TIERRA ARRASADA

Aparecieron como fantasmas en la calle principal del caserío. Era la 1:30 de la tarde del 4 de mayo. El calor era sofocante. Los cuatro enormes camiones, atestados de hombres armados con fusiles, recorrieron las precarias calles. Estaban desoladas. La mayoría de los 2.500 habitantes de Puerto Alvira, Meta, se protegíadel clima en la fresca sombra de sus casas. Por eso pocos se dieron cuenta de la llegada de quienes minutos después serían sus verdugos.
Cerca de 200 hombres descendieron de los automotores y de inmediato asumieron el control. Vestían uniformes de camuflaje identificados con un emblema de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Algunos ocultaban sus rostros bajo capuchas. Actuaron a sus anchas pues sabían que en la población no había uniformados ni para un remedio. A gritos y patadas obligaron a los campesinos a salir de sus casas y los reunieron en la plaza. Allí, en medio de arengas contra la guerrilla y acusaciones de auxiliar a la subversión, uno de los paramilitares, un hombre alto y de aspecto rudo, al parecer al comando de la operación, hizo saber: "Nosotros venimos del Urabá porque aquí se mantiene la guerrilla. Todos ustedes son testigos de que pagan el impuesto del basuco, de la droga, del lavado de dólares".
Faltaba lo peor. Minutos después, lista en mano y acordonadas las calles para impedir que alguno escapara, empezó la muerte a llamar a filas. Una tras otra, 20 personas entre hombres y mujeres fueron requeridas por sus nombres. No más de cinco dieron un paso al frente. Las demás no estaban en el pueblo. Entonces, al azar, los paramilitares escogieron a sus víctimas. Las subieron a uno de los camiones y advirtieron a los aterrorizados habitantes que quedaban en la plaza que regresarían en una semana.
Minutos después se escucharon numerosas explosiones. Quedaron destruidas la estación de gasolina, una avioneta, cuatro pequeños supermercados y seis viviendas. Al mismo tiempo, y sin que pudieran hacer nada, 14 campesinos fueron ejecutados. No escapó ni una pequeña de 6 años. Como si no fuera suficiente, les prendieron fuego. Así, con ese dantesco espectáculo a sus espaldas, los 200 paramilitares subieron a los camiones y abandonaron Puerto Alvira.

¿Quien responde?
Conocida la masacre comenzó el debate de responsabilidades. Muy pronto se descubrió que lo que había pasado en Puerto Alvira había sido anunciado. Hace ocho meses el propio jefe de las Autodefensas , Carlos Castaño, en una entrevista a El Tiempo señaló las localidades de Meta y Guaviare que eran utilizadas por las Farc para movilizar cocaína y que estaban en la mira de los paramilitares. Fue entonces cuando dijo que "un poco más al sur está Caño Jabón (nombre con el que se conoce a Puerto Alvira en la zona), último puerto que tiene el río, desde donde pueden salir 10, 12 ó 13 aviones con coca y donde las Farc reciben grandes sumas por concepto de gramaje".
Que era una masacre anunciada fue el argumento que utilizó el defensor del pueblo, José Fernando Castro, para destapar el debate. Afirmó que desde octubre del año pasado, tras las declaraciones de Castaño, su despacho había dado la voz de alarma. Y aseguró que había advertido al gobierno y a las Fuerzas Armadas que algo grave podría ocurrir en esa zona. El funcionario aseguró, para corroborar su denuncia, que entre enero y finales de abril de este año la Defensoría había enviado más de 25 mensajes de urgencia, que recogían versiones de los habitantes de Puerto Alvira sobre una posible incursión paramilitar. El despacho de Castro había informado: "Luego de cotejar informaciones de autoridades y de la comunidad de Puerto Alvira (Meta) y Solita (Caquetá), hace un urgente llamado al gobierno nacional y a los diferentes organismos de seguridad para que tomen las medidas pertinentes a fin de evitar una posible masacre en esos lugares, que se encuentran acosados por guerrilleros y paramilitares".
La Fiscalía, por su parte, coincidió con los señalamientos de Castro. El fiscal, Alfonso Gómez Méndez, aseguró que los hechos habían ocurrido por ausencia de fuerza pública en la región, la que había sido solicitada desde julio de 1997 cuando ocurrió la masacre de Mapiripán, muy cerca de Puerto Alvira, en la que fueron asesinados 35 campesinos.La contraofensiva del gobierno no se hizo esperar. El alto mando de las Fuerzas Armadas, así como el ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, salieron al paso y negaron las acusaciones de Castro. Para sustentar su posición hicieron conocer una serie de cartas en las que habitantes de la población pedían a la guerrilla, a los paramilitares y al propio Ejército que permanecieran fuera del casco urbano de la población para evitar su vinculación con cualquiera de los tres bandos. "(...) Este temor se acrecienta cuando de pronto a la llegada de grupos armados no gubernamentales mal informados nos consideren ayudantes de uno u otro bando y comiencen a efectuar o a ejecutar su propia justicia pasando por encima de las vidas de personas inocentes. _dice uno de los mensajes_. En concreto les rogamos al gobierno y a las entidades arriba citadas se sirvan poner de su parte, de una manera positiva, para mantener alejados del casco urbano a los actores involucrados en el conflicto, llámense paramilitares, guerrilleros o militares, haciendo presencia las entidades neutrales para verificar y afianzar la confianza y tranquilidad de los moradores de esta región".

Lucha territorial
Las relaciones entre Defensoría y gobierno no son las mejores y cada uno intenta probar que tiene la razón. Pero, aparte de las acusaciones de uno y otro lado y del enfrentamiento entre los dos sobre responsabilidades en la masacre de Puerto Alvira, lo cierto es que la matanza de 14 campesinos y el desplazamiento de cientos es el capítulo más reciente de un viejo conflicto por el control territorial. Guerrilla y paramilitares se disputan vastas zonas del sur del país donde predomina el negocio de la coca.
Pero los sucesos recientes también abren serios interrogantes sobre el papel que desempeña el Estado en medio de esa guerra desatada por fuerzas que no sólo operan al margen de la ley sino que imponen la suya a sangre y fuego.
El hecho de que la masacre hubiera sido anunciada no sólo por los mismos paramilitares sino por los habitantes de la población, y de que a pesar de todo se haya consumado, revela una realidad que muchos no parecen querer aceptar: que en vastas zonas del país con escasa o nula presencia de las autoridades se han configurado paraestados (de la guerrilla o de los grupos de justicia privada) y que las medidas que el gobierno anunció el año pasado para enfrentar a las autodefensas no han pasado de ser declaraciones retóricas sin resultados concretos.
La intensificación del enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares es una demostración clara de que el Estado no sólo ha perdido el monopolio de las armas sino el control y la soberanía en parte del territorio nacional. El mismo ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, dijo la semana pasada que, aunque no admite las sindicaciones de omisión e ineficiencia del Ejército o de la Policía en la masacre de Puerto Alvira, existen limitaciones porque, dadas las circunstancias y los múltiples frentes de actividad, el Ejército "no tiene capacidad ni recursos para atender todas las necesidades". Por su parte el director de la Policía, general Rosso José Serrano, reconoció que no hay las condiciones para ubicar un puesto de policía "debido al alto riesgo que corren los agentes". Por escasez o por seguridad, la verdad es que, hoy por hoy, cerca de 2.000 localidades carecen de presencia activa de la Fuerza Pública, lo que las convierte en poblaciones de alto riesgo.
En el caso de Puerto Alvira, gran parte de la población es controlada por el frente 44 de las Farc desde hace varios años y ha sido aliada de la subversión, que les ha dado protección y cobra impuestos de gramaje a los cocaleros. En El Calvario, Lejanías y Puerto Rico, por ejemplo, no hay un solo militar y el poder también lo ejercen las Farc, aunque ya comienza a sentirse la presión de los grupos paramilitares. En El Dorado mandan éstos y en El Castillo se impone la guerrilla. En cuanto a la zona de la masacre, el puesto militar más cercano se encuentra en Mapiripán _a cinco horas por carretera y a media por avioneta_ y sólo cuenta con 130 hombres. Las bases de apoyo más próximas están en San José del Guaviare o Granada, muy lejos para una pronta reacción.
El conflicto se ha recrudecido tanto en el Meta que el Ejército se ve imposibilitado para hacer presencia permanente en cada sitio. No sólo hay problemas logísticos por insuficiencia de hombres y de recursos, sino porque ese no es el único frente que debe atender. No por nada el comandante del Ejército, general Mario Hugo Galán, dijo que "o nos dedicamos a cuidar caseríos o nos dedicamos a organizar operativos".
Para muchos, las explicaciones del gobierno no son suficientes y no van al corazón del problema. Y no sólo eso. Hay quienes han ido más allá y han insinuado, como el propio Defensor del Pueblo, que hay complicidad entre algunos poderes del Estado y los paramilitares. Tanto el fiscal, Alfonso Gómez Méndez, como el vicefiscal, Jaime Córdoba, han dado su voz de alerta y han denunciado que falta decisión y voluntad política en los más altos niveles para hacerle frente al problema paramilitar y que el Estado en su totalidad no está comprometido en la defensa de los derechos humanos.
En tanto ha quedado claro que las autodefensas están vivitas y coleando y con posibilidad de golpear una y otra vez. Pero, además, la masacre de Puerto Alvira responde a la operación 'Alcaraván', cuyo objetivo es quitarle a la guerrilla una vasta zona de colonización, en la que los cultivos ilícitos son la base de la economía. La región tiene la influencia del frente 44 de las Farc, el frente 53 domina el Meta y Cundinamarca y otros cuatro frentes controlan una región que incluye las selvas del Yarí y Caquetá. Frente a esta situación el Estado pierde terreno y solo desarrolla labores de forense y de sepulturero.
El país vive en el sur, especialmente en Meta y Guaviare, una guerra por el control del territorio. Los paramilitares han desatado una campaña de exterminio contra la subversión y su base social, similar a la que adelantaron en Urabá, y avanzan sobre una región que ha sido dominio de las Farc durante años. La pregunta es qué pretenden. La respuesta podría ser: demostrar su capacidad para alterar el escenario político y militar, y así ganar estatus político para lograr asiento en una eventual mesa de negociación.