Aerolíneas y Superintendencia se muestran los dientes

Desde hace varias semanas, la Asociación del Transporte Aéreo en Colombia (Atac), que reúne a las principales aerolíneas del país, se viene quejando por la elevada carga tributaria que deben pagar y que, según ellos, está haciendo que el precio final de los tiquetes sea cada vez más alto.

Sin embargo, las críticas más duras se han centrado sobre la tasa de vigilancia, un pago que desde 2012 las empresas aéreas y otros sectores vigilados por esta entidad, como los puertos marítimos y fluviales, las empresas de transporte terrestre, concesiones viales y férreas, entre otros, deben hacer a la Superintendencia de Puertos y Transporte para financiar sus gastos de funcionamiento, que en 2015 fueron de cerca de 23.600 millones de pesos.   

Solo los puertos pagaban esa tasa desde 2000, a pesar de que la entidad vigila a más de 8.000 empresas. Para redistribuir esa carga, el Congreso de la República determinó en 2011 que debían asumirla también todas las empresas del transporte, incluidas las aerolíneas. Pero esa decisión no gustó en el sector aéreo, pues además de ser un nuevo tributo lo consideran injusto. “Nuestra principal vigilante es la Aerocivil, que mira todos los aspectos técnicos, operativos, corporativos y financieros; mientras que la superintendencia solo vigila la parte financiera y corporativa. Consideramos que estamos tributando dos veces por la vigilancia del Estado”, dijo Gilberto Salcedo, presidente de Atac.

Este descontento llevó a las aerolíneas a demandar la medida ante la Corte Constitucional en 2014. El año pasado, el máximo tribunal confirmó que efectivamente todos las empresas vigiladas, incluidas las compañías aéreas, debían pagarlo para financiar a la superintendencia, pero aclaró que la manera como se estaba haciendo el cobro no era la indicada. Esto, porque el Congreso incluyó dentro de la tasa no solo los gastos de funcionamiento de la superintendencia, sino los de inversión –tecnología e innovaciones–.

Aun así, la tasa y la sentencia mantienen enfrentadas a las partes. En la superintendencia dicen que entre 2012 y 2014 las aerolíneas debieron pagar 28.677 millones de pesos, pero solo le han girado a la entidad 7.608, es decir, que le deben 21.069 millones de pesos. Y en 2015 sí pagaron su totalidad: 7.936 millones -ya con el ajuste que ordenó la corte–, porque la superintendencia puso en marcha un sistema que liquida y emite la factura a cada una de las empresas para evitar pagos parciales.

Gilberto Salcedo afirma que las cuentas de la superintendencia están mal, pues la medida no solo se estaba negociando previamente con el gobierno sino que estaban a la espera del fallo de la corte, que según ellos, derogó no una parte sino todo el pago de la tasa. El superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, dijo que no hay dudas en cuanto a la legalidad del impuesto y advirtió que las aerolíneas están sembrando dudas para no pagar lo que deben. “Incluso han dicho que la tasa impacta al alza el precio de los tiquetes y eso es falso. Por ejemplo, si un tiquete Bogotá–Cali cuesta 275.810 pesos, tan solo 185 pesos corresponderían al valor de la tasa, lo que desmiente ese argumento”.

Lo otro que molesta a las compañías aéreas es que ellas solo son el 1,5 por ciento del total de vigilados, pero financian más del 31 por ciento del funcionamiento de la superintendencia.  Por su parte, el ente de vigilancia dice que la tasa es la misma para todos, pero como en ese sector los ingresos son mucho más altos que en otros, es lógico que el aporte sea mayor.

Y parece que la pelea va para largo, pues las aerolíneas pidieron hace unos meses al Consejo de Estado suspender el pago de ese tributo. El superintendente Jaramillo le dijo a SEMANA que seguirá adelante con los cobros y la recuperación de la cartera de las aerolíneas, que, por cierto, son las únicas del sector que plantean la ilegalidad del tributo. Mientras la polémica continúa, los faltantes para el funcionamiento de la superintendencia se han cubierto con partidas presupuestales del Estado, dinero que finalmente sale de los tributos de todos los colombianos.