¿Quién puede detener el homicidio de defensores de derechos humanos?

Comienzo este escrito con una pregunta: ¿Quién puede detener el homicidio de defensores de derechos humanos? Mi respuesta es: solo ustedes, quienes conforman la sociedad colombiana pueden hacerlo.

Hace aproximadamente un año hablé en el Congreso de Colombia y expresé mis miedos sobre el uso de la política como algo normal relacionado con el proceso de paz y que condena a millones de colombianos que viven en zonas de conflicto armado a continuar sus vidas caracterizadas por las violaciones a sus derechos humanos, por la violencia causada por otros grupos armados que ocuparon el espacio dejado por las FARC-EP y por la continua exclusión económica y política.

Le pedí al Congreso que pusiera los derechos de estos colombianos por encima de la política. No sucedió. Ahora directamente les pido a quienes me leen y a la sociedad colombiana que redoblen sus esfuerzos y hagan lo que su Gobierno y sus partidos políticos no han logrado.

Le sugerimos: "La frustración con la implementación de la paz es explosiva": Todd Howland

Estoy hablándoles a todos los colombianos, tanto a quienes votaron en el plebiscito por el No como a los que votaron por el Sí. Los derechos humanos son algo que todos deberíamos disfrutar. No solo son para quienes tienen la suerte de vivir en ciertas partes de Colombia.

Hoy en el país, los pobladores de muchas de las áreas de donde salieron las FARC padecen por pobreza, homicidios, falta de acceso a derechos políticos, económicos, sociales y culturales, falta de servicios estatales básicos, presencia de economías ilegales y control de grupos armados ilegales.

A diciembre 20 de 2017, en el caso de defensores de derechos humanos y líderes, mi Oficina había registrado 105 homicidios, incluidos: 73 asesinatos contra líderes y lideresas; 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos; y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Adicionalmente teníamos 11 casos en proceso de verificación. Aproximadamente el 60% de estos asesinatos y de las muertes en el contexto de las protestas sociales ocurrieron en zonas dejadas por las FARC.

Los homicidios de defensores de derechos humanos están relacionados en gran medida con la disputa de poder, creada por el deseo de algunas personas de aumentar o mantener el poder político y económico, combinado con la ambición de controlar las rentas ilícitas; los defensores asesinados por lo regular son un obstáculo para dichos propósitos, pues en contraste a la disputa de poder está el deseo de los campesinos, afrocolombianos e indígenas de disfrutar de una verdadera participación política, libre de la dependencia de los cultivos ilícitos y otras economías ilegales.

En contexto: El de José Jair Cortés, otro asesinato anunciado en Tumaco

Pienso que debe haber aceptación de la responsabilidad de la sociedad colombiana frente a la situación, es decir frente al asesinato recurrente de defensores de los derechos humanos, a la pobreza rural, a la exclusión política y económica, a la existencia de narcotraficantes, bandas criminales y "disidencias”. Si la sociedad entiende su responsabilidad, su posibilidad de cambiar esta realidad es posible. Los homicidios en contra de defensores de derechos humanos se podrían detener.

Sin embargo, si la sociedad decide pensar y actuar como si este problema no fuera suyo, provocará que los colombianos más afectados por el conflicto continúen sufriendo tanto  violencia como violaciones a sus derechos humanos.

Una reflexión sobre la violencia y la paz

Quizás, sólo al mirarse cada uno en el espejo puede cambiar la relación de larga data de Colombia con la violencia.  Los invito a preguntarse, ya en estos últimos días de 2017: "¿Qué he hecho para mejorar las vidas de los colombianos que se han visto afectados por el conflicto?". Si su respuesta es: voté por el  SI o por el NO, no pasó la prueba, no ha hecho lo suficiente. Mi reflexión quiere invitarlo a pensar en una sociedad donde las personas y sus acciones individuales importan y, mucho, para encaminar el país hacia la paz o hacia la prolongación de la violencia. Estos temas son muy diferentes a los partidos de fútbol, y a las decisiones que se toman relacionadas con estar por un equipo o por otro. Aquí, de verdad, las decisiones individuales son trascendentales para la vida de quienes viven en la otra Colombia.

