UN MAL QUE NO TIENE CURA

"F-2 que cojamos, F-2 que matamos" era la consigna más coreada por la manifestación popular con que se encontró el reportero de SEMANA en Santander de Quilichao, Cauca, el miércoles 14 de noviembre, cuatro días después del asesinato del sacerdote indígena Alvaro Ulcué Chocué, párroco de Toribio. La gente estaba enardecida: "Allá el tipo de camisa blanca que está detrás del camión, no se esconda que ya lo tenemos chequeado y sabemos que fueron ustedes los del F-2 los que asesinaron al padre Alvaro" gritaba una muchacha por un megáfono en medio de la humareda de las llantas quemadas por los manifestantes para obstruir la via Cali-Popayán en protesta por el asesinato.
El 10 de noviembre, a las 8 y 30 de la mañana, dos desconocidos abalearon desde una moto al padre Ulcué cuando se dirigía a un bautizo en el cual iba a actuar como padrino. ¿Desconocidos? Para la mayoría de los habitantes de Santander de Quilichao no cabe duda de que eran miembros de los organismos secretos del Estado. Algunos aseguran haber visto la moto asesina llegar a las dependencias del F-2 la noche anterior al crimen. Y todos, amas de casa, estudiantes del Instituto Técnico, campesinos, indigenas, coreaban furiosos versos acusadores, en una concentración que pocas horas más tarde habría de degenerar en un enfrentamiento con la policía. Hubo piedra hubo bala, once heridos quedaron tendidos en el campo, entre ellos cinco uniformados. Y de no ser por la intervención de refuerzos policivos enviados desde Cali, los agentes destacados en la población caucana hubieran salido bastante peor librados.
Pero la indignación de Santander de Quilichao no es sino una muestra de lo que se vive en el resto del Cauca y especialmente en el norte del departamento, y el asesinato del sacerdote paezes sólo un episodio en la lucha por la tierra que inmemorialmente enfrenta a los indígenas con los terratenientes. En el Cauca hay, entre paeces, guambianos, yamaconas y puracé-coconucos, más de 200.000 indigenas, de los cuales los paeces son los más numerosos (unos 140.000) y los más activos en el movimiento de recuperación de las tierras de sus antiguos resguardos. Permanentemente los indios invaden las haciendas, alegando antiguos títulos de pertenencia; y los terratenientes replican con los correspondientes desalojos, efectuados por la policía de modo no siempre muy ortodoxo en materia de derechos humanos. Se trata de una verdadera guerra, en la que ya no se cuentan los muertos: los más recientes son el padre Ulcué y, cuatro días más tarde, el concejal de Belalcázar Ermides Ceballos Cuhimba, también de origen paez, o los seis indigenas anónimos muertos a bala por la policía en enero pasado durante el violento desalojo de la hacienda López Adentro, en el municipio de Caloto, donde 31 más, incluyendo a 17 mujeres, resultaron heridos.
Justamente el día anterior al asesinato del padre Ulcué la hacienda López Adentro, de cuyas 1.300 hectáreas de tierra plana los indigenas habían ocupado 600, había sido desalojada por la fuerza una vez más. Más de mil soldados y policías en buses y camiones, dirigidos por el alcalde de Caloto, Edgar Fajardo, y por el dueño de la tierra, Salomón Vélez, arremetieron contra unas doscientas familias indigenas que habían armado allí sus ranchos. No hubo muertos en esta ocasión pero los "desalojadores", como los llaman los paeces, decidieron asegurarse de una vez por todas: quemaron los ranchos, arrasaron con buldozer los sembrados y convirtieron la hacienda en una base militar. Los indigenas, por su parte, han acampado en la carretera que bordea el predio y declaran que no se irán hasta que intervenga el Presidente de la República. El Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC) afirma que el juez James Hernando Correa Clavijo violó la ley al ordénar el desalojo, y lo acusa de prevaricato.
La comunidad paez pide por su parte la renuncia del gobernador del Cauca, Diego Castrillón Arboleda, a quien acusa de "contubernio con los terratenientes" y de "hacerse el de la vista gorda frente a las organizaciones paramilitares que vienen actuando contra nuestros dirigentes" Un paez interrogado por SEMANA resumía la situación: "Es que el gobernador ha entendido mal el proceso de paz de que habla el gobiernó; lo que él quiere es que los indígenas descansemos en paz".
Pero no todos parecen dispuestos a hacerlo. En la región algunos hablan ya de la existencia de una organización armada de los indigenas, llama da Brigada Quintín Lame, que se estaría preparando con moderno armamento --"americano", dicen-- "para responder a las acciones de los grupos paramilitares y defender los derechos de los indígenas de los atropellos de la policía y los terratenientes". Otros afirman por su parte que también los terratenientes se están organizando: "se reunieron cerca de trescientos hacendados, recogieron algunos millones de pesos y se propusieron "limpiar" la zona, eliminando a los dirigentes indígenas y a los promotores de invasiones". Según esta versión, quienes encabezaban la lista negra eran precisamente el sacerdote Ulcué Chocué y el concejal Ceballos Cuhimba. El sacerdote había escapado antes a dos atentados, pues desde hace años se había convertido en el más vehemente defensor de la causa indígena, para lo cual no dudaba en utilizar su condición de ser el único sacerdote católico indigena del país.
Las reacciones, fuera del Cauca, han sido diversas. Mientras la Conferencia Episcopal, por ejemplo, ha pedido una investigación inmediata y completa sobre el asesinato del sacerdote, otros lo han mirado con más filosofía. Así el Cardenal Alfonso López Trujillo se limitó a declarar que "Es un hecho penoso y sensible, aunque hay que recordar que la guerrilla mata feligreses".--