Proceso de paz: en la recta final

Después del acuerdo logrado esta semana para blindar el proceso de paz, el fin de la guerra en Colombia es cuestión de semanas. El acuerdo fue recibido con entusiasmo por muchos sectores políticos, causó indignación en otros, y ha sido difícil de entender para la mayoría de los colombianos. Es un texto lleno de filigrana legal, que acude a figuras jurídicas nuevas que son difíciles de digerir aun en un país tan santanderista como este. De hecho la controversia constitucional entre juristas ya está al rojo vivo.

En el plano político el documento firmado desenreda el nudo gordiano que había en la Mesa de La Habana desde hacía seis meses y significa un salto definitivo hacia el final de la negociación. ¿Por qué es tan importante y qué implicaciones tiene?

Si hubiera que sintetizar el alcance del acuerdo en una frase sería que a las Farc les garantiza seguridad jurídica y al gobierno le permite darle al proceso legitimidad política.

Para las Farc blindar el acuerdo para su futuro sin armas era vital. Ellos no confían aún en el Estado ni en gran parte del establecimiento político, y por eso temen que si firman la paz con un gobierno, y no tienen suficientes seguros, les pueden hacer ‘conejo’ en el siguiente. Ese temor se alimenta de posiciones como la del senador Álvaro Uribe, que ha dicho abiertamente que quiere cambiar el contenido de los acuerdos, o del estratégico silencio que ha guardado respecto al proceso de paz Germán Vargas Lleras, hoy el precandidato más sólido para llegar a la Presidencia.

Frente al tema de la seguridad jurídica para las Farc, el blindaje del acuerdo tiene tres cerrojos, dos internacionales y uno interno. En el frente externo, el texto queda depositado en Berna, ante el Consejo Federal Suizo, como un acuerdo especial del derecho internacional humanitario que obliga a ambas partes a cumplirlo.

Por otro lado, ante la ONU el presidente declarará, de manera unilateral, que el Estado se compromete a cumplir el acuerdo. Eso debería desencadenar un respaldo del secretario general, Ban Ki-moon, quien anexaría todo el acuerdo a la resolución del Consejo de Seguridad que autorizó la misión de verificación del cese del fuego y el desarme en Colombia.

En otras palabras, el gobierno y las Farc se pusieron bajo los ojos del mundo, y eso los compromete aún más a cumplir lo acordado. Que Colombia acuda a estos escenarios internacionales es nuevo y eso explica, en parte, el desconcierto que el acuerdo ha causado en algunos círculos jurídicos y políticos domésticos.

En el ámbito interno, el pacto quedará blindado cuando sea aprobado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional. En ese momento, quedará integrado al bloque de constitucionalidad y no podrá ser modificado por los gobiernos de turno.

Pero quizá el mayor impacto es que le despeja una ruta de legitimación política a un proceso de negociación que estaba perdiendo oxígeno y credibilidad ante la opinión pública. Lo primero es que el acuerdo entre el gobierno y las Farc, una vez firmado, debe ser refrendado sea con plebiscito o con otra fórmula. Esto le daría un respaldo popular absolutamente necesario para desactivar la polarización y generaría un clima propicio para los cambios que se vienen en el posconflicto.

Lo segundo es que el acuerdo pasaría por el Congreso y ese tránsito lo rodea de legitimidad política. El hecho de que gran parte de los partidos políticos acojan lo pactado lo convierte en un propósito nacional. Obviamente no será una aclamación unánime –no estará el uribismo–, pero en la medida en que lo aprueben amplias mayorías tendrá un gran impulso democrático. Lo tercero es que la Corte Constitucional le tendrá que dar su visto bueno y eso significa que se ajusta al Estado de derecho. Esta última instancia despejaría las dudas legales sobre la incorporación de los acuerdos al ordenamiento jurídico colombiano y le dará el último respaldo institucional necesario.

Todo este camino parece obvio, mínimo y natural para el colombiano de a pie que conoce cómo funciona la democracia. Pero el hecho de que las Farc, que no han creído históricamente en las instituciones –y se sublevaron en armas contra ellas-, acepten someterse a sus reglas de juego, muestra lo cerca que está la firma de la paz. Respecto a la refrendación, las Farc dejaron claro esta semana que el acuerdo deberá ser sometido al voto popular. Aunque aún en la Mesa de La Habana no se ha pactado el mecanismo, se sabe que el gobierno le apuesta al plebiscito.

Uno de los grandes efectos prácticos de este pacto es que cierra el capítulo de la constituyente como una exigencia de las Farc para implementar los acuerdos. Es muy probable que esta propuesta se convierta en la primera bandera política que enarbolarán las Farc en la vida civil, como partido político. Pero en la Mesa de La Habana, ese tema queda superado.

Un efecto implícito del acuerdo del jueves es que cambia el carácter de la negociación. Al involucrar directamente al Congreso, a la Corte Constitucional, y al adquirir obligaciones internacionales, ya no se trata de una negociación entre las Farc y el gobierno de Santos sino entre esa guerrilla y el Estado colombiano.

Finalmente, en la práctica, lo pactado destraba el punto del cese de hostilidades y la dejación de armas. Si las Farc se sienten seguras de que no les pondrán ‘conejo’ deberían dejar las armas sin mayores demoras. Es probable que antes de que finalice mayo se llegue a un acuerdo sobre el fin del conflicto –cese y desarme- y sobre garantías de seguridad para quienes dejen las armas.

Ahora, si lo pactado esta semana en La Habana da seguridad jurídica, involucra a las instituciones y ratifica que habrá refrendación popular, ¿por qué ha causado tanta controversia entre algunos sectores políticos?

Primero porque se acude a procedimientos nuevos y eso genera polémica. Así ocurrió en 1957 para crear el Frente Nacional y en 1991 cuando se creó el Congresito. Segundo porque la campaña de 2018 está encendiendo motores y muchos dirigentes políticos que ven que la paz hoy no es rentable electoralmente salen a cabalgar sobre el escepticismo de la opinión.

Tercero porque este proceso de paz puede ser el cambio político más importante que ha vivido Colombia en las últimas décadas y aunque genera esperanza también despierta miedos e incertidumbres.

Sin embargo, por importante que sea el paso dado esta semana, quedan todavía puntos pendientes por acordar, además del cese de hostilidades y la refrendación. Uno, es cómo será la reintegración de las Farc, y el otro, es la implementación y seguimiento de los acuerdos.

Los más optimistas creen que antes de finalizar mayo se puede firmar el cese al fuego y que a finales de junio es posible firmar el acuerdo final. Dos meses después comenzaría el desarme, al tiempo que quedaría aprobado el acto legislativo. Luego vendría el procedimiento para refrendarlo –sea plebiscito o no- que se realizaría en septiembre u octubre, lo que le daría paso a la incorporación del acuerdo al bloque de constitucionalidad.

Así las cosas, a finales de este año o a principios de 2017 las Farc habrían dejado las armas, y Colombia empezaría a escribir un nuevo capítulo de su historia donde las nuevas generaciones sean capaces de construir un país incluyente, pacífico y tolerante.