Estos son los líderes que sufrieron atentados

Luego del fin de semana de horror, en el que cinco líderes sociales sufrieron atentados, varios representantes sociales se reunieron a las afueras del búnker de la Fiscalía, en Bogotá. 

El propósito era claro: pedir justicia y que los graves hechos sean investigados. Así, según Camilo Fagua, asesor jurídico de la Fundación Por la Defensa de los Derechos, aseguró que él y los manifestantes exigían al ente acusador y al Gobierno "que actúen de manera inmediata para dar con los responsables de los crímenes ocurridos". 

"Para nosotros es de vital importancia que haya garantías efectivas para defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales. Es necesario que los acuerdos de La Habana se implementen de inmediato", agregó.

Fagua aseguró que la fundación de la que hace parte y los líderes que fueron asesinados este fin de semana habían denunciado en meses anteriores la aparición de panfletos alusivos al grupo paramilitar de las AUC en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá). 

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Por su parte, la excongresista Gloria Inés Ramírez, quien también asistió a la manifestación, aseguró que lo que quieren es "acciones claras del Gobierno para garantizar la existencia de la Marcha Patriótica, a través de la vida de sus dirigentes".

"Se han hecho 124 asesinatos en cuatro años. En la última semana tenemos cinco. Estos nos muestran que lo que hay aquí es un plan de exterminio que nuevamente tiene que llamar no solamente las alertas sino al Gobierno y a toda la institucionalidad para que no se minimicen los hechos, como se ha tratado", dijo.

Y agregó: "No queremos que Colombia vuelva a vivir una Unión Patriótica (...) Son los mismos comportamientos que están mostrando que hay en marcha un plan de exterminio".

En relación con los hechos del fin de semana, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que "no podemos permitir que estos hechos se empiecen a consolidar en ningún lugar del territorio". Por eso, la Fiscalía consolidó un grupo de 21 investigadores que se encuentran en Caquetá haciendo las pesquisas del caso para esclarecer los hechos. 

Erley, un líder nato

Erley Monroy Fierro no era un líder cualquiera en Caquetá y Meta. Era una acérrimo defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, que murió el viernes pasado en la vereda Siberia, en San Vicente del Caguán. 

Tenía 54 años y muchos sueños por cumplir. Quiso ser diputado de la Asamblea Departamental de Meta para 2016-2019, pero en las elecciones pasadas los votos no le alcanzaron para ocupar la silla como uno de los representantes del partido Alianza Verde. 

Perder la oportunidad no fue impedimento para que siguiera en sus luchas. Defendía con las uñas la Zona de Reserva Campesina del Losada-Guayabero, que queda en la región de La Macarena, entre Meta y Caquetá. Allí mismo nació él. 

Desde que la controvertida técnica para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales, más conocida como fracking, llegó a Colombia, Erley Monroy se opuso. Fue uno de los líderes que se enfrentaron a las empresas que llegaron con la intención de buscar pozos petroleros en región de La Macarena. 

Tenía la convicción de que las petroleras no sólo generan un daño ambiental, sino que hacen un mal al tejido social. "Nunca llegan con cosas buenas", dijo Monroy en varias entrevistas. Su capacidad de liderazgo logró unir a varias organizaciones para pedir la defensa de los parques Tinigua, Picachos y Sierra de La Macarena.

Fue integrante de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero (Ascal-G), una organización representativa del sector agrícola. Desde allí, empezó a denunciar la presencia de grupos paramilitares en Caquetá. Y es que en San Vicente del Caguán, incluso, empezaron a circular panfletos firmados supuestamente por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

En los últimos meses, Monroy sabía que las cosas no estaban bien. Según contó a personas cercanas, el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, lo había acusado de pertenecer a las FARC y de cobrar supuestas extorsiones.

El mandatario local expresó su molestia en una misiva que envió al presidente Santos en abril pasado, donde decía que había un “inconformismo” por el “abuso” de personas cercanas a las FARC. Entre esas personas, al parecer, estaba él. 

Monroy murió el viernes 18 de noviembre, pero su lucha sigue viva. “La muerte del líder no será en vano. No vamos a permitir que nos sigan matando. Seguiremos juntos hasta el final”, puntualizó un miembro de Ascal G. 

Danilo se salvó de milagro

A Danilo Bolaños Díaz le dispararon seis veces, de frente, a quemarropa. Y ningún tiro lo alcanzó. Danilo tiene 25 años. Había salido de una jornada de cabildos abiertos e iba en moto con su novia para la vereda Cedral Alto, del municipio de Leyva, en Nariño, allá donde dedica la mitad de tiempo a cultivar café, aguacate y plátano. 

Usa el resto de sus jornadas para trabajar como secretario de la Junta de Acción Comunal y miembro de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (Astracan). A unos 20 minutos de llegar se encontró con la moto desde la que dos encapuchados le descargaron las balas. “¡Dele, dele, dele!”, gritaba el parrillero. La intención era matarlo a como diera lugar. Pese a no saber quién pudo estar detrás del intento de quitarle la vida, su vinculación con Marcha Patriótica es lo que une a Danilo con atentados que se cometieron este fin de semana en otras regiones del país. 

Danilo dice tener razones para seguir trabajando por la comunidad. En la vereda hay muchas necesidades: los campesinos no tienen buenas carreteras, no tienen posibilidades de educación de calidad. “Yo a duras penas soy bachiller”, dice. En el municipio, que tiene 7.000 habitantes, sólo hay tres colegios para estudiar. “Sin contar que hay sectores muy aislados, entonces los niños tienen que caminar 40 minutos, una hora. Es muy complicado”.

¿Qué sigue para Danilo? Su situación no es la más alentadora. Haber estado tan cerca de la muerte lo dejó en condiciones de vulnerabilidad. Su futuro como líder, de no recibir protección del Estado, es incierto.

Hugo lucha por sobrevivir

A las 6:30 p. m. del pasado sábado, el líder social Hugo Cuéllar salía del velorio de su compañero Erley Monroy, asesinado el día anterior en San Vicente del Caguán. Afuera lo estaban esperando dos sicarios que atentaron contra su vida y le dispararon cinco veces. “Sólo sé que uno de los tiros fue en el estómago, y lo recibió cuando intentó forcejear con los asesinos”, dijo un campesino del municipio. 

Cuéllar, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Victoria (La Macarena), logró resistir los impactos de bala, pero se encuentra luchando por su vida en un hospital en Florencia (Caquetá). 

Él es conocido como el gran líder de La Victoria, el hombre que se ha pronunciado en contra de los atropellos que supuestamente han cometido las fuerzas armadas en esa región del país. 

Como miembro del Comité de Derechos Humanos de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia (DHOC) en esa región, ha denunciado amenazas por parte de la Policía y el Ejército. 

“Nunca le gustó cuando la fuerza pública hacía presencia en las reuniones de las Juntas de Acción Comunal. En el contexto de ellos se ve intimidante y agresivo”, contó un miembro de esa Fundación. 

Cuéllar también hacía parte de Ascal G, al igual que Erley Monroy. Hasta el final defendió a la población de su vereda y será recordado como el “abanderado por los Derechos Humanos”. 

Asesinado en presencia de su esposa y su hijo

Didier Losada Barreto era conocido como el líder comunitario de la vereda Platanillo de Uribe, Meta. Una pequeña población ubicada en el límite con Caquetá. El pasado viernes, a las 9:30 p. m., dos hombres encapuchados y armados ingresaron a la vivienda de Losada con un único fin: asesinarlo. Lo hicieron en presencia de la esposa, su hijo y un trabajador. 

Didier Losada, también conocido como ‘Mango’, hacía parte del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y era el presidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda.

“Que no justifiquen el asesinato de Rodrigo”

Cuando sintió los disparos, Rodrigo Cabrera Cabrera alcanzó a tirarse por un barranco. Pero hasta allí bajaron los asesinos para rematarlo. El mototaxista que transportaba a este hombre también resultó herido y muy posiblemente no podrá volver a caminar, ya que una bala se le incrustó en la columna vertebral. 

Rodrigo tenía 39 años. Dejó una esposa y dos hijas. En la vereda El Rosal, del municipio de Altamira, en Policarpa, Nariño, lo recuerdan como un campesino que de vez en cuando sacrificaba reses para vender. Miembros de Marcha Patriótica dicen que era un líder comunitario, inquieto, muy esperanzado en que el Gobierno llegase a un acuerdo final con la guerrilla. Voceros de esta colectividad rechazaron las declaraciones de Claudia Cabrera, alcaldesa de Policarpa, en torno a que el asesinato de Rodrigo no estaría ligado a sus labores comunitarias sino que habría sido producto de un ajuste de cuentas. “En primer lugar, no aceptamos que se justifique ningún crimen. Segundo, el comunicado de la Alcaldía es una re victimización con apreciaciones a la ligera”, dijo uno de los miembros.