gobierno nacional estaba encabezada por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Estupiñán; el gobernador de Norte de Santander, Édgar Díaz Contreras y la gerente de Incoder, Myriam Villegas. También se presentaron los diez alcaldes de los municipios de Catatumbo: Tibú, Ocaña, Convención, La Playa, El Tarra, El Carmen, Teorama, Sardinata, Hacarí y San Calixto. 

Justo cuando la luz verde se asomaba antes de instalarse la mesa, hacia las 11 de la mañana, los representantes del gobierno ajustaban la temática y los mecanismos de intervención en un salón contiguo. En ese momento, Juan Carlos Quintero, uno de los representantes de la Asociación de Campesinos del Catatumo (Ascamcat), tomó el micrófono y preguntó a los 200 miembros de los grupos campesinos autorizados a participar en el auditorio si aceptaban la presencia de los dos altos mandos militares y de la policía. La respuesta fue un “no” rotundo. 

Para terminar de atizar la hoguera, César Jerez, presidente de la Asociación Nacional de Reservas Campesinas, arengó a los presentes a abandonar el colegio Francisco José de Caldas, elegido para el encuentro, ante los fallidos intentos de la gerente del Incoder por apagar los caldeados ánimos.

“En estos últimos cuatro años nunca ha habido presencia del Ejército Nacional. Esta entidad, en cabeza del general Marcolino Tamayo, ha señalado a los miembros de la protesta como estructuras terroristas. Por esas razones levantamos nuestra participación”, explicó Quintero.

El gobernador de Norte de Santander, como anfitrión del encuentro, tomó la palabra después de la partida de la gran mayoría de campesinos y ante la presencia de tan solo 20 personas. “Cada vez que hay una concesión vuelve y surge una dificultad mayor. Acá podemos, por lo menos, plantear los temas que se iban a desarrollar y adelantar lo que se pueda”, comentó. 

Los campesinos ya habían logrado una primera victoria en la mañana, después del tire y afloje telefónico mediante los testigos del encuentro como Defensoría del Pueblo y el Obispo de Tibú. Ellos impusieron 200 representantes de los 4.800 campesinos agremiados del Catatumbo en vez de los 10 que pretendía el gobierno nacional, como aseguran. 

“Hay cuestionamiento de parte y parte. Esta es una reunión civil, entre gobierno y campesinos, pero no podemos vetar quiénes están o no en la mesa. Las fuerzas armadas tienen que estar en todo el territorio y esta ha sido una condición del Ministro de Agricultura para estar acá. Ustedes, como campesinos, les pueden decir su versión. No dañemos esta posibilidad para corcertar y escucharnos todos”, pidió sin éxito Myriam Villegas, la gerente de Incoder. 

Tres grandes temas se iban a robar la gran atención sobre la mesa. Uno era la declaración inmediata de la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Campesina, según el artículo 81 de la Ley 160 de 1994 y el decreto 1777 de 1996. El segundo tenía que ver con el aspecto que más ha alterado los ánimos en la última semana, que es la suspensión inmediata de las erradicaciones forzadas de cultivos de coca y la sustitución gradual de esta zona en el marco de una propuesta productiva.

Un tercer tema era la aprobación de subsidios por 1.500.000 pesos por familia durante dos años para los núcleos que se acojan a la erradicación forzada de los cultivos de coca.

Pero el día no comenzó con pie derecho. Una vocera de los campesinos informaba, en el mismo recinto y ante la demora de la comitiva del gobierno nacional para llegar, que otras marchas populares estaban siendo reprimidas a la misma hora por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), como era el caso de La Y en Ocaña, en la vía Cúcuta-Bucaramanga.

El saldo, según esta vocera, era de cuatro heridos graves. Supuestamente, uno de ellos por herida de bala en el estómago y dos con amputación de una de sus manos. Además, afirmó que 400 de los 3.000 marchantes habían sido detenidos y sindicados por rebelión, entre otros motivos.

En medio de la expectativa, se anunciaba que 350 presos políticos, recluidos en la Cárcel de Cúcuta, habían entrado en una huelga de hambre como apoyo a los campesinos. Incluso se escuchó un saludo pregrabado de uno de los reclusos, quien se autocalificó como campesino del Catatumbo y en el que criticó que hacer alusión al estigma de “convertir y señalar irresponsablemente a humildes campesinos en narcotraficantes es una típica irresponsabilidad de los gobiernos de turno”.