Paralelamente, tengo claro que el Gobierno y el Estado deben ser más honestos frente a las violaciones de derechos humanos y frente a la violencia, y haría bien que reconocieran que sus políticas y programas, además de mejorarse, deben ayudar a crear un entendimiento común de que todos los colombianos pueden contribuir y participar para cambiar la situación.

El poder del consumidor

Ahora quiero hablarles a los consumidores, que quizás somos todos, y que tenemos gran poder para cambiar el ciclo de violencia.

Parte del problema en el país es la falta de acceso a mercados viables para productos que son y podrían cultivarse en las regiones que han padecido la guerra, donde miles de colombianos no disfrutan de sus derechos como lo dije antes.

En Colombia observo que no se ha incentivado la existencia de consumidores responsables y que, además, hay falta de apoyo estatal a la pequeña economía campesina, indígena y afro pues las compras públicas no tienen en cuenta a los pequeños productores, que habitan en las zonas más difíciles del país.  

Los poderes locales controlan los mercados de los productos en estas zonas conflictivas y ofrecen una miseria como precio a los productores.

Nosotros, desde la Oficina  de la ONU para los Derechos Humanos, estamos apoyando un proyecto (CoffeeForRights)  en el Cañón de las Hermosas, donde los productores locales puedan vender, en unos seis meses, más o menos en julio de 2018, su café directamente a consumidores nacionales e internacionales, a precio de mercado, mediante una aplicación web, y así aumentar el ingreso de los campesinos en un 80% o 100%, incluso después de sumar los costos de transporte nacional o internacional.

Esto se puede lograr sin cambiar la infraestructura de transporte existente. Pero lo más valioso es que los ingresos generados por los productores de café dentro de este proyecto excederán los ingresos potenciales de cualquier producción ilícita.

Este programa funciona porque es pequeño en escala. "Lo pequeño es hermoso", ya que se requieren pequeñas empresas para transformar la economía local hacia una economía más equitativa y sostenible.

Esperamos que con este proyecto, los agricultores del Cañón de las Hermosas generen ingresos suficientes y puedan empujar al poder político de su región para hacer mejoras en las escuelas y en el acceso a la atención médica.

Consumo responsable

En el mundo el poder de las personas para mejorar o no el respeto por los derechos humanos se ha vuelto cada vez más claro en los últimos años con el auge de los consumidores responsables y el mercado inversionista.

Algunos de los fondos de inversión más grandes del mundo ahora tienen prohibido invertir en compañías que violan los derechos en su cadena de suministro. Ejemplos de esto son: el Fondo de Pensiones Noruego y el Plan de Jubilación de Empleados Públicos de California (el fondo de pensiones más grande de EE.UU.). Estas elecciones individuales están cambiando radicalmente las estrategias de derechos humanos.

En Colombia, hay pocas experiencias en este sentido que se podrían replicar. Por ejemplo, el restaurante WOK ha difundido buenas prácticas de cocina y de consumo responsable, mediante la compra de pesca artesanal y el desarrollo sostenible, el uso de ingredientes provenientes de comunidades locales y la protección del medio ambiente.  

¿Le gustaría ser consumidor responsable?

Soy un convencido de que se pueden generar cambios positivos en el disfrute de los derechos humanos en áreas de conflicto, a pesar de la política de Colombia, pero dependerá mucho de  la sociedad.

Los cálculos aproximados indican que si el 10 por ciento de los consumidores colombianos se convierten en consumidores responsables, esto sería suficiente para cambiar la realidad de las áreas afectadas por el conflicto armado.

