Supersociedades interviene empresas con nexos con la U. San Martín

El cerco sobre los propietarios de la Fundación Universidad San Martín parece cerrarse cada vez más, conforme avanzan las investigaciones de las autoridades. En esta ocasión, el superintendente de Sociedades. Francisco Reyes, informó a la opinión pública que se intervendrán cuatro empresas pertenecientes a la familia Alvear, la misma que rige el desconsolador destino de la institución.

Se trata de las compañías C. I. Gloma, Alvear Orozco, Prodomed Ltda. y Gráficas San Martín, que serán sometidas a control de la Supersociedades hasta que se subsanen varias irregularidades que presentan. Para la muestra, no tienen oficinas, lo que dificulta establecer su realidad patrimonial y, por ende, saber con qué activos cuentan.

Con este control, la Superintendencia busca establecer si hubo desvíos de recursos de la universidad a estas sociedades. “La medida de control es una intervención directa a estas cuatro empresas con amplias facultades sancionatorias”, dijo Reyes.

Esto le permitirá al ente de control, que tiene facultades de fiscalización, requerir información jurídica y contable. Así mismo, exigir autorización para alguna reforma estatutaria o capitalización de la sociedad.  Bajo este mismo marco, la Súper podría remover revisores fiscales, empleados y administradores. Estos últimos podrían, además, afrontar millonarias multas.

Por otro lado, la viceministra de Educación, Natalia Ariza, dijo que en la segunda quincena de este mes los estudiantes de la universidad conocerán las decisiones de fondo que tomará el Ministerio sobre cómo continuarán prestándo los servicios educativos en el plantel.

La funcionaria, de hecho, sugirió que “los estudiantes no paguen la matrícula hasta que los directivos de la institución entreguen los ajustes requeridos por Educación en su plan de mejoramiento”.

Aclaró que continuarán las inspecciones a las diferentes sedes para lograr garantizar las condiciones de normalidad, a pesar de la negativa de los directivos para colaborar en este proceso.

"Este 7 de enero visitamos seis sedes de la fundación y encontramos que todas tuvieron problemas para terminar el segundo semestre del 2014, así como problemas en el registro de notas y líos administrativos con sus empleados", indicó.
 
La situación en las sedes de la Fundación es delicada. Por mencionar algunas, la de Sabaneta está embargada. En la de Zipaquirá, aunque terminaron el semestre pasado, los profesores no continuarán este si no se les paga y además no funciona su página web. En Villavicencio no había seguridad y se llevaron todos los enseres. Esto, sin mencionar que todas las sedes tienen problema con el pago a servicios públicos, prediales y de nómina.

Se espera que al finalizar el mes haya más decisiones por parte de diferentes autoridades, así como sanciones y que se mantengan las investigaciones sobre la intrincada red de sociedades de los Alvear, mediante las cuales se habrían desangrado las finanzas de una universidad que ofrecía el camino a un futuro mejor, pero que ahora mantiene en vilo a miles de estudiantes que confiaron en esa promesa.