ENTREVISTA

“La búsqueda de desaparecidos no aparece en la agenda política”

Mientras que ya tomaron posesión 30 magistrados de la JEP y los miembros de la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos aún no tiene forma. SEMANA habló con Luz Marina Monzón, su directora. "No hay ningún tipo de recurso para poder crear la institución", advierte.

16 de enero de 2018
| Foto: ICTJ

SEMANA.: ¿Qué está pasando con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

Luz Marina Monzón.: El 26 de septiembre del 2017, el Comité de Escogencia anunció a los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Aunque ellos ya se posesionaron, en mi caso solo fue una elección. El nombramiento no ha tenido lugar. 

SEMANA.: Explíquese...

L. M. M.: A diferencia de las otras dos instituciones que se derivan del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, en el caso de la unidad no es independiente y quedó como una institución adscrita al Ministerio de Justicia. Desde que se conoció la elección le he solicitado al Gobierno para empezar a trabajar en la estructura de la organización. Sin embargo, a la fecha no hay ninguna definición del proyecto de financiamiento.  

"Ellos me dijeron que se podía expedir un decreto donde me nombraban a mí y a un equipo pequeño grupo con el que podía arrancar a trabajar. Pero aún no hay ninguna definición al respecto".

SEMANA.: ¿Qué significa crearla?

L. M. M.: Hay que hacer un estudio para determinar qué estructura va a tener y así poder cumplir la función establecida: humanitaria, extrajudicial y con enfoque territorial. Los retos son gigantescos. El problema es que no hay ningún tipo de recurso para poder crear la institución y avanzar en su estructura. 

SEMANA.: Hasta ahora, ¿qué ha gestionado?

L. M. M.: El año pasado tuve una reunión con Función Pública, la institución que apoya la creación de instituciones. Ellos me dijeron que se podía expedir un decreto donde me nombraban a mí y a un equipo pequeño grupo con el que podía arrancar a trabajar. Pero aún no hay ninguna definición al respecto.

SEMANA.: ¿Por qué?

L. M. M.: Hay una discusión sobre qué tipo de institución va ser. Aunque es una discusión muy técnica, tiene implicaciones políticas importantes. Mientras Función Pública considera que es una unidad del régimen general del Ejecutivo. Por el otro, el decreto que la crea dice que es una entidad de nivel nacional y con carácter especial. El tema es clave porque estamos hablando de recursos y de donde van a llegar, si van a ser recursos para contratar personas experimentadas, con amplios conocimientos y capacidad técnica; pero si se deja en el nivel general no va a ser muy competitiva. La unidad hace parte del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, debe tener un tratamiento de la excepcionalidad de un mecanismo que hace parte de la justicia transicional. 

SEMANA.: ¿Cuáles son las consecuencias?

L. M. M.: Se está retrasando la labor de la entidad con toda la complejidad de la coyuntura: ley de garantías y elecciones. Además, cada uno de estos organismos que se crearon del acuerdo funciona de manera coordinada. No son aislados. Si creas la JEP y la Comisión de la Verdad, no puedes dejar a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas por fuera del sistema. 

SEMANA.: ¿A qué se refiere?

L. M. M.: Por ejemplo, la unidad y la Comisión de la Verdad comparten una característica: son mecanismos extrajudiciales. El mandato es satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad. Ambos deben trabajar de manera coordinada, ya que la comisión es la encargada de determinar qué pasó con la desaparición forzada en el país. lo que nosotros vamos a hacer es clave para ellos y más cuando su mandato es de tres años. Esto, sin contar la necesidad de responderles a las víctimas con un mecanismo que es prioritario. Ellos están esperando que la unidad empiece a funcionar. 

SEMANA.: ¿Qué le preocupa?

L. M. M.: Comenzamos a incumplir con las expectativas y objetivos que se trazaron con el acuerdo.  

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SEMANA.: ¿Qué percibe del proceso?

L. M. M.: El tema de los desaparecidos no aparece en la agenda política de la implementación. He tratado por todos lo medías y ha sido imposible. En una reunión a la que me hice invitar de la Comisión de la Verdad, le dije al presidente: esto no puede pasar. De esto es que siempre se quejan las víctimas: la invisibilidad de la problemática. Sin embargo, no he recibido ninguna respuesta. 

SEMANA.: Van cuatro meses desde que fue elegida, ¿no hay ningún avance?

L. M. M.: Yo tengo un empleo con una empresa que administra recursos de USAID. Cuando me eligieron yo seguí trabajando con ellos, porque si no me posesionan no puedo irme. Me he estado reuniendo con algunas personas que voluntariamente me ayudan a construir temas alrededor de la unidad. Algunos trabajan en instancia del Estado y otros son consultores. Nos reunimos en las noches, los sábados, domingos y festivos. 

SEMANA.: Y... ¿actos públicos?

L. M. M.: USAID ha decidido apoyar a la unidad en algunas actividades específicas. Una de ellas es un conversatorio sobre la búsqueda humanitaria en el mundo. Hay que empezar a poner el tema en agenda. Sin embargo, el proceso del Fondo Multidonante tiene paralizada la búsqueda de otros recursos. ¿La razón?, en materia de cooperación no se puede pedir el mismo apoyo diferentes fuentes. 

SEMANA.: ¿Cuánto necesita para empezar a funcionar?

L. M. M.: Parte de la creación de la unidad pasa por estimar el presupuesto. La unidad se debe estructurar sobre tres ejes: lo humanitario, lo territorial y la participación. Eso operativamente nos lleva a preguntarnos: ¿se van a tener oficinas en los territorios? Y es que parte de la reflexión que hay que hacer es ver cómo se va a operativizar el enfoque territorial y la participación de las víctimas. Para definir eso, se necesitan recursos. Lo que el fondo multidonante está dispuesto a dar son dos millones de dólares para dos etapas: la construcción de la unidad en cuatro meses y otra de alistamiento de ocho. Esas etapas van a dar cuenta del carácter de la entidad, de cómo es el universo de 80.094 desapariciones como lo informa el Centro Nacional de Memoria Histórica. 

"Yo tengo un empleo con una empresa que administra recursos de USAID. Cuando me eligieron yo seguí trabajando con ellos, porque si no me posesionan no puedo irme".

SEMANA.: ¿Cuál es el fin de la unidad?

L. M. M.: Sacar cuerpos no es una respuesta suficiente para las víctimas, hay que identificarlos. La unidad tendrá que tener las herramientas para fortalecer la respuesta del Estado y darles sentido a las víctimas. Se creó para darles respuestas a las víctimas ante la incertidumbre de los desaparecidos. 

SEMANA.: ¿En qué va la articulación con las otras instituciones del Estado?

L. M. M.: Ya me he reunido con Medicina Legal. Nosotros tenemos un mandato de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna. En la etapa de la identificación, el apoyo vendrá de Medicina Legal. Con ellos hay que coordinar y otras instituciones como la Unidad de Víctimas y la Fiscalía. Tenemos que apoyarnos en experiencias positivas. 

SEMANA.: ¿Le preocupa que la problemática de la desaparición forzada siga creciendo?

L. M. M.: Los territorios siguen en conflicto. Por eso, hay muchos subregistros. Lo importante en este contexto tan adverso es que la unidad tiene la posibilidad conseguir información de manera confidencial. Eso no se había visto nunca y le dará seguridad a la gente para dar información. La desaparición forzada no solo es dramática por el crimen mismo, sino por el drama que viven las familias que no estarán tranquilas hasta que su hijo, hermano o tío aparezcan. El impacto es muy grande por la indiferencia institucional que apenas lo reconoció como crimen autónomo en el 2010. Pero aunque cambie la norma, las culturas institucionales muchas veces se mantienen. Le siguen diciendo a la gente que debe esperar 72 horas cuando la norma dice que no podrá ponerse ninguna condición de tiempo para la búsqueda.