Se me ocurre que podemos comenzar a darle forma y profundidad a esta idea por medio de la suscripción de personas que deseen ser consumidores responsables y contribuir a cambiar su país en zonas como Chocó, Putumayo, Cauca, Guaviare, Nariño, Tolima, en fin, en zonas donde el conflicto armado golpea a la población. Por eso, en esta columna les propongo entrar en este link. Suscríbase.  Esto le permitirá comprometerse a comprar cuatro veces al año durante un período de dos años una libra de café directamente de los productores del Cañón de las Hermosas afectados por el conflicto en Colombia. El precio será igual al de un café premium que compre en el supermercado, solo que esta vez no habrá intermediarios. Lo que queremos es que los productores reciban un precio justo por sus productos y puedan así mejorar el disfrute de sus derechos. Usted  no solo podrá regalar café a su familia o a un amigo, sino que también contribuirá activamente a generar cambios positivos en los derechos humanos. Tomará un poco menos de un año para que usted reciba su primera entrega de café. Todo lo anterior, gastando el mismo dinero que actualmente usted ya gasta en café.

Las compras públicas a pequeños productores

Casi siempre en Colombia las ganancias individuales y políticas son más importantes que los derechos y el bienestar de las personas que viven en las zonas de conflicto. Las noticias están llenas de información sobre la corrupción en los contratos de suministro de alimentos en los programas de nutrición a las comunidades más vulnerables y de alimentación escolar y sobre la necesidad de lidiar con el aumento de los cultivos de coca.

Muy poco se ha hecho para establecer sinergias entre empresas, entidades estatales, iglesias y otros sectores con comunidades afectadas por el conflicto, como una de las formas de superar la corrupción, atender adecuadamente los programas sociales y, al mismo tiempo, estimular la pequeña economía de las comunidades rurales afectadas por el conflicto. En ello tiene un peso la protección de intereses individuales e institucionales.

Resulta necesario y urgente que los contratos estatales para el suministro de alimentos en los programas de alimentación escolar y de asistencia nutricional a poblaciones vulnerables comiencen a realizar compras públicas de la producción de pequeños productores locales.

Esto incluiría hacer compras a los campesinos que quieren unirse a la economía legal y sustituir voluntariamente los cultivos de coca, marihuana y amapola.

Los recursos del presupuesto nacional que se emplean hoy para alimentar a unas 500,000 personas en las fuerzas armadas y la policía, más de 120.000 reclusos, y decenas de miles de estudiantes y beneficiarios de programas nutricionales, podrían tener un impacto adicional en la reducción de la pobreza en las zonas rurales si las entidades responsables deciden poner en marcha programas de compras de productos agrícolas a los pequeños productores rurales. Pero de lo contario: Si no haces nada, eres parte del problema.

El Gobierno colombiano debe mirar hacia Brasil, donde se apoyan dos modelos de agricultura: la pequeña economía campesina y la agroindustria. Brasil ha demostrado que los pequeños productores son viables. Pero la visión del Gobierno colombiano todavía se centra en estimular la gran industria, descuidando el fortalecimiento de los pequeños productores.

La gran industria requiere un gran capital e inversión en infraestructura y este tipo de inversión es improbable a corto plazo. El abandono de la economía campesina da como resultado: la pervivencia de economías ilegales + homicidios de defensores de los derechos humanos +  violencia en general. La ideología, de nuevo es más importante que la vida. Esto debe cambiar.

A medida que el Estado colombiano comience a hacer sus compras de forma consistente con el respeto de sus obligaciones de derechos humanos, los consumidores deberán exigir cambios y los inversores deberán garantizar que se respeten los derechos en toda la cadena de producción.  Los empresarios, la academia y las iglesias que desean una sociedad en la que se respeten los derechos humanos deberían dar rienda suelta a su creatividad para, poco a poco, empoderar a las comunidades locales mediante la creación de mercados para ellas y de un cambio profundo en la ecuación actual, para logar: +consumidores responsables + inclusión de las comunidades rurales + economías lícitas en estas regiones + derechos = - violencia - homicidios de defensores + paz. 

2018 será el camino al 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y uno de sus propósitos será que todos trabajemos para que los derechos humanos sean una realidad en todas partes, no solo en ciertos lugares. Les pido a todas y todos los colombianos que participen en la solución a la actual pesadilla de derechos humanos que enfrentan muchos de sus conciudadanos en Tumaco, Chocó y muchas otras partes de la zona rural de Colombia. Los cambios no se generan con buenas intenciones o planes, sino a través de acciones individuales y colectivas. Ustedes pueden ser el cambio que necesita el país.