Para ‘Timochenko’, la justicia indígena es “absurda”

Ver para creer. La guerrilla de las FARC está ofendida con la comunidad indígena de Cauca que detuvo a un comando armado, los sometió a un juicio popular y los condenó a penas que oscilan entre 40 y 60 años de cárcel, por haber asesinado a dos de sus miembros.

Con una alta dosis de cinismo, el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', dice a los integrantes del grupo subversivo que no los puede juzgar una instancia distinta a la propia que determine el movimiento guerrillero: “El único tribunal legítimo para juzgar a los milicianos implicados en el absurdo episodio provocado por la irracionalidad sospechosa de unos cuantos indígenas (...) es el contemplado por el reglamento de régimen disciplinario de las FARC”.

A 'Timochenko' tampoco le gustó la ola de solidaridad con los indígenas que se despertó en todo el país y que alabó que el crimen no quedara en la impunidad. Por eso, sentenció: La condena impuesta por los indígenas a los guerrilleros, “que se pretende consagrar como legítimo por el establecimiento, no es otra cosa que el reinado absoluto de la arbitrariedad en un país que se describe como modelo”.

Y amenazó: “Si ese es el país al que piensan debemos reintegrarnos, no hay entonces la mínima posibilidad de ello”, en referencia a los diálogos de paz que desde hace dos años se celebran en La Habana.

'Timochenko' criticó la condena impuesta por indígenas del pueblo nasa a siete guerrilleros que asesinaron a dos miembros de su comunidad la semana pasada, sentencia que él calificó de “absurda”.

Reunidos en asamblea, unos 2.000 indígenas de esta comunidad del departamento de Cauca condenaron el pasado domingo al autor material de ambos crímenes a 60 años de prisión, en tanto que cuatro adultos que le acompañaban recibieron penas de 40 años de cárcel cada uno y para dos menores de edad (de 14 y 17 años) que hacían parte del grupo se decretaron veinte latigazos.

“Es evidente que ese tipo de procedimientos repugna al más elemental sentido de justicia”, escribió 'Timochenko' en una columna publicada con fecha del 11 de noviembre en el sitio web Anncol, una agencia de noticias afín a las FARC.

Según el jefe de la guerrilla, “se acusa falsamente a los milicianos (de las FARC) de haber asesinado cobardemente a dos guardias indígenas que les reclamaron por la instalación de una valla” alusiva al tercer aniversario de la muerte en una operación militar de su antecesor, Alfonso Cano, ocurrida el 4 de noviembre del 2011.

En un comunicado divulgado por la delegación de las FARC que negocia la paz con el Gobierno en La Habana, ese grupo reconoció el sábado el asesinato de los guardias indígenas Manuel Antonio Tumiñá y Daniel Coicué, en una zona rural de Toribío, en el departamento de Cauca, aunque lo atribuyó a un malentendido.

Para el número uno de las FARC, la responsabilidad de la muerte de los indígenas es en la práctica culpa de los propios nativos. Según la particular visión de 'Timochenko', “los guardias indígenas, envenenados por quizás qué razón, reclamaron y exigieron a los milicianos remover la valla”.

“Como estos no les hicieron caso, pasaron a agredirlos y a pretender quitarles su armamento y detenerlos. Los milicianos se retiraron del lugar y los guardias indígenas fueron tras ellos en la misma actitud” y “en medio de una lucha cuerpo a cuerpo, se producen los disparos que causan la muerte a dos de los guardias”.

La cínica carta de las FARC se conoce en momentos en que del otro lado de la mesa, los representantes del gobierno nacional en la Mesa de conversaciones hacen esfuerzos para que la sociedad amplíe el número de delitos –incluso algunos gravísimos como el reclutamiento de menores- a la conexidad política.

Humberto De la Calle Lombana, jefe del equipo negociador, en un foro sobre el proceso de paz convocado por la Fundación Hanns Seidel, la Universidad del Rosario y el diario El Tiempo, señaló que se tiene que “discutir sobre el delito político y sus delitos conexos” porque, a su juicio, “se presentó un vaciamiento de la conexidad del delito político que lo ha dejado reducido y muy alejado de la realidad del conflicto militar”.

La propuesta de redefinir el delito político y sus conexos, con motivo del proceso de La Habana, tendría como fin permitir que los responsables de conductas penales, hoy comunes, como narcotráfico, al ser declarado este delito conexo (con alcance político), recobren la posibilidad de ser elegidos para cargos públicos una vez purgada la pena. Y algo más importante: que los autores de estas transgresiones no sean extraditados.

Así, mientras el Gobierno hace esfuerzos para abrirles el camino a las FARC, estas responden con una agresiva carta contra los indígenas –después de asesinarles dos de sus miembros- para decirle al país que con la guerrilla jurídicamente nadie se mete.