El lío de los títulos de derecho de la Gran Colombia

Un pleito jurídico entre un estudiante de la universidad La Gran Colombia y la institución dejó al descubierto que los títulos de Derecho otorgados mediante la modalidad de transferencias profesionales podrían ser inválidos, al no contar con el registro calificado dado por el Ministerio de Educación que autoriza su oferta.

La Gran Colombia, además de ofrecer el tradicional programa de Derecho de 10 semestres, creó una modalidad denominada Transferencia Externa de Profesionales, en la que los profesionales de otras carreras obtienen el título de abogado en tan solo cinco semestres. Este lleva 17 años y ha graduado a más de 700 abogados mediante esta modalidad.

Julián Leonardo Martínez, un comunicador social de Bucaramanga, decidió inscribirse a este programa frente a la posibilidad de obtener el título de abogacía en dos años y medio. Tras cursar con éxito los primeros cuatro semestres decidió inscribir todos los créditos que le hacían falta para graduarse, pero la universidad no le permitió porque excedía los permitidos.

Vea la respuesta de la universidad al derecho de petición del estudiante.

El estudiante instauró una tutela que fue fallada, en primera y segunda en su contra. Sin embargo, en medio del litigio quedó al descubierto que el programa de Derecho de transferencia externa no tiene registro calificado, es decir, que los más de 700 títulos que ha otorgado serían inválidos.

Esto, porque el programa abreviado se estaría ofreciendo con la autorización que la universidad tiene para su programa convencional de Derecho. La Resolución 10575 de 2011, del Ministerio de Educación, le renovó el registro el programa de Derecho de 10 semestres, pero nunca se refiere en sus apartes a otras modalidades, como la de Transferencia Externa de Profesionales.

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Esta posible irregularidad se descubrió cuando la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces), que vigila a las universidades, dijo en una carta que “no se evidencia ninguna solicitud de modificación, posterior al trámite de renovación del registro calificado, que permita a la institución ofertar el programa de Derecho en las condiciones expresadas por el representante legal de la universidad, en la cual se indica que el programa se puede seguir en una modalidad de concentración de 24 créditos por semestre, divididos al parecer en 8 créditos cada bimestre, con una reducción ostensible del tiempo de formación, lo cual podría afectar de manera importante las condiciones de calidad con base en las cuales se otorgó el respectivo registro” (Ver documento).

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Es decir, que el Ministerio de Educación no se había percatado de la irregularidad de este programa, a pesar de las vigilancias periódicas que realizó en esa institución.

Marco Tulio Calderón, vicerrector jurídico de la universidad, le dijo a Semana.com que no existía un registro calificado específico para la modalidad de transferencia externa de profesionales porque esta cumple lo establecido en la Resolución 10575 de 2011, respeta el plan de estudios establecido para el pregrado con duración de 10 semestres y está aprobada por el Ministerio de Educación. Así mismo, aseguró no tener conocimiento de los documentos del Ministerio que sostienen lo contrario.

El problema es que los más de 700 abogados que se han graduado estarían ejerciendo actualmente su profesión con un título que podría carecer de validez, si se sigue al pie de la letra el Decreto 1295 de 2010, que en su artículo segundo dice: “No constituye título de carácter académico de educación superior el que se otorgue una institución respecto de un programa que carezca de registro calificado”.

De confirmarse oficialmente lo anterior, ¿podrían ser canceladas las tarjetas profesionales de estos abogados? Esa es la pregunta clave que evidencia la magnitud del limbo jurídico en el que estarían los egresados, quienes de buena fe invirtieron su tiempo y dinero en un programa con apariencia de legalidad.

Juan Carlos Moncada, socio de la firma legal “Moncada Abogados” y experto en derecho público, le afirmó a Semana.com que de comprobarse la irregularidad, efectivamente los títulos carecerían de validez y la consecuencia directa sería la futura cancelación de las tarjetas profesionales. Así mismo, aseguró que existiría un incumplimiento por parte de la universidad del contrato de civil de educación superior, lo cual podría dar lugar a la presentación de demandas civiles en ese sentido tendientes a responsabilizar a la universidad por el incumplimiento y los daños causados.

Respecto de la labor del Ministerio de Educación en este caso, el jurista argumentó que al ser la autoridad que ejerce la inspección y la vigilancia en el sector educativo, debió percatarse con anterioridad de la situación ejerciendo sus funciones según se lo permite la ley, para evitar la configuración de una eventual responsabilidad disciplinaria por parte de algunos funcionarios, debido a la omisión en el cumplimiento de sus funciones, en especial las referentes a la asunción de medidas preventivas, a la luz del artículo 50 del Código Disciplinario Único.

La situación ya es conocida por el Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, del cual se esperan los respectivos pronunciamientos que velen por el cabal cumplimiento de las normas de educación superior.

Informe de John Jairo Posse.