Tiempos de guerra

Ingrid Betancourt se ha convertido en el símbolo de la nueva etapa que comenzó para Colombia el 20 de febrero, fecha en que el presidente Andrés Pastrana puso fin a su fracasado proceso de paz y ordenó bombardear el Caguán. Esa nueva etapa era una incógnita para los colombianos. La mayoría pensaba que la negociación en medio de la guerra era una farsa y que no habría gran diferencia entre la denominada “guerra total” y lo que habían vivido en los últimos tres años. Otros, con Horacio Serpa a la cabeza, tenían una visión más apocalíptica de lo que se podría venir. Para el candidato y otros intelectuales serpistas como el columnista Alfredo Molano la ruptura del proceso tendría consecuencias gravísimas y la relativa normalidad en que ha transcurrido la vida nacional hasta ahora desaparecería.

Sólo el tiempo dirá cuál de las dos partes tiene la razón. Sin embargo la primera semana después del rompimiento del proceso de paz da algunas luces sobre lo que se puede esperar de ahora en adelante.

La nueva etapa de la guerra que comienza va a ser dura. Los conocedores de la estrategia de las Farc saben que ‘Marulanda’ les ordenó a sus hombres librar la guerra en tres frentes: guerra en las ciudades, guerra contra la economía y guerra contra la oligarquía.

La guerra en las ciudades ya se comienza a sentir. No tanto en Bogotá que geográfica y militarmente está relativamente resguardada sino en otros cascos urbanos del país. Ciudades como Florencia, Neiva, Villavicencio y Arauca están sintiendo el impacto de esta nueva estrategia. Una característica de los conflictos internos contemporáneos es que el centro de gravedad se traslada gradualmente del campo a las ciudades.

Estas últimas debido a su elevada importancia estratégica en términos de comunicaciones, aprovisionamiento y concentración de riqueza, constituyen un escenario ideal para que los guerrilleros hagan demostraciones de fuerza con un alto nivel de perturbación. Para esto las Farc han constituido unas milicias urbanas que en la actualidad son estimadas por el Ejército en 10.000 efectivos. Estas milicias han resultado intimidantes pero rudimentarias para adelantar una guerra urbana. Hacen actos de terrorismo como la granada del metro de Medellín o la intención de volar una estación de Transmilenio en Bogotá, o la voladura con dinamita de la subestación eléctrica de la capital araucana. Sin embargo no tienen el profesionalismo de las tropas de las Farc curtidas en la guerra ya que con frecuencia están integradas por pandillas callejeras o gentes del bajo mundo sin mayor formación política o estratégica.

Aunque es mucho más serio un operativo urbano cuando es realizado directamente por las Farc como sucedió en el edificio Miraflores de Neiva, lo cierto es que es grande el daño que hacen estos milicianos con sus actos arbitrarios de terrorismo. Y no sólo es el daño físico sino el sicológico que invariablemente produce el terror cerca del hogar.

La segunda guerra de ‘Tirofijo’ es la guerra contra la economía. En esa categoría están las voladuras de torres eléctricas, oleoductos, puentes y muchos otros. El año pasado, por ejemplo, las Farc volaron 247 torres de energía y el Ejército calcula que con el proceso de paz roto este año serán más de 600. En Colombia hay en la actualidad más de 2.000 puentes y las Fuerzas Militares están en capacidad de proteger solamente 200. Por lo tanto es previsible que estos serán un blanco fácil en muchas regiones del país para buscar aislar a las ciudades y cerrar las fuentes de suministro.

Las Farc consideran que a corto plazo el deterioro económico contribuirá a ablandar a la opinión pública para inducirla a buscar de nuevo la negociación. Y a largo plazo consideran que la quiebra del país puede provocar las condiciones objetivas para un levantamiento popular. Por esto, en cuestión de destrucción de la economía, ‘Tirofijo’ y el ‘Mono Jojoy’ no tienen reservas ni contemplaciones.

La tercera es la guerra contra la oligarquía. Esta es una relativa innovación dentro de la estrategia de las Farc y parece copiado de la cartilla de Pablo Escobar. En esta categoría cabe el secuestro de Ingrid Betancourt, el de los cinco parlamentarios hoy en manos de esa organización guerrillera y los muchos otros que podrían venir y que han sido anunciados cada vez con más frecuencia por el ‘Mono Jojoy’, primero, luego por ‘Pablo Catatumbo’ y la semana que pasó por ‘Fabián Ramírez’.

Las Farc siempre han sido una organización guerrillera rural y hasta hace poco consideraban que la forma de obtener sus objetivos era a través de infringirle derrotas militares en el campo de batalla al enemigo y no a través de actos de terrorismo y chantaje. Al fin y al cabo no se puede cambiar el modelo económico de un país secuestrando una embajada como lo hacía el M-19. Esos eran golpes efectistas de pura imagen ajenos a la auténtica lucha revolucionaria cuyo fin es llegar al poder y no a las primeras planas de los periódicos.

Estos conceptos puristas han sido revisados pero no porque les importe la imagen sino por la obsesión que ahora tienen por el canje. “A ‘Marulanda’ lo que más le ha interesado desde que comenzó el proceso de paz es que le suelten a sus guerrilleros presos” y para esto ha descubierto que puede ser más útil el chantaje que el avance militar. El propio ‘Mono Jojoy’ declaró hace tres años “si no se puede el canje, tocará que algunos de la clase política acompañen a los soldados para intercambiarlos por nuestros hombres. Si no quieren por las buenas, tocará por otros medios. El que está al frente de ese negocio es ‘Marulanda’. Y a nosotros nos importan un carajo la Constitución y las leyes porque estamos fuera de ellas”. Más claro no canta un gallo. Y como si esto fuera poco, ‘Fabián Ramírez’ después del secuestro de Ingrid Betancourt comunicó que “se ha dado un plazo de un año al gobierno para que analice la propuesta. Ingrid Betancourt, al igual que el senador Gechem Turbay y otros que están en nuestro poder engrosarán las filas de los canjeables. Y si al cabo de este año el gobierno no toma cartas en el asunto entonces las Farc tomarán la decisión que más les convenga”.

Los medios de comunicación, tal vez por solidaridad con Ingrid Betancourt, presentaron esta noticia como si la fueran a tener retenida un año y luego soltarla. No fue eso lo que dijo el vocero de la guerrilla. El plazo de un año mencionado era el tiempo durante el cual le garantizaban la vida. Y la frase que al final de este “tomarán la decisión que más les convenga” es un chantaje a la sociedad con la vida de un candidato presidencial.

Lo que es seguro es que habrá más secuestros de esta naturaleza. Otra frase del ‘Mono Jojoy’ al respecto fue: “Habrá que traer políticos como hicieron con el hermano de Gaviria. Porque sólo entonces les pusieron atención y los canjearon”. Todo esto hace pensar que el problema del canje y la estrategia de chantaje que lo respalda va a ser un problema descomunal para el próximo gobierno. Mucho más complejo de solucionar que las consideraciones militares de la propia guerra.

Las tres guerras de ‘Tirofijo’ no van a ser de corto plazo. Casi nadie espera que este gobierno pueda definir algo. Al fin y al cabo, el presidente Pastrana se volvió guerrerista hace una semana y a estas alturas ya no tiene ni la credibilidad ni el temperamento ni el tiempo para estas lides. Para todos los efectos prácticos la verdadera guerra comenzará con el próximo presidente que la mayoría de colombianos cree va a ser Alvaro Uribe. Eso significa que de aquí a agosto no habrá sino una guerra simbólica, llena de actos terroristas y probablemente de pocas victorias militares contundentes. La primera prueba de esto ya se vio con la renuncia la semana pasada del general Gustavo Porras, comandante de la XII Brigada con sede en Florencia, quien pidió que lo dieran de baja con el argumento de que su operación militar no estuvo a la altura de las circunstancias frente a la escalada que las Farc desataron en el departamento del Caquetá.

Una guerra no se puede ganar si la estrategia militar no está respaldada de un estado de ánimo colectivo que le dé una dimensión de una cruzada. Las circunstancias que obligaron al presidente Pastrana a dar por terminado el proceso de paz dejan su posición guerrerista actual más como una emergencia política y una enderezada de imagen que un verdadero proyecto para liquidar militarmente al enemigo.

Por eso está claro que ya sea que gane Uribe o Serpa el retorno a la mesa de negociación no será posible antes de una medición de fuerzas en el campo militar. Un pulso de esa naturaleza no se puede definir a corto plazo. Para que haya una definición tiene que haber una modificación en la correlación de fuerzas y un año es un término insignificante para esto.

De ahí que todos los observadores anticipan que dos o tres años de guerra total tendrán que transcurrir antes de que haya una posibilidad de volver a sentarse en una mesa de negociación. Esos años no serán fáciles. Desde que se inició el proceso de paz de Andrés Pastrana las Farc aumentaron sus efectivos de 13.000 hombres en armas a 17.000. Más significativo aún es que hoy en Colombia hay un hombre armado ilegal por cada cinco uniformados legales. En 1986 cuando terminó en fracaso el proceso de paz de Belisario Betancur esa proporción era de uno a 18. El Ejército colombiano está mejor entrenado y equipado que nunca pero requiere una mayor inversión para aumentar su número de soldados profesionales.

El as con el que contará el próximo gobierno será el apoyo de Estados Unidos. Unas declaraciones del presidente George W. Bush en el sentido de que el componente militar del Plan Colombia podrá ser utilizado para combatir el narcotráfico y no la guerrilla fueron mal interpretadas. El presidente lo único que estaba haciendo era repitiendo la línea oficial del gobierno norteamericano el cual no puede hacer declaraciones diferentes hasta que el Congreso no modifique la ley sobre destinación de esos recursos. Aunque el trámite no es inmediato se espera que el Congreso haga dicha modificación y tan pronto esto suceda el Ejecutivo va a ser más concreto en su posición frente a Colombia.

Y, ¿qué es lo que se va a definir en esa medición de fuerzas? Concretamente dos puntos: si hay o no cese al fuego y si hay o no zona de distensión. Las Farc van a exigir volver a negociar en medio de la guerra y una zona de distensión por lo menos equivalente al Caguán. El próximo presidente se caería si acepta esas dos condiciones después de lo que se vivió durante el proceso de paz bajo el actual gobierno. Como tanto las Farc como el Ejército se sienten fortalecidos en este momento, después de agotarse militarmente tendrían que ceder en sus aspiraciones iniciales. En otras palabras podría llegar a haber una zona de distensión pero si se acuerda un cese al fuego o viceversa.

En todo caso de aquí a que se llegue a este punto falta bastante tiempo. Pero mientras tanto lo que van a ver los colombianos es más secuestros, torres derribadas y puentes dinamitados y muy probablemente una economía golpeada.