Un país enfermo que mata a sus niños

Cerca de la medianoche del 4 de febrero, los hermanitos Vanegas Grimaldo abrieron la puerta de su rancho, en la vereda El Cóndor, de Florencia, Caquetá. Acababa de llegar Samuel, su hermano mayor, en compañía de dos extraños. Los desconocidos los obligaron a acostarse en fila en el piso para luego, sin asomo de piedad, dispararles a mansalva. Uno a uno fueron muriendo, Deinner Alfredo de 4 años, Laura Jimena de 10, Juliana de 14 y el propio Samuel, de 17 años.

Pablo, de 12 años, recibió un disparo en el cuello, pero sobrevivió de milagro. Fingió estar muerto mientras los homicidas salían de la casa, y luego, en medio de la angustia, corrió durante medio kilómetro para avisar que sus hermanos acababan de ser asesinados. Inmediatamente fue transportado por una ambulancia del Ejército al Hospital María Inmaculada de Florencia, donde se recupera.

Según testimonios recogidos por la Defensoría del Pueblo, esa noche Samuel se encontraba en una casa vecina visitando a un familiar cuando llegaron dos hombres en una moto y lo obligaron a acompañarlos. El objetivo era usarlo como señuelo para ingresar a la vivienda donde se encontraban sus hermanos y matarlos a todos.

El Ejército alertó a la Policía y al CTI sobre el horrendo crimen, y cuando estos llegaron a la humilde vivienda se encontraron con la desgarradora escena.

Aunque no se sabe con certeza qué buscaban los asesinos, ni los motivos para matar a los niños, una de las hipótesis más fuertes indica que la masacre sería consecuencia de un pleito por tierras.

Al parecer unas personas invadieron los predios de la familia Vanegas Grimaldo. Según testimonios de los vecinos recogidos por la Defensoría del Pueblo, el papá de los niños hizo varios reclamos a los presuntos invasores, sin que fueran atendidos. Las discusiones aumentaron con los días.

El padre de los niños tenía en su poder, según la Defensoría, documentos que lo acreditaban como dueño de esas tierras. Sin embargo, las autoridades municipales aseguran que esos predios son baldíos, y que posiblemente el señor Vanegas fue estafado. Esta situación hizo más complejo el conflicto con los invasores.

Las hostilidades entre las partes llegaron hasta el punto que la familia fue amenazada y a finales de diciembre del año pasado les incendiaron la casa. Según la Personería de Florencia, el padre de los niños fue hasta la Fiscalía a denunciar estos hechos, pero allí no lo atendieron. Le recibieron la queja en la inspección de Policía, donde tomaron nota del caso y convocaron a las partes a una conciliación, la cual, aparentemente, tuvo un feliz término. No obstante, las amenazas contra la familia persistieron.

Un detalle que ha llamado la atención de las autoridades es que en la escena del crimen se encontró una hoja escrita con papel carbón, con la sigla FAC, e investigan a qué se puede referir. Sin embargo, casi todas las entidades del Estado descartan que esta masacre esté vinculada al conflicto armado o a bandas criminales, y se inclinan por la hipótesis de que se trata de una venganza o una retaliación.

Medicina Legal reveló que los cuatro niños presentan heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, a quemarropa, lo cual indica que el crimen se cometió de manera fría y calculada.

SEMANA se comunicó con el doctor Camilo Enrique Díaz, subgerente científico del Hospital María Inmaculada, quien indicó que Pablo Vanegas se encuentra fuera de peligro y que su evolución ha sido favorable. “No ha habido necesidad de intervención quirúrgica. El proyectil entró por la parte posterior del cuello y provocó fractura en una de las vértebras cervicales. Afortunadamente no hubo compromiso medular”, aseguró.

Este múltiple asesinato ha generado repudio general en el país. El propio presidente Juan Manuel Santos dio la orden perentoria de esclarecer el crimen.

Máxima crueldad

Como si la tragedia de los niños Vanegas Grimaldo no fuera suficientemente grave, el martes pasado las autoridades confirmaron el asesinato de Leonardo Borrero Ramos, de 13 años, en Tuluá, Valle. El cuerpo fue encontrado decapitado y totalmente desmembrado en un cañaduzal en el barrio Villa Liliana.

El niño, que vivía en Cali, se encontraba de vacaciones en casa de un tío en este municipio del centro del Valle. Según informó la Policía, unos jóvenes armados lo obligaron a entrar al cañaduzal con dos personas más. Sin embargo, quienes lo acompañaban lograron escapar y dar aviso a las autoridades. Cuando la Sijín llegó al lugar de los hechos, encontró un machete oxidado y una pica con los que los homicidas cavaron un hueco donde pretendían enterrar al niño.

Versiones obtenidas por la Defensoría del Pueblo indican que el menor era explotado en Cali por una banda de microtráfico, que todavía no ha sido identificada.

Según el último informe Forensis de Medicina Legal, 1.115 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en el país y 20.904 fueron agredidos en 2013. Aunque no se han revelado los datos del año pasado, el panorama es desesperanzador: cifras parciales de la misma entidad hablan de que entre enero y abril de 2014 se presentaron 7.217 casos de agresión y 298 homicidios.

Ante los terribles acontecimientos de los últimos días el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora manifestó que junto con el ICBF convocarán a todas las instituciones del Estado para concertar unas políticas claras de recompensas económicas y de seguridad para testigos con el fin de que estos hechos no queden en la impunidad. “No existe término que pueda describir un atentado de esa naturaleza contra los niños de nuestro país. Eso evidencia una sociedad que no tiene sentido de responsabilidad y de protección”, concluyó.

Ambos hechos han causado indignación e interrogantes sobre por qué en Colombia existe tanta violencia contra los niños, sin que se tomen medidas serias. Y lo peor es que, en la mayoría de las oportunidades, los crímenes quedan en la completa impunidad. Casos como el asesinato de tres niños en Tame, Arauca, en 2010; como los descuartizamientos en Buenaventura, Valle; o la reciente masacre de una familia, con niños incluidos, en Amalfi, Antioquia, son ejemplos de la gravedad del problema. Más allá del repudio, se requieren medidas de protección que eviten que hechos como este se repitan.