El golpe del Tribunal de Medellín al expresidente Uribe

Tan solo una semana después de que el fiscal general, Eduardo Montealegre, pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar si el expresidente Álvaro Uribe tuvo responsabilidad en la masacre de El Aro (Ituango, Antioquia), un tribunal de Medellín se suma a esta solicitud y lo hace con duros términos al actual senador y jefe natural del Centro Democrático.

Este nuevo golpe de la justicia al expresidente vino desde la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín, que en una extensa sentencia le ordenó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes hacer público, cada cuatro meses, un informe en el que indique el avance de las investigaciones adelantadas por ese órgano judicial del Congreso, en contra del expresidente.

La dura solicitud se extiende a los fiscales delegados a los que les han transferido investigaciones donde se le menciona a Uribe como la persona que “promocionó e impulsó los grupos paramilitares”.

El Tribunal hace este requerimiento, precisamente, porque considera que en los distintos despachos no hay avances en las investigaciones derivadas de los traslados de expedientes que han hecho los magistrados en repetidas ocasiones y que han sido producto de testimonios de desmovilizados que se acogieron a la Ley de justicia y paz, precisamente expedida durante el gobierno Uribe.

En esa solicitud el Tribunal detalla los hechos en los que, supuestamente, el expresidente aparece vinculado con la expansión de los grupos paramilitares y los graves actos cometidos por estos.

Entre ellos se encuentran la masacre de El Aro, la Operación Orión en las comunas de Medellín, el apoyo que le dio el general (r) Mauricio Santoyo al paramilitarismo (Santoyo estuvo al servicio de Uribe en la Gobernación de Antioquia y en la Presidencia).

En los expedientes también señalan a Uribe de estar detrás de los vínculos de exdirectores de DAS con las AUC, así como también de las actuaciones del general (r) Rito Alejo del Río en la expansión del paramilitarismo en el Urabá, así como de las de su exsecretario de gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, quien desarrolló el proyecto de las cooperativas de vigilancia conocidas como Convivir, como una expansión del paramilitarismo.

En la sentencia los magistrados anotan sobre el exmandatario: “No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos, o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas, como tantos otros que se les atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar, como los actos cometidos contra la Corte Suprema de Justicia”.

No es la única insinuación que hace el Tribunal. En el documento de 785 páginas se lee que “La Sala ratificará la orden de expedir copias para investigarlo por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con estos y concertarse con ellos, no sólo como gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”.

Incluso los magistrados advierten que Uribe “está detrás de la negociación con los grupos paramilitares una vez llegó a la Presidencia, con cuyos votos salió elegido, como confesaron varios de sus comandantes, y detrás del proyecto de alternatividad penal que se le presentó originalmente al Congreso, el cual aseguraba prácticamente su impunidad a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, mientras les declaraba la guerra total a las demás organizaciones armadas ilegales”.

En el duro escrito contra el exmandatario el Tribunal le dedica a la masacre de El Aro un capítulo especial donde asegura: “Las omisiones en la masacre del Aro, de la cual fue informada la Gobernación a su cargo desde su comienzo y que no se le pudo ocultar por la gravedad de la situación, a cuya comunidad no le brindó apoyo durante siete días y cuyas denuncias desmintió luego, así como las realizadas por el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, pero que eran ciertas y que él tenía cómo y por qué saberlo”.

Y también le endilga que “está detrás de la pacificación de Urabá durante su período como gobernador, que él exaltó y promovió como un ejemplo nacional, realizada de la mano del general Rito Alejo del Río y los paramilitares de la región”.

En el caso de la Operación Orión, donde la fuerza pública en conjunto con los paramilitares se tomó la Comuna 13 de Medellín para sacar de allí a la guerrilla, el Tribunal asegura: (Uribe) “está detrás de la Operación Orión y la toma de la Comuna 13, realizada concertadamente con los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara con el fin de eliminar el último bastión de las milicias urbanas y consolidar el dominio de dicho bloque, como lo confesó Diego Fernando Murillo Bejarano, que él ordenó y a cuya iniciación y despliegue asistió”.

No se conocían antecedentes de una sentencia de la justicia colombiana que lanzara tan graves señalamientos en contra el expresidente Uribe. El documento se conoció el mismo día en que Uribe y el presidente Juan Manuel Santos se cruzaron declaraciones, precisamente, sobre las decisiones judiciales contra integrantes del uribismo.

Desde ya se advierte que el expresidente Uribe y sus copartidarios interpretarán esta nueva sentencia para ratificar la tesis de la persecución política de la que se declaran víctimas, y de que el proceso de paz tiene como objetivo enjuiciar a quien es el jefe natural del Centro Democrático.

De momento, esta sentencia –donde el Tribunal condena a ocho desmovilizados del bloque Cacique Nutibara a penas de entre 27 y 40 años de prisión– obliga a que la inoperante Comisión de Acusaciones explique qué ha pasado con los expedientes que ha recibido y que no han tenido el mínimo movimiento.

El expresidente y actual senador no se quedó callado. A través de su cuenta de Twitter le respondió al Tribunal.

“Según el Tribunal Prevaricador yo delinquí como Presidente por haber ordenado el desalojo de los criminales de la Comuna 13 de Medellín (…) Tribunal Prevaricador de Justicia y Paz: nunca me ha oído y compulsa copias condenándome por falacias (sic)”, trinó.

Añadió: “Tribunal Prevaricador de Medellín, no me ha investigado pero me condena y en vísperas electorales (sic)”. Por último, el exmandatario aseguró que en las próximas horas de este viernes se referirá al magistrado Ruben Dario Pinilla Cogollo del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